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Apenas un mes despu茅s de haber sido aprobada la ordenanza por el Concejo y mientras se aguarda la reglamentaci贸n del intendente, los propietarios de licencias de taxis concurrieron ayer a la Defensor铆a del Pueblo para objetar los nuevos mecanismos de seguridad que deber谩n implementar escalonadamente al interior de las unidades. "Fuimos a verlo a (Carlos) Berm煤dez porque estamos en contra de las medidas que nos obligan a incorporar por la presi贸n de los choferes", explic贸 a este diario Mario Cesca, de la Asociaci贸n de Titulares de Taxis Independientes. El m谩ximo referente de Atti puso en duda la competencia de los concejales para "legislar sobre la tem谩tica de la seguridad, cuando eso le corresponde a la provincia".
Cesca admiti贸 que de no prosperar las gestiones ante el ombusman, ir谩n a la Justicia para frenar la implementaci贸n de la norma. El presidente de la Comisi贸n de Servicios P煤blicos del Concejo, el socialista Miguel Pedrana se mostr贸 "sorprendido" por la presentaci贸n de Atti, "ya que todo fue consensuado", neg贸 que los ediles puedan dar marcha atr谩s con la iniciativa y dispar贸 duro contra los tacheros: "Priorizan la rentabilidad econ贸mica por sobre la seguridad de los peones", sostuvo
La agrupaci贸n que lidera Cesca concurri贸 a la Defensor铆a del Pueblo para que se analice la legalidad de la ordenanza aprobada el 11 de julio pasado por el Concejo. En aquella sesi贸n autoconvocada los ediles avalaron la incorporaci贸n de nuevas medidas de seguridad para los taxis, siguiendo las sugerencias de una comisi贸n ad hoc que se constituy贸 para analizar la problem谩tica. De acuerdo a lo sancionado, los taxis deber谩n contar con m贸dulos de GPS y GPRS, micr贸fonos ambientales y c谩mara fotogr谩fica. Para garantizar la seguridad de los taxistas los veh铆culos tendr谩n, en forma provisoria, una barrera de protecci贸n f铆sica de acuerdo a lo que reglamente el Ejecutivo. Las barreras antibalas ser谩n de aplicaci贸n obligatoria para todos aquellos veh铆culos que se renueven a partir del 1潞 de enero de 2010. Las unidades afectadas al servicio nocturno tendr谩n que implementarla en 90 d铆as; mientras que para el resto de las unidades habr谩 un plazo m谩ximo de 180 d铆as.
Seg煤n Cesca, "no corresponde al Concejo sino al Estado provincial determinar las medidas de seguridad, por eso queremos saber si hubo alguna delegaci贸n de facultades. Tambi茅n nos preguntamos si la ordenanza est谩 avalada por la polic铆a y el mismo gobierno provincial ya que no hay firmas de ninguna de las dos partes".
Cuando Rosario/12 le pregunt贸 a Cesca las razones por las cu谩les Atti acudi贸 al ombusman, el referente empresarial admiti贸 que "es un paso previo antes de recurrir a la Justicia. Esperamos que hasta que se determine si la ordenanza es legal, se suspenda su implementaci贸n, porque fue una imposici贸n del Sindicato", denunci贸, para despu茅s cuestionar a los peones "porque cuando asesinaron a un chofer, el gremio decret贸 un paro y cuando mataron a un propietario, no pas贸 nada".
Pedrana aclar贸 que la ordenanza "a煤n debe ser reglamentada por el Ejecutivo municipal y los plazos que se contemplan no son inmediatos". El edil defendi贸 la potestad del Concejo para "incorporar tecnolog铆a al interior de un servicio p煤blico concesionado", tras lo cual neg贸 que el bloque oficialista est茅 dispuesto a negociar la suspensi贸n de la aplicaci贸n de la norma.
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