Apenas un mes después de haber sido aprobada la ordenanza por el Concejo y mientras se aguarda la reglamentación del intendente, los propietarios de licencias de taxis concurrieron ayer a la Defensoría del Pueblo para objetar los nuevos mecanismos de seguridad que deberán implementar escalonadamente al interior de las unidades. "Fuimos a verlo a (Carlos) Bermúdez porque estamos en contra de las medidas que nos obligan a incorporar por la presión de los choferes", explicó a este diario Mario Cesca, de la Asociación de Titulares de Taxis Independientes. El máximo referente de Atti puso en duda la competencia de los concejales para "legislar sobre la temática de la seguridad, cuando eso le corresponde a la provincia".

Cesca admitió que de no prosperar las gestiones ante el ombusman, irán a la Justicia para frenar la implementación de la norma. El presidente de la Comisión de Servicios Públicos del Concejo, el socialista Miguel Pedrana se mostró "sorprendido" por la presentación de Atti, "ya que todo fue consensuado", negó que los ediles puedan dar marcha atrás con la iniciativa y disparó duro contra los tacheros: "Priorizan la rentabilidad económica por sobre la seguridad de los peones", sostuvo

La agrupación que lidera Cesca concurrió a la Defensoría del Pueblo para que se analice la legalidad de la ordenanza aprobada el 11 de julio pasado por el Concejo. En aquella sesión autoconvocada los ediles avalaron la incorporación de nuevas medidas de seguridad para los taxis, siguiendo las sugerencias de una comisión ad hoc que se constituyó para analizar la problemática. De acuerdo a lo sancionado, los taxis deberán contar con módulos de GPS y GPRS, micrófonos ambientales y cámara fotográfica. Para garantizar la seguridad de los taxistas los vehículos tendrán, en forma provisoria, una barrera de protección física de acuerdo a lo que reglamente el Ejecutivo. Las barreras antibalas serán de aplicación obligatoria para todos aquellos vehículos que se renueven a partir del 1º de enero de 2010. Las unidades afectadas al servicio nocturno tendrán que implementarla en 90 días; mientras que para el resto de las unidades habrá un plazo máximo de 180 días.

Según Cesca, "no corresponde al Concejo sino al Estado provincial determinar las medidas de seguridad, por eso queremos saber si hubo alguna delegación de facultades. También nos preguntamos si la ordenanza está avalada por la policía y el mismo gobierno provincial ya que no hay firmas de ninguna de las dos partes".

Cuando Rosario/12 le preguntó a Cesca las razones por las cuáles Atti acudió al ombusman, el referente empresarial admitió que "es un paso previo antes de recurrir a la Justicia. Esperamos que hasta que se determine si la ordenanza es legal, se suspenda su implementación, porque fue una imposición del Sindicato", denunció, para después cuestionar a los peones "porque cuando asesinaron a un chofer, el gremio decretó un paro y cuando mataron a un propietario, no pasó nada".

Pedrana aclaró que la ordenanza "aún debe ser reglamentada por el Ejecutivo municipal y los plazos que se contemplan no son inmediatos". El edil defendió la potestad del Concejo para "incorporar tecnología al interior de un servicio público concesionado", tras lo cual negó que el bloque oficialista esté dispuesto a negociar la suspensión de la aplicación de la norma.