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En Maradona y Per煤, en el sudoeste de la ciudad, un centenar de familias resiste el desalojo forzoso, luego de casi tres a帽os de ocupaci贸n de un predio privado. Los vecinos ir谩n hoy al Concejo para pedir una soluci贸n. La foto se repite en diferentes sectores de la ciudad, donde la problem谩tica es la misma: los "intrusos" no forman parte de las pol铆ticas de inclusi贸n social. Desde agosto de 2009, la ocupaci贸n en esas dos manzanas cercanas a la Circunvalaci贸n fue creciendo en n煤mero de habitantes, aunque los propietarios denunciaron la usurpaci贸n. El mes pasado, la Justicia civil orden贸 el desalojo y liberaci贸n del terreno. El fallo del juez de primera instancia de Circuito, de la 3潞 nominaci贸n, Alberto Bonino, fue favorable para los dos propietarios de las parcelas; sin embargo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) intervino "como lo hizo por las 18 familias de Matienzo y Mendoza que lograron una pr贸rroga hasta agosto para retirarse", con asistencia jur铆dica para las familias, tanto ante el magistrado como ante el estado municipal y provincial.
La idea -con un recurso de apelaci贸n- es frenar el "desalojo forzoso, y que se cumplan las normas internacionales", dijo la abogada Mar铆a del Carmen Mart铆nez, quien plante贸 que sentencia "deja a las familias en la calle, sin tener en cuenta los pactos internacionales". Adem谩s, en una nueva instancia, el estado municipal se reunir谩 con los vecinos esta semana; mientras que las autoridades de la Direcci贸n Provincial de Vivienda har谩n lo propio con el juez, para intentar hallar una soluci贸n.
"La vivienda dignifica y cambia vidas", dijo la presidenta de APDH, Norma R铆os. Lo plantea desde la experiencia de la asamblea, que particip贸 de varios conflictos por el d茅ficit habitacional de la provincia. Desde esa instituci贸n, es casi constante el trabajo por viviendas para los sectores humildes. Hace dos a帽os, sus integrantes vieron de cerca c贸mo el techo propio les cambi贸 la vida a 24 familias, tras el conflicto por la liberaci贸n de los terrenos de Ituzaingo 60 bis.
Al igual que en las tomas de Villa Gobernador G谩lvez, Circunvalaci贸n y 27 de Febrero, Avellaneda al 4200 y Matienzo al 3900, en el terreno de dos manzanas de Maradona, entre Per煤 y Cisneros, hay realidades diferentes: casas de material y otras menos firmes se levantan en la zona. Las familias est谩n compuestas por trabajadores de diferentes rubros, pero el principal es el de la construcci贸n.
Los due帽os del terreno, en este caso, llegaron a los Tribunales Provinciales con una denuncia penal, a poco de la ocupaci贸n. La Justicia Correccional rechaz贸 la acusaci贸n, ya que no encontr贸 delito de usurpaci贸n. As铆 la demanda lleg贸 al fuero Civil, donde se inici贸 el juicio por desalojo.
Desamparados, los ocupantes se acercaron a la APDH. "Hicimos una defensa alegando que los due帽os no ten铆an la posesi贸n efectiva del terreno, porque con una escritura no alcanza; sin embargo, el juez los declar贸 propietarios gracias a otras pruebas ofrecidas", relat贸 Mart铆nez. Como corolario, en abril pasado, Bonino hizo lugar al desalojo. Sin embargo, para la profesional del derecho hay ciertos mecanismos que garantizar: "Se debe tener en cuenta la norma dictada por el Comit茅 de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, denominada Aplicaci贸n del Pacto Internacional de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales. Ese pacto tiene jerarqu铆a constitucional, ya que ha sido incorporado a nuestra constituci贸n; por lo tanto su aplicaci贸n es ineludible as铆 como las indicaciones de la ONU al respecto. Una de las recomendaciones m谩s importante es la 17: `se deber谩n adoptar las medidas necesarias para evitar situaci贸n de calle, a trav茅s de la asignaci贸n de otra vivienda o de un reasentamiento'".
Por esas razones, redact贸 r谩pidamente la apelaci贸n a la resoluci贸n de Bonino. Para la abogada, la sentencia que ordena la expulsi贸n debe revisarse y en ese sentido reclam贸 que "se debe dar parte a los gobiernos provincial y municipal para que provean asistencia con viviendas, aunque sea en forma temporaria". Mart铆nez lament贸 que "ninguna de estas cuestiones hayan sido tenidas en cuenta en el fallo".
Por lo mismo, destac贸 la sentencia del juez provincial de Circuito N潞 1, Daniel Gonz谩lez. En un fallo que "sienta precedentes", el magistrado orden贸 la semana pasada a las administraciones municipal y provincial que -en un plazo de 60 d铆as- se arbitren pol铆ticas habitacionales que prevean para el futuro "programas p煤blicos espec铆ficos" en defensa de quienes est茅n a punto de perder su casa por orden judicial. "Es el 煤nico juez que tuvo en cuenta los convenios internacionales. Los dem谩s los ignoran", se帽al贸 Mart铆nez.
Mientras la cuesti贸n judicial avanza, los vecinos se reunir谩n esta semana con autoridades provinciales y municipales de la Direcci贸n Provincial de Vivienda. "El gobierno est谩 tratando de encontrar una soluci贸n", remarc贸 Mart铆nez sobre la actitud de las autoridades. Al mismo tiempo, una representante legal de la DPV se reunir铆a esta semana con el juez Bonino para informarle sobre las soluciones propuestas. All铆, plantear谩n que el gobierno provincial compre los terrenos a sus propietarios, ya que no existen tierras disponibles. "Nos dicen que no hay terrenos para nadie", afirm贸 Ester, una de las vecinas movilizadas.
La abogada, que intervino desde la APDH en otros conflictos por desalojos que llegaron a la Justicia, consider贸 que "hay un avance en el gobierno, porque antes se demoraba m谩s en prestar atenci贸n a los diferentes casos. Hoy se buscan otras alternativas".
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