En Maradona y Perú, en el sudoeste de la ciudad, un centenar de familias resiste el desalojo forzoso, luego de casi tres años de ocupación de un predio privado. Los vecinos irán hoy al Concejo para pedir una solución. La foto se repite en diferentes sectores de la ciudad, donde la problemática es la misma: los "intrusos" no forman parte de las políticas de inclusión social. Desde agosto de 2009, la ocupación en esas dos manzanas cercanas a la Circunvalación fue creciendo en número de habitantes, aunque los propietarios denunciaron la usurpación. El mes pasado, la Justicia civil ordenó el desalojo y liberación del terreno. El fallo del juez de primera instancia de Circuito, de la 3º nominación, Alberto Bonino, fue favorable para los dos propietarios de las parcelas; sin embargo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) intervino "como lo hizo por las 18 familias de Matienzo y Mendoza que lograron una prórroga hasta agosto para retirarse", con asistencia jurídica para las familias, tanto ante el magistrado como ante el estado municipal y provincial.

La idea -con un recurso de apelación- es frenar el "desalojo forzoso, y que se cumplan las normas internacionales", dijo la abogada María del Carmen Martínez, quien planteó que sentencia "deja a las familias en la calle, sin tener en cuenta los pactos internacionales". Además, en una nueva instancia, el estado municipal se reunirá con los vecinos esta semana; mientras que las autoridades de la Dirección Provincial de Vivienda harán lo propio con el juez, para intentar hallar una solución.

"La vivienda dignifica y cambia vidas", dijo la presidenta de APDH, Norma Ríos. Lo plantea desde la experiencia de la asamblea, que participó de varios conflictos por el déficit habitacional de la provincia. Desde esa institución, es casi constante el trabajo por viviendas para los sectores humildes. Hace dos años, sus integrantes vieron de cerca cómo el techo propio les cambió la vida a 24 familias, tras el conflicto por la liberación de los terrenos de Ituzaingo 60 bis.

Al igual que en las tomas de Villa Gobernador Gálvez, Circunvalación y 27 de Febrero, Avellaneda al 4200 y Matienzo al 3900, en el terreno de dos manzanas de Maradona, entre Perú y Cisneros, hay realidades diferentes: casas de material y otras menos firmes se levantan en la zona. Las familias están compuestas por trabajadores de diferentes rubros, pero el principal es el de la construcción.

Los dueños del terreno, en este caso, llegaron a los Tribunales Provinciales con una denuncia penal, a poco de la ocupación. La Justicia Correccional rechazó la acusación, ya que no encontró delito de usurpación. Así la demanda llegó al fuero Civil, donde se inició el juicio por desalojo.

Desamparados, los ocupantes se acercaron a la APDH. "Hicimos una defensa alegando que los dueños no tenían la posesión efectiva del terreno, porque con una escritura no alcanza; sin embargo, el juez los declaró propietarios gracias a otras pruebas ofrecidas", relató Martínez. Como corolario, en abril pasado, Bonino hizo lugar al desalojo. Sin embargo, para la profesional del derecho hay ciertos mecanismos que garantizar: "Se debe tener en cuenta la norma dictada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, denominada Aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ese pacto tiene jerarquía constitucional, ya que ha sido incorporado a nuestra constitución; por lo tanto su aplicación es ineludible así como las indicaciones de la ONU al respecto. Una de las recomendaciones más importante es la 17: `se deberán adoptar las medidas necesarias para evitar situación de calle, a través de la asignación de otra vivienda o de un reasentamiento'".

Por esas razones, redactó rápidamente la apelación a la resolución de Bonino. Para la abogada, la sentencia que ordena la expulsión debe revisarse y en ese sentido reclamó que "se debe dar parte a los gobiernos provincial y municipal para que provean asistencia con viviendas, aunque sea en forma temporaria". Martínez lamentó que "ninguna de estas cuestiones hayan sido tenidas en cuenta en el fallo".

Por lo mismo, destacó la sentencia del juez provincial de Circuito Nº 1, Daniel González. En un fallo que "sienta precedentes", el magistrado ordenó la semana pasada a las administraciones municipal y provincial que -en un plazo de 60 días- se arbitren políticas habitacionales que prevean para el futuro "programas públicos específicos" en defensa de quienes estén a punto de perder su casa por orden judicial. "Es el único juez que tuvo en cuenta los convenios internacionales. Los demás los ignoran", señaló Martínez.

Mientras la cuestión judicial avanza, los vecinos se reunirán esta semana con autoridades provinciales y municipales de la Dirección Provincial de Vivienda. "El gobierno está tratando de encontrar una solución", remarcó Martínez sobre la actitud de las autoridades. Al mismo tiempo, una representante legal de la DPV se reuniría esta semana con el juez Bonino para informarle sobre las soluciones propuestas. Allí, plantearán que el gobierno provincial compre los terrenos a sus propietarios, ya que no existen tierras disponibles. "Nos dicen que no hay terrenos para nadie", afirmó Ester, una de las vecinas movilizadas.

La abogada, que intervino desde la APDH en otros conflictos por desalojos que llegaron a la Justicia, consideró que "hay un avance en el gobierno, porque antes se demoraba más en prestar atención a los diferentes casos. Hoy se buscan otras alternativas".