La música se fue de repente a eso de la 1 de la madrugada de ayer, en El Escondite, y la penumbra habitual trocó en luces a giorno. Todos afuera, menos los responsables de esta whiskerÃa del barrio Pichincha que, en realidad, funcionaba como prostÃbulo y donde vivÃan 9 mujeres abocadas a esa tarea. Seis de ellas son paraguayas y los proxenetas les habÃan retenido sus documentos. Los dueños, dos hombres y una mujer, quedaron detenidos por el delito de trata de personas, y el local fue clausurado por violar la ordenanza que distingue un cabaret de un burdel.
El allanamiento, presidido por el fiscal de causas NN Marcelo Vienna y con mandato del juez Carlos leiva, se libró luego de "tareas de inteligencia" que venÃa desarrollando la División de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la PolicÃa sobre el local nocturno de Callao 78 bis. Lo que debÃan comprobar era que allà las alternadoras iban más allá de la compañÃa en la mesa o en el baile, y que el negocio también proporcionaba servicios sexuales allà mismo.
Una fuente que participó del procedimiento contó que todo se armó con sigilo y se decidió casi de repente, para evitar la filtración de información que están seguros habrÃa disipado toda evidencia. Dentro del baño de damas, una de las paredes disimulaba el acceso a unos boxes compartimentados con tabiques de madera. En uno de esos espacios, una de las alternadoras mantenÃa sexo con un cliente cuando irrumpieron los agentes de la unidad policial al mando de la comisario Mónica Viviani, el fiscal e inspectores municipales. El personal de la seccional 7°, con jurisdicción en la zona, no participó del allanamiento.
La veintena de parroquianos que vieron interrumpida su velada abandonó el salón casi sin que se lo ordenen. En tanto, los agentes comprobaron que allà vivÃan y trabajaban nueve mujeres de entre 20 y 30 años, seis de las cuales eran de nacionalidad paraguaya. Su documentación estaba en regla, pero no estaba a su disposición porque uno de los dueños del burdel se la habÃa retenido. Por esta situación, las jóvenes fueron conducidas a una dependencia policial para continuar el sumario, y luego recuperaron su libertad. En cambio, los dos hombres y la mujer responsables del negocio (sus identidades no fueron reveladas) quedaron detenidos.
La comisario Viviani señaló que las mujeres liberadas de esa condición de explotación "son vÃctimas de una situación de aprovechamiento".
La Dirección de Inspección municipal clausuró el local porque infringió la ordenanza que lo habilitaba para funcionar como cabaret o whiskerÃa. "En el lugar se constató que se practicaba sexo pago y por lo tanto tergiversó el rubro. Además, atentó contra la ley 12331 de profilaxis, que prohÃbe esta actividad", explicó Gregorio RamÃrez, titular del área.
El funcionario municipal valoró el resultado del operativo, y lo atribuyó al "trabajo mancomunado que las distintas áreas del Estado municipal y provincial, el Concejo y la PolicÃa, pueden llevar a cabo desde la reciente conformación de la Mesa contra la Trata de Personas". "Antes, habrÃamos ido solos, como municipio, y sólo nos quedaba la posibilidad de clausurar y, en todo caso, denunciar si habÃa una situación de explotación. Ahora, con este dispositivo el Estado también actúa in situ en la faz penal del asunto", ponderó RamÃrez.
La Municipalidad de Rosario tiene en su registro ocho locales habilitados en el rubro cabarets y whiskerÃas, pero sus responsables admiten que la realidad es un universo más vasto que ese número. "Lo que preocupa son las whiskerÃas que no están habilitadas y que muy posiblemente funcionan de esta manera, como un prostÃbulo encubierto", señaló el titular de Inspección.
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