La música se fue de repente a eso de la 1 de la madrugada de ayer, en El Escondite, y la penumbra habitual trocó en luces a giorno. Todos afuera, menos los responsables de esta whiskería del barrio Pichincha que, en realidad, funcionaba como prostíbulo y donde vivían 9 mujeres abocadas a esa tarea. Seis de ellas son paraguayas y los proxenetas les habían retenido sus documentos. Los dueños, dos hombres y una mujer, quedaron detenidos por el delito de trata de personas, y el local fue clausurado por violar la ordenanza que distingue un cabaret de un burdel.

El allanamiento, presidido por el fiscal de causas NN Marcelo Vienna y con mandato del juez Carlos leiva, se libró luego de "tareas de inteligencia" que venía desarrollando la División de Prevención y Lucha contra la Trata de Personas de la Policía sobre el local nocturno de Callao 78 bis. Lo que debían comprobar era que allí las alternadoras iban más allá de la compañía en la mesa o en el baile, y que el negocio también proporcionaba servicios sexuales allí mismo.

Una fuente que participó del procedimiento contó que todo se armó con sigilo y se decidió casi de repente, para evitar la filtración de información que ﷓están seguros﷓ habría disipado toda evidencia. Dentro del baño de damas, una de las paredes disimulaba el acceso a unos boxes compartimentados con tabiques de madera. En uno de esos espacios, una de las alternadoras mantenía sexo con un cliente cuando irrumpieron los agentes de la unidad policial al mando de la comisario Mónica Viviani, el fiscal e inspectores municipales. El personal de la seccional 7°, con jurisdicción en la zona, no participó del allanamiento.

La veintena de parroquianos que vieron interrumpida su velada abandonó el salón casi sin que se lo ordenen. En tanto, los agentes comprobaron que allí vivían y trabajaban nueve mujeres de entre 20 y 30 años, seis de las cuales eran de nacionalidad paraguaya. Su documentación estaba en regla, pero no estaba a su disposición porque uno de los dueños del burdel se la había retenido. Por esta situación, las jóvenes fueron conducidas a una dependencia policial para continuar el sumario, y luego recuperaron su libertad. En cambio, los dos hombres y la mujer responsables del negocio (sus identidades no fueron reveladas) quedaron detenidos.

La comisario Viviani señaló que las mujeres liberadas de esa condición de explotación "son víctimas de una situación de aprovechamiento".

La Dirección de Inspección municipal clausuró el local porque infringió la ordenanza que lo habilitaba para funcionar como cabaret o whiskería. "En el lugar se constató que se practicaba sexo pago y por lo tanto tergiversó el rubro. Además, atentó contra la ley 12331 de profilaxis, que prohíbe esta actividad", explicó Gregorio Ramírez, titular del área.

El funcionario municipal valoró el resultado del operativo, y lo atribuyó al "trabajo mancomunado que las distintas áreas del Estado municipal y provincial, el Concejo y la Policía, pueden llevar a cabo desde la reciente conformación de la Mesa contra la Trata de Personas". "Antes, habríamos ido solos, como municipio, y sólo nos quedaba la posibilidad de clausurar y, en todo caso, denunciar si había una situación de explotación. Ahora, con este dispositivo el Estado también actúa in situ en la faz penal del asunto", ponderó Ramírez.

La Municipalidad de Rosario tiene en su registro ocho locales habilitados en el rubro cabarets y whiskerías, pero sus responsables admiten que la realidad es un universo más vasto que ese número. "Lo que preocupa son las whiskerías que no están habilitadas y que muy posiblemente funcionan de esta manera, como un prostíbulo encubierto", señaló el titular de Inspección.