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Producción: Tomás Lukin.

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Camino al colapso

Por Gustavo Calleja *

La Argentina creció en base a un modelo energético nacional, estatal, racional y centralizado donde el Estado capturaba las rentas generadas. Tenía carácter estratégico, lo ideó Hipólito Yrigoyen y lo desarrolló la YPF de Enrique Mosconi que se ocupó de civilizar, descubrir, desarrollar, refinar y comercializar sus derivados; pero también generó el crecimiento de los subsistemas eléctrico y vial, a los que dotaba de los ingresos necesarios a través de los impuestos llamados Fondos Energéticos y Viales. La política la fijaba libremente el Estado Nacional. Se trabajaba con un horizonte de treinta años. Las energías no renovables financiaban a las renovables. En 1989 estábamos autoabastecidos, el 60 por ciento de la población tenía acceso al gas natural o a sus bienes sustitutos a precios similares (GLP), teníamos represas hidroeléctricas en construcción, reservas de gas y petróleo que alcanzaban a los 40 y 20 años, respectivamente, y un sistema vial nacional sin peajes y precios razonables.

La liquidación de ese modelo, concretada por Carlos Menem, y su reemplazo por el modelo de mercado consistió en la liquidación de los activos estatales, el abandono de la función planificadora y controladora del Estado, la indefensión de los usuarios convertidos en clientes cautivos. Además, nos interesa señalar especialmente la cesión de la multimillonaria renta petrolera que dotó a las multinacionales de millonarias ganancias libremente remitidas al exterior; así también se privilegió a los generadores eléctricos, a quienes se los eximió de las obligaciones que surgen de ser considerados servicio público y se los dotó de un Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) que maximiza sus ganancias. Todos los actores del mercado decidieron no invertir en el país. Sin dudas, la actual crisis es producto de 18 años de desinversión.

Actualmente, las reservas de petro-gas apenas alcanzan a los cinco años, los yacimientos están agotándose, no existen nuevas represas en construcción, la generación eléctrica apenas cubre el consumo normal, Atucha II presenta atrasos inexplicables, sobre Atucha III no se habla, la cota de 83 metros de Yacyretá parece inalcanzable a pesar de los millones de dólares que anualmente se le asignan, las refinerías son las mismas que en 1989 y es insuficiente la producción de gasoil, la red troncal de gasoductos es la misma que en 1989 y tampoco alcanza la producción local, los contratos de exploración marina pecan de desconocidos y no favorecen los intereses nacionales, la gestión de la empresa estatal Enarsa muestra deficiencias en temas claves como los negocios con Bolivia y Venezuela.

El Gobierno no ha tocado ni una sola norma implantada en los noventa. Los generadores no son un servicio público y el MEM continua generándoles grandes ganancias. El Plan Energía Plus consiste en decirles a los empresarios que se las arreglen como puedan. Los aumentos de tarifas cargan sobre los supuestamente grandes usuarios el mantenimiento de las ganancias de las generadoras, que siguen libres de cualquier obligación de invertir. No hay solución posible si anualmente no se incorpora una potencia equivalente a dos Piedras del Aguila y una Atucha II.

En cuanto a hidrocarburos, la actual administración profundizó lo peor del modelo anterior, premiando a las petroleras con las leyes de desgravaciones en activo fijo y en exploración de hidrocarburos. Pero lo más grave es la sanción de la llamada Ley Corta, mediante la cual se cede a las provincias el dominio jurisdiccional del subsuelo. Somos el único país del mundo donde los estados provinciales administran un bien de tan alto valor estratégico. Los planes llamado Petróleo Plus, Gas Plus y Refinación Plus son premios a los no inversores, pues percibirán más por lo mismo. También nos haremos cargo de inversiones en sus refinerías, pendientes desde 1988. En momentos en los que el Banco Central ha extremado los controles para evitar la salida de dólares, los petroleros mantienen la prebenda de dejar en el exterior el 70 por ciento de sus ventas, sobre las que sería interesante ver si pagan el impuesto a los débitos y créditos bancarios.

De esta crisis de desinversión se sale con un vasto programa de sobreinversión. El financiamiento no debe surgir de tarifas sino de la recuperación de la renta del petróleo. Estamos hablando de una suma anual de 10.000 millones de dólares. Pero este camino requiere decisiones políticas que están muy lejos de un gobierno que se enrola en el progresismo cosmético pero que adhiere a las políticas de mercado. Resulta imprescindible recuperar las riquezas petroleras de los productores de la Ley de Hidrocarburos e invertirlas en generación nuclear e hidráulica y nuevas exploraciones. Los problemas seguirán en aumento, día a día la situación eléctrica se deteriorará y la actual crisis llegará a situaciones de colapso.

* Ex subsecretario de Combustibles de la Nación, vicepresidente del Moreno.

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Logros kirchneristas

Por Federico Bernal y Ricardo De Dicco *

La sanción del marco regulatorio del sector eléctrico en 1992 provocó un cambio drástico en la morfología del mercado argentino. Las empresas estatales nacionales, provinciales y las cooperativas fueron –en el mejor de los casos– desintegradas vertical y horizontalmente, esto es, segmentadas por unidades de negocio: generación, transporte y distribución. Un caso emblemático fue Segba, empresa que fue atomizada en: 1) tres distribuidoras, Edenor, Edesur y Edelap; 2) una empresa transportadora de alta tensión, Transener; y 3) seis distribuidoras troncales (para operar en el interior del país), todas ellas desempeñándose bajo una modalidad monopólica, a excepción de las generadoras térmicas e hidráulicas que desde entonces compiten en el Mercado Eléctrico Mayorista.

Consolidado este mercado de competencia imperfecta y –como se demuestra en la actualidad– altamente ineficiente, las prestatarias del Servicio Público del transporte y de la distribución eléctrica se desenvolvieron de forma anárquica, como sólo puede ocurrir bajo las leyes del mercado. En efecto, entre 1993 y 2001 las operadoras llevaron a cabo una serie de aumentos tarifarios sistemáticos, dolarizaron e indexaron las tarifas eléctricas ancladas a la inflación en Estados Unidos, violando por ello el Marco Regulatorio y la Ley de Convertibilidad. Apuntaladas y protegidas por los gobiernos de turno, se les permitió internalizar rentas extraordinarias (transferidas al exterior) en detrimento de su lógica reinversión en infraestructura de transporte, distribución y desarrollo tecnológico. El resultado: ganancias extraordinarias, nulas o exiguas inversiones y comportamientos extorsivos (se recordará que en 2002, estas mismas operadoras extorsionaron al Estado con la amenaza mafiosa de producir apagones si no se redolarizaban las tarifas).

En el segmento de generación, las pocas inversiones de las empresas se destinaron a incrementar la potencia instalada térmica, profundizándose aun más la dependencia hidrocarburífera de la matriz eléctrica en un país que además exportaba gas natural, petróleo y productos derivados (combustibles de las usinas termoeléctricas). Se llegó así al año 2003, donde se hizo evidente la presencia de una grave crisis energética estructural consecuencia de la privatización y destrucción del Estado entre 1989-2002. Como respuesta, el gobierno de Néstor Kirchner presentó en 2004 un plan energético con horizonte al 2008, luego ampliado al año 2013 por la actual administración. Los resultados del avance de este plan son más que interesantes, sobre todo considerando la ausencia de una política energética nacional desde 1989. El programa energético implementado por el kirchnerismo viene así a discontinuar primero y revertir después la ejecución de un plan energético librado íntegramente a las fuerzas del mercado.

Entre sus logros, cabe destacar la creación de una empresa energética estatal: Enarsa. Bajo el régimen del derecho privado, Enarsa ha comenzado a tener una paulatina participación en ciertos segmentos claves del mercado ampliado de la energía, no así en el hidrocarburífero local cuya participación es prácticamente nula. Al día de la fecha y en el sector eléctrico, Enarsa opera con el 25 por ciento de la transportista más importante del país, Transener, y tiene una pequeña participación en el segmento de generación con 214 MW de potencia instalada en equipos de generación térmica.

Por otra parte, y luego de dieciséis años de inversiones nulas por parte del capital privado en el segmento transporte, el Estado inició la ampliación del Sistema Argentino de Interconexión mediante la finalización de 529 km de líneas de extra alta tensión de 500 kv durante el período 2004-2007 y más de 1500 km durante 2008, restando todavía más de 4000 km para completar la ampliación formulada en el Plan Energético 2004-2013. En el segmento de generación, las inversiones alcanzan un total de 11.791 MW de potencia, de los cuales se efectivizaron hasta la fecha algo más de 4000 MW, provenientes de la elevación de cota en Yacyretá, el aumento de potencia en usinas térmicas existentes y la construcción de dos nuevas de ciclo combinado (de 800 MW c/u). Además, se estima para 2010 la puesta en marcha de Atucha II. No obstante, si bien el plan energético 2004-2013 contempla la diversificación de la matriz energética nacional y la del suministro eléctrico en particular, las demoras en la terminación de Atucha II, en la iniciación de la construcción de nuevas usinas nucleares e hidráulicas, así como también en la fabricación de equipos eólicos de tecnología propia comienzan a jaquear la seguridad energética y eléctrica del país en el corto plazo. En este sentido, urge que el Gobierno ejecute sin más dilaciones los planes lanzados en materia nuclear, hidráulica y eólica, estratégicos al desarrollo socioeconómico de la Argentina.

* Centro Latinoamericano de Investigaciones Científicas y Técnicas.