El Gobierno volvió a anunciar su intención de modificar la Ley de Concursos y Quiebras. El objetivo es facilitar el proceso de recuperación de las empresas por parte de los trabajadores. En los últimos 15 años la ley se reformó de acuerdo con los requerimientos del establishment y el FMI para proteger los intereses de los acreedores. La iniciativa, reclamada desde hace más de cinco años por el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas (MNFR), fue mencionada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner durante su discurso en la asamblea de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra.

La legislación vigente, diseñada por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, conserva los lineamentos desindustrializadores de la década del noventa: en caso de quiebra, el juez debe hacer inventario, desalojar la fábrica y clausurarla en cuatro meses dejando a la deriva a los trabajadores. La reforma propuesta por el MNFR apunta a garantizar que los empleados puedan gestionar de forma inmediata y sin trabas la empresa, asegurando la preservación de los puestos de trabajo. El proyecto fue presentado por primera vez en 2004 cuando, después de la salida de la convertibilidad, existían ocho mil fábricas cerradas por quiebra.

La actual desaceleración del nivel de actividad puso en evidencia algunas debilidades estructurales del entramado productivo nacional. Para enfrentar el impacto de la crisis sobre el nivel de empleo, el Gobierno revitalizó el Programa de Recuperación Productiva y facilitó la continuidad de empresas, como la papelera Massuh a través de la creación de un fideicomiso. La modificación de la Ley de Quiebras se sumaría así a las herramientas disponibles para “garantizar el empleo”. En los últimos meses aumentó la cantidad de empresas en situación de quiebra.

“Se terminó la época en que los empresarios vaciaban las fábricas, vendían el patrimonio, cuidaban sus cuentas personales y dejaban a los trabajadores en la calle”, apuntó la semana pasada, en campaña por el conurbano bonaerense, el ex presidente Néstor Kirchner. El proyecto del MNFR fue presentado a la Presidenta el último viernes y está siendo analizado por el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini.

La reforma consta de tres aspectos centrales. En primer lugar, busca garantizar la continuidad inmediata: bajo la ley actual, la continuidad de la empresa se da en pocas ocasiones y a través de un síndico o interventor judicial. La nueva ley permitiría a los trabajadores hacerse cargo de la compañía mediante una cooperativa de trabajo. El proceso podría iniciarse aun cuando la cooperativa se encuentre en formación.

Las modificaciones realizadas en 1995 –Menem-Cavallo– y en 2002 –Duhalde-Lavagna–, ambas a medida de los reclamos del FMI, apuntaron a privilegiar a los acreedores por sobre las deudas de la empresa con los trabajadores. La ley vigente establece que la indemnización de los empleados es del 50 por ciento sin intereses, mientras que el acreedor institucional aspira a cobrar el ciento por ciento de su crédito más intereses. “Cuando se venden los bienes los compra a precio de ganga la mafia de la liga de rematadores, que después los pinta y los revende a precio de mercado. Compra un torno por mil pesos y lo coloca a 15 mil. Los trabajadores cobran su indemnización de acuerdo con el valor que pagaron los rematadores, es decir muy poco”, explicó a Página/12 Luis Caro, titular del MNFR.

La nueva Ley de Quiebras habilitaría el cobro de la totalidad de los créditos laborales y además permitirá que los trabajadores utilicen las deudas para “la adquisición de las maquinarias, materia prima, mercaderías, fondo de comercio, marcas y patentes”, apuntó Caro. La reforma de Cavallo permitió a quien “hereda” los bienes muebles de la empresa quebrada no ser sucesor del fallido, no tener que hacerse cargo de los trabajadores. La posibilidad de que los trabajadores oferten para adjudicarse los bienes ya se dio en tres casos, entre ellos el diario cordobés Comercio y Justicia.

La última modificación de la ley 24.522 se realizó en 2006. Esa reforma le devolvió la competencia de los juicios laborales a la Justicia del trabajo. En 1995, esa atribución había pasado a los juzgados comerciales donde se tramitaba el concurso o quiebra de la empresa. Como consecuencia de esa medida las demandas de los trabajadores de las compañías en concurso preventivo quedaban demoradas en el fuero comercial. Además, la modificación ratificó la figura del “pronto pago” de las acreencias para dar prioridad al pago de los empleados durante la quiebra. “El pronto pago es una ficción, según la ley actual los trabajadores cobran el 50 por ciento de la indemnización siempre y cuando existan los recursos suficientes para efectuar el pago, algo que nunca sucede”, explicó el presidente de MNFR.