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La conflictividad social está vinculada con reclamos de trabajadores o de organizaciones que representan a desocupados. La acción de los gremios en defensa de derechos de los trabajadores es la vía más conocida. En los noventa fue para preservar los puestos y en los últimos años para conseguir mejoras salariales y condiciones laborales. Pero en la década pasada también irrumpieron en la escena grupos piqueteros en respuesta a la desestructuración productiva. El conflicto se identifica así con la lucha de grupos sociales vulnerables: los piqueteros, como una expresión de los excluidos del mercado, y los trabajadores, como una aspiración para mejorar su calidad de vida. La protesta social ha sido la herramienta histórica de los sectores populares, que acuden a la manifestación directa como vía de presión para la realización de sus reivindicaciones. El conflicto se presenta entonces como la característica básica de la relación capital-trabajo. Los niveles de tensión de esa articulación dependen de las condiciones políticas, económicas y sociales de cada momento. En ese sentido, ha aparecido un peculiar factor para acercarse a la comprensión y caracterización de la actual etapa política: la exposición en el espacio público de la protesta patronal. En estos años no sólo se han presentado históricos reclamos de trabajadores y desocupados, sino que el conflicto liderado por cámaras patronales ha pasado a ocupar un lugar relevante de la agenda social.

Las crecientes protestas patronales tienen varios condimentos que reflejan la importancia de las fuerzas en disputa. Su máxima exteriorización se produjo con los varios lockout dispuestos por el sector del campo privilegiado desde marzo del año pasado. Esas reiteradas manifestaciones, que se fueron desgastando hasta su sonoro fracaso en las últimas oportunidades, convocaron a otros sectores empresarios. Estos han acudido tradicionalmente a estrategias de presión que no requerían de la acción pública de protesta para obtener un acceso privilegiado al poder político. El conocido lobby y las advertencias acerca de la posibilidad de desestabilización económica han actuado como potentes disciplinadores de gobiernos. De esa forma el empresariado se ha ahorrado la necesidad de recurrir a la movilización de su base social, que en general no se siente cómoda con ese tipo de activismo. Sin embargo, algo ha cambiado por la virulencia discursiva y por la sucesión de medidas de acción directa, lo que deja en evidencia que, más allá del debate acerca de la orientación de la estrategia económica, existe un enfrentamiento con el poder político.

Uno de los rasgos especiales del conflicto de los productores de la Pampa Húmeda es que se apropiaron, inicialmente con bastante consenso en los centros urbanos, de la forma y tradición de las históricas protestas de sindicatos y organizaciones sociales. Este comportamiento fue impactante porque “el espacio de las protestas sociales constituye uno de los ámbitos de la lucha social y política en donde se manifiestan las relaciones de dominación, hegemonía y asimetrías sociales existentes”, como define el Equipo de Conflictos y Protestas Sociales de la CTA. Para agregar que “es, por lo tanto, uno de los terrenos (la protesta social) en donde se abren los espacios de confrontación en los cuales se juegan las condiciones de reproducción del orden social, cultural, político y económico de la sociedad”.

Por ese motivo resulta importante evaluar la creciente conflictividad patronal, que ya se ha ampliado del espacio creado por la Mesa de Enlace. Ahora también se exterioriza en otras entidades vinculadas con la industria y servicios (UIA y AEA), con la expresión más fuerte en estos días en la resistencia de los grandes grupos económicos de medios al proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Los integrantes de ese equipo de investigación de la CTA se ocuparon de este singular comportamiento de las cámaras empresarias en el documento “A cara descubierta. Protestas patronales en la Argentina posconvertibilidad” publicado en la última edición de Realidad Económica (Nº 245, julio-agosto). En la introducción se preguntan acerca de las causas por las que determinados sectores de la burguesía tuvieron que acudir a estrategias de movilización pública. En un acercamiento a una respuesta dan a entender que no han estado funcionando los canales habituales de expresión de sus intereses “típicamente aquellos que se conoce como “tráfico de influencias”. Este estudio tiene relevancia conceptual porque abarca el período 2001-2007, siendo este último año donde se empezaron a intensificar aún más la protestas patronales para confluir en marzo de 2008 con la oposición a la Resolución 125. Ese trabajo permite advertir que, con matices y contradicciones al interior de la fracción dominante de la burguesía, se estaba gestando la firme resistencia patronal al actual proceso económico. En ese sentido, y como muestra de esa oposición, el documento de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), que reúne a los dueños y titulares de las empresas más grandes y concentradas del país, resulta un compendio de los reclamos del poder económico basado en las ideas del libre mercado y en la limitación de la intervención del Estado en la economía.

Esta reacción patronal no deja de ser paradójica, según los investigadores de la CTA, porque “no puede soslayarse el hecho de que, desde un punto de vista integral, el nuevo modelo económico consolidado en 2003 ha sido funcional a los sectores dominantes en su conjunto, restableciendo, por un lado, las bases de su sustentación como clase y, por otro lado, una significativa rentabilidad”. Esos expertos señalan la existencia de dos etapas claramente diferenciadas en la evolución de esas protestas. Una primera, en los años 2001 y 2002, donde tuvieron mayor presencia en el escenario público debido al impacto negativo de la crisis en la actividad económica. Una segunda, a partir de 2003, cuando disminuye la protesta patronal al consolidarse el modelo del dólar alto y se inicia un sendero de expansión de la rentabilidad de todos los sectores de la económica, con ganancias extraordinarias en una franja más concentrada y centralizada asociada con la exportación (industria y agro). Pero a partir de 2007, en coincidencia con el período donde los trabajadores formales recuperaron en promedio los niveles salariales devastados por la megadevaluación, se inicia un período de creciente conflictividad patronal.

“Cabe preguntarse, entonces, por las motivaciones que podrían haber impulsado a cada una de las fracciones del capital a protestar fuertemente”, se plantea el equipo de investigación de la CTA. Una respuesta a ese interrogante se encuentra en que en períodos recesivos las demandas patronales se orientan al reclamo de políticas públicas que reactiven la actividad económica (pesificación asimétrica, condonación de deudas, beneficios fiscales, medidas de protección sectorial, entre otras medidas). Mientras que ya obtenida la superviviencia y la preservación de sus condiciones materiales, las demandas se reorientaron a mantener los abultados márgenes de ganancias, resistiendo aumentos salariales y la intervención del Estado vía retenciones o la regulación de precios de la canasta básica.

Esta conducta patronal obliga a cierta complejidad en la búsqueda de la caracterización del actual proceso político-económico. A veces, la identidad no proviene de los puntos comunes o de la más o menos coherencia en determinadas estrategias de gestión, sino en la evaluación que hace el otro sobre esas cuestiones. En este caso, importa la que define las cámaras patronales sobre el presente ciclo político. Esto significa que, más allá de la imagen que proyecta el Gobierno, la mirada del otro (del mundo empresario), dominada a menudo por prejuicios ideológicos, determina un escenario hostil para el capital. Esto significa, que la identidad progresista de la administración kirchnerista termina consolidada por las protestas patronales más que por propias medidas en esa orientación. O también por la reacción hostil empresaria que lo impulsa a implementar iniciativas de en ese sentido.

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