Los jueces de la Cámara Federal de la Seguridad Social solicitaron a la Corte Suprema que decrete feriado por tres semanas para los juzgados de primera instancia radicados en la Capital Federal, ante la crítica situación edilicia que exhiben las oficinas donde funcionan. Si el máximo tribunal accede al pedido, entre mañana y el 19 de noviembre los juzgados de Marcelo T. de Alvear 1840 permanecerán cerrados al público. Por lo pronto, la Corte ya dispuso que un grupo de arquitectos revise la situación del edificio. Esas tres semanas se usarían para trasladar a la planta baja el 30 por ciento de los expedientes de los jubilados que reclaman la actualización de sus haberes, para aliviar el peso que sostienen los pisos superiores. Los trabajadores, que ayer realizaron una marcha reclamando garantías de seguridad en las condiciones laborales, continuarán desempeñando sus tareas y los jubilados podrán iniciar causas aunque el proceso quedará en suspenso hasta que concluya el receso.

En los Tribunales de la Seguridad Social porteños hay más de 310.000 juicios de jubilados. El informe técnico elaborado por los especialistas del INTI y las verificaciones realizadas por los arquitectos que envió al edificio el Consejo de la Magistratura advierten sobre la sobrecarga de expedientes y recomiendan su reubicación. Sostienen que no hay peligro de derrumbe inmediato, ya que aún no se ha superado el peso máximo que se admite en estos casos, de 270 kilos por metro cuadrado, pero enfatiza la necesidad de tomar medidas preventivas ante la posibilidad cierta de alcanzar ese nivel en el corto plazo, a causa de la multiplicación de juicios de jubilados.

En ese escenario, la Cámara de Seguridad Social pidió a la Corte que habilite la feria, reclamo similar al del sindicato de empleados judiciales que conduce Julio Piumato. Los jueces aclararon que quedaría un juzgado de guardia para trámites urgentes, como por ejemplo la presentación de amparos. También señalaron que los jubilados podrán seguir iniciando expedientes, pero quedarán en virtual suspenso hasta el 19 de noviembre.

Los nueve jueces de la Cámara de la Seguridad Social se reunieron en un acuerdo para decidir el curso de acción. Allí votaron el pedido a la Corte, con ocho magistrados a favor y un solo voto en disidencia, del juez Luis Herrero. “El problema de fondo no se modifica con la feria. La única solución de este grave problema institucional es que la Corte Suprema dicte una sentencia de clase que obligue a la Anses a cumplir con la actualización de todos los haberes de acuerdo con los fallos Badaro, Sánchez y Elliff”, consideró Herrero.

Más del 78 por ciento de las 72.200 nuevas demandas iniciadas entre enero y septiembre de 2010 están amparadas en los fallos Badaro y Sánchez. A pesar de los distintos fallos del máximo tribunal, el gobierno nacional y la Anses no ofrecieron una respuesta global para ese segmento de los jubilados, que no tienen más alternativa que recurrir a la Justicia para obtener la actualización de los haberes que establece la Corte Suprema. El Gobierno advierte que el costo fiscal para hacer lo que reclama Herrero no baja de 30.000 millones de pesos. Las mejoras elevarían en promedio un 80 por ciento las prestaciones más altas, y se registrarían casos donde un jubilado pasaría de cobrar 4 mil pesos a 33 mil mensuales. “Aplicar esos fallos ampliaría más del 20 por ciento la desigualdad que existe entre la clase pasiva”, señalaron, a su vez, especialistas del Conicet.