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La ocupación de un extenso terreno de la zona sur de la ciudad abandonado por las autoridades porteñas, que en el mapa se denomina Parque Indoamericano, tiene el saldo dramático de tres muertes, el impacto social de reconocer la existencia de personas viviendo en la pobreza sufriendo una miserable especulación inmobiliaria ante sus carencias, y la franca expresión xenófoba del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La crisis de Villa Soldati no habría estallado en semejante magnitud si hubiera existido un programa público consistente para atender el déficit habitacional. Un plan que brinde expectativas y un horizonte de poder acceder a una vivienda digna. Esa inmensa ausencia tiene su raíz en la inoperancia de la gestión comunal y en una dinámica de la economía que merece precisarse para comprender uno de los problemas más complicados de grandes centros urbanos. Ese proceso adquiere mayor complejidad porque se desarrolla en un espacio de derechos, el de “la vivienda adecuada”. Derecho social cuyo contenido fue ampliado en 1994 con la reforma de la Constitución nacional. Además de estar consagrado en el artículo 14 bis y en el 31 de la Constitución de la Ciudad, se encuentra reconocido en numerosos instrumentos internacionales que gozan de jerarquía constitucional en el país.

Ese derecho social se enfrenta a la lógica de funcionamiento del mercado. La actividad inmobiliaria ha tenido un avance sostenido desde el 2003 al ritmo del fuerte crecimiento económico. En un contexto de bajas tasas de interés que no seducen a la tradicional especulación financiera, capitales excedentes de rentas de fuentes diversas generaron un boom inmobiliario. Ese mercado se convirtió en un espacio de inversión de capitales con una elevada cuota de especulación. Este ciclo tiene un aspecto virtuoso de generación de empleo y dinamizador de actividades vinculadas a la construcción. Y contiene también su lado oscuro: pese a la construcción de miles de unidades, que muchas permanecen deshabitadas destinadas a la clase media y alta, se ha agudizado el déficit habitacional en la ciudad. Desequilibrio que se intensificó a partir de la presión para la venta de terrenos disponibles y el aumento significativo de los precios de las propiedades.

Ese auge del negocio inmobiliario y de la construcción incrementó sustancialmente el valor del suelo y de los inmuebles, restringiendo aún más el acceso a la vivienda de los sectores de menores recursos, que tienen vedada por ingresos la posibilidad de recibir un crédito hipotecario en el sistema bancario formal. La necesidad de contar con terrenos para nuevos emprendimientos urbanos impuso el cambio de destino de muchas viviendas, en especial de las casas alquiladas u ocupadas en forma irregular por personas pertenecientes a los sectores medio-bajo o bajo, lo cual produjo su desplazamiento a la periferia de la ciudad. A la vez, por el alza de los precios de los inmuebles, aumentaron considerablemente también el valor de los alquileres y los requisitos exigidos para calificar como locatario, lo que también excluyó del mercado a los sectores medios y medio-bajos. De ese modo, el terreno en las ciudades deviene un espacio de luchas del mercado, los sectores sociales con necesidades insatisfechas y el Estado.

En el Informe 2009 “Derechos humanos en la Argentina”, del CELS, se publicó el trabajo Déficit habitacional y desalojos forzosos en la Ciudad de Buenos Aires: apuntes sobre una política de expulsión y desresponsabilización, elaborado por las investigadoras Pilar Arcidiácono, Laura Royo, Gabriela Kletzel y Karina Kalpschtrej. En ese documento explican que “como consecuencia de este fenómeno económico, hubo un fuerte incremento en la cantidad de procesos de desalojo ingresados a la Justicia”. Mencionan que si bien en su mayoría se trata de procesos impulsados por particulares (según datos proporcionados por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, entre 2006 y 2008 se iniciaron 12.661 expedientes de este tipo), también hay una gran cantidad que han sido promovidos por el propio Gobierno de la Ciudad en tierras e inmuebles que están bajo su dominio, y por el Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (Onabe), respecto de terrenos de propiedad del Estado nacional. “Detrás del aumento de los desalojos pueden observarse tendencias que permiten hablar de una auténtica ‘lógica de expulsión’ de los sectores más vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, señalan esas especialistas, quienes ya advertían que el gobierno de la Ciudad “sigue sin proponer soluciones estructurales, al mismo tiempo que, al elegir la vía de los desalojos forzosos como única respuesta, agrava la crisis habitacional”.

En la revista virtual Voces del Fénix, producida por el grupo de economistas del Plan Fénix, en su primera edición de junio de este año se publicó Derecho a la Ciudad. La dinámica de crecimiento urbano, el déficit habitacional y las asignaturas pendientes, de Andrea Catenazzi y Eduardo Reese, investigadores del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional General Sarmiento. Esos expertos destacan que “en un país donde actualmente más del 90 por ciento de la población vive en ciudades, la relación entre política de vivienda y derecho a la ciudad es una asignatura pendiente, y su revisión se torna impostergable”. Explican que la cuestión de la vivienda forma parte también del mayor o menor acceso a los valores de vivir en la ciudad. “La ciudad expresa la posibilidad de acceder a oportunidades de trabajo, a equipamientos de educación, salud y esparcimiento más especializados; dicho de otro modo, a un conjunto de atributos complejos e indivisibles que no pueden adquirirse como mercancías, aunque se reflejan en el precio de las propiedades residenciales urbanas.” En ese sentido, Catenazzi y Reese indican que el precio del suelo desplaza a los sectores populares y a la vivienda social a zonas cada vez más alejadas. En ciudades divididas y fragmentadas entre porciones legales con infraestructura y porciones pobres y precarias, “la población en situación desfavorecida termina por tener escaso acceso a las oportunidades de empleo, cultura y esparcimiento” al ser expulsada a la periferia.

El documento que integra el Informe del Cels fue escrito casi dos años antes del estallido de Villa Soldati, pero parece elaborado el día posterior a su contención. En sus conclusiones se revela que lo sucedido en el Parque Indoamericano, como su resolución, tiene su matriz en una predeterminada política comunal:

- Se puede afirmar que la respuesta estatal se caracteriza por la falta de un abordaje integral de la problemática y la persistencia de formas parciales de intervención que han sido una constante y que, llamativamente, no se han modificado a pesar del agravamiento de la cuestión.

- De este modo, se pasa de la absoluta omisión y falta de visibilización de algunas problemáticas –como el caso de los asentamientos informales– a las múltiples intervenciones, fragmentadas y desarticuladas.

- Esto se ve agravado por la falta de voluntad política para desarrollar una solución integral, lo que puede observarse tanto en la frecuente subejecución presupuestaria como en la escasa asignación de fondos públicos para sostener las intervenciones declamadas.

- A esto hay que agregar las falencias propias del diseño, implementación y control de cada una de las respuestas existentes.

Esa descripción analítica se traduce en números de la propia gestión macrista: en 2009 se redujo drásticamente el presupuesto del Instituto de la Vivienda de 519 a 120 millones de pesos. Este recorte afectó a las obras en marcha. El incumplimiento en el desarrollo de políticas habitacionales se debe a que existen varios organismos intervinientes –el Instituto de la Vivienda, la Unidad de Gestión e Intervención Social y los ministerios de Espacio Público, Desarrollo Social y Desarrollo Económico–, lo que genera una fragmentación con una superposición de funciones y poca claridad en las adjudicaciones de viviendas. Los fondos disponibles para la Corporación Sur destinados a la urbanización de villas y la finalización del hospital de Lugano también se han reducido hasta un 50 por ciento. En esa zona de la ciudad estalló la crisis por viviendas.

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