Las especulaciones en torno de la calificación y estatus de la Argentina frente al GAFI, organismo plurinacional a cargo de la supervisión del combate al lavado de dinero, llevó a que desde algún sector ayer se insistiera en que el país había sido incluido en “una lista gris” por deficiencias en el control de los delitos financieros. El Ministerio de Justicia desmintió esa versión e insistió en que el GAFI, en su encuentro plenario de la semana pasada en México, “reconoció el importante esfuerzo” hecho por Argentina en materia de legislación del delito, expresando “algunas preocupaciones específicas”, pero sin fijar ningún tipo de sanción al respecto.

El documento publicado en la página oficial del GAFI reconoce, efectivamente, “los importantes esfuerzos legislativos apuntados a mejorar la criminalización del lavado de dinero”, pero señala que existen deficiencias remanentes, “esperando progresos más sustanciales para octubre de 2011”, fecha de la próxima revisión. En definitiva, el país sigue bajo observación –como ya se encontraba desde el anterior informe, de febrero de este año–, a la espera de nuevos avances, lo cual contradice la supuesta baja de calificación o inclusión del país en una lista de amonestados.

Después de décadas de absoluta ausencia de control a la entrada y salida de capitales –particularmente en los ’90, cuando no sólo no se controlaba, sino que se facilitaba la circulación de fondos sin declaración de origen–-, desde que el gobierno nacional intentó poner en marcha mecanismos de regulación se desató una dura resistencia de los grupos dominantes en el sector financiero y de sus habituales voceros. Tanto la AFIP primero, como la Unidad de Información Financiera (UIF) luego, cuando fue creada, y el Banco Central desde que cambió de conducción (cuando Redrado fue reemplazado por Marcó del Pont) fueron blanco de duras críticas por una intromisión en los negocios privados que supuestamente ponía en riesgo la seguridad jurídica y desalentaba la inversión extranjera. Desde estos mismos sectores surgió la campaña por descalificar las acciones para sancionar el delito financiero (reciente sanción de la Ley contra el Lavado y reforma del Código Penal).

Argentina recibe, desde hace años, una serie de “observaciones” por parte del GAFI concernientes a la tipificación criminal del lavado de dinero. El Gobierno presentó un proyecto de ley en tal sentido el año pasado, incluyendo una reforma al Código Penal para calificar como delito autónomo al lavado de dinero. Antes, sólo podía considerarse delito si se demostraba que estaba ligado –como encubrimiento– a otro delito en la operación de origen del dinero. Pero su tratamiento se demoró hasta este año.

La representación argentina, encabezada por el ministro Julio Alak, viajó a la reunión del GAFI en México con la ley ya sancionada más la promulgación y reglamentación que fue publicada recién en los últimos días. Esta última contempla algunas, al menos, de las exigencias del GAFI, pero no llegó a ser considerada en el plenario. Sí lo hizo el organismo regional, el Gafisud, que consideró que “la Argentina cumplió con cinco de las seis recomendaciones que había hecho el organismo (GAFI)”. Este informe del Gafisud será expuesto ante el plenario en la próxima reunión de octubre. De ser aprobado, se podrían dar por superadas gran parte de las “deficiencias” señaladas en el informe del GAFI de ayer.

Textualmente, la declaración del GAFI sobre los progresos hechos por Argentina desde el anterior informe (febrero de 2011) reconoce “el importante esfuerzo legislativo apuntado a criminalizar el lavado de dinero”. Sin embargo, expresa ciertos “defectos” en el logro de dicho objetivo que “requerirán una posterior aclaración”.

“Todavía no se alcanza un progreso sustancial en mejorar la criminalización de la financiación del terrorismo y hay un gran número de otras deficiencias restantes”. “El GAFI está seriamente preocupado por el riesgo de que tales deficiencias se mantengan y continuará con la revisión” de las medidas que se adopten en la materia. Este último párrafo fue destacado por el Ministerio de Justicia en su comunicado de ayer, para diferenciar “las observaciones” de la supuesta inclusión del país en una lista de países “con bajo nivel de cumplimiento de sus planes de acción”.