La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) adhirió como organismo de control al régimen de Declaración Jurada Anticipada de Importaciones (DJAI) que instrumenta la AFIP. A partir del convenio que firmaron el titular del organismo recaudador, Ricardo Echegaray, y el interventor de la Anmat, Carlos Alberto Chaile, esa dependencia del Ministerio de Salud tendrá facultades para realizar “observaciones” sobre los pedidos de ingreso de productos al país que estén vinculados con su área. Por otro lado, las autoridades de Comercio Exterior liberarán licencias no automáticas de importación (LNA) para productos de Uruguay que estaban atrasadas, luego de la queja del país vecino.

El sistema de pedido anticipado de información comenzó a funcionar la semana pasada y hasta ahora los importadores no han presentado mayores quejas. De todas formas, todavía no han transcurrido los 15 días corridos que tiene la Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Guillermo Moreno, para evaluar cada operación y eventualmente avisar que no autorizará despachos. Ayer se sumó al sistema la Anmat, integrada por el Instituto Nacional de Medicamentos (Iname) y el Instituto Nacional de Alimentos (INAL). Esos organismos se ocuparán de evaluar las importaciones de medicamentos, alimentos y productos de tecnología médica. El INAL ya actuó en diversas oportunidades de forma coordinada con Moreno. “La adhesión de la Anmat servirá para darles mayor previsibilidad a las operaciones de comercio exterior”, indicó Ricardo Echegaray. El convenio tiene vigencia por el lapso de un año, pero puede prorrogarse.

La política de administración comercial que aplica Argentina ha suscitado críticas en empresarios y funcionarios de países con los cuales hay vinculaciones comerciales, como en el caso de Uruguay. Para aplacar esos cuestionamientos, el gobierno nacional a través de la secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri, se comprometió ante el vicecanciller de Uruguay, Roberto Conde, a permitir el ingreso de mercancías que estaban frenadas a partir de licencias no automáticas de importación. Según fuentes privadas, esos productos sumarían 4,3 millones de dólares. La medida desactivó el armado de una misión especial de empresarios que pretendía llegar a Buenos Aires para analizar los problemas con autoridades nacionales, del mismo modo en que lo hizo el titular de la Federación de Industrias de San Pablo (Fiesp), Paulo Skaf.

En declaraciones a la prensa uruguaya, el presidente de ese país, José “Pepe” Mujica, criticó las medidas de protección comercial que aplican Argentina y Brasil. “Desde el punto de vista real, el Mercosur existe, pero desde el punto de vista jurídico está todo hecho un chicle. Si nadie respeta los compromisos, nosotros no estamos obligados a respetar tampoco”, indicó. De todas formas, admitió que “en la relación bilateral con Argentina el comercio es importante, pero es lo tercero. Lo primero es la inversión inmobiliaria y lo segundo es el turismo, que han dinamizado la economía en los últimos años”. El gobierno argentino, por su parte, mantiene un reclamo histórico con Uruguay para que brinde información financiera y así facilite los controles impositivos.