Tanto desde el gobierno nacional como desde las administraciones provinciales, las declaraciones de las últimas horas estuvieron apuntadas a mantener el grado de presión sobre las empresas concesionarias de áreas petroleras, cuestionando su voluntad inversora. Ayer, en el discurso que pronunció en la conmemoración del Bicentenario del primer izamiento de la bandera, la Presidenta de la Nación recordó el alto costo que tiene para el país importar el combustible que las petroleras dejan de producir por falta de inversiones. En paralelo, varios gobernadores de provincias con petróleo en su subsuelo sumaron su reclamo a los concesionarios de aumentar la producción, anticipando en caso contrario la decisión de revertir la administración de dichas áreas.

La relación entre el gobierno nacional y las petroleras, en particular con YPF, se fue deteriorando en las últimas semanas por diversas actitudes achacadas a la empresa: sobreprecios en la venta de gasoil y de JP1, incumplimiento de planes de inversión, reducción del uso de capacidad instalada en refinerías y, finalmente, la negativa a la participación del representante del Estado en la última reunión de Directorio.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, se sumó a la voz de los mandatarios provinciales que en los últimos días demandaron a las concesionarias petroleras el cumplimiento de sus compromisos de inversión. “Cuando tengamos toda la información sobre las inversiones y volúmenes de producción de cada empresa, tomaremos una definición sobre las áreas concesionadas y, sin duda, revertiremos las de las empresas que no hayan cumplido con sus compromisos”, sentenció el jefe de gobierno rionegrino.

Martín Buzzi, gobernador de Chubut y titular de la Organización Federal de provincias hidrocarburíferas (Ofephi), ya había adelantado a Página/12, en un reportaje publicado el último domingo, que si en el término de dos semanas “no hay señales” de parte de las productoras, en particular de Repsol, de su intención de acelerar las inversiones, se avanzaría en el proceso de reversión de las áreas a la administración provincial. En el mismo sentido se pronunciaron en las últimas horas los mandatarios de Santa Cruz, Tierra del Fuego, Neuquén, Jujuy y Formosa.

Weretilneck identificó a YPF como “la empresa concesionaria que menos ha invertido”. Agregó que “cuando todas las operadoras nos eleven información sobre sus inversiones y volúmenes de producción, tomaremos la decisión sobre las áreas concesionadas y, sin duda, revertiremos las de empresas que no hayan cumplido con sus compromisos”. Precisó que “YPF años atrás era el principal inversor de la provincia, pero en estos últimos años, siendo el principal operador, no ha sido el que más invirtió, y eso implica menos producción, consecuentemente menos regalías, y fundamentalmente menos empleo”.

“Estamos dispuestos a revertir concesiones”, insistió, y explicó: “Las áreas son provinciales y fueron concesionadas para mejorar los recursos de la provincia, la calidad de vida de sus habitantes, y tenemos que hacer cumplir esto”. “La mayoría de los contratos vigentes vencen entre 2015 y 2017 y si no hay inversión no se puede permitir que continúen inactivos en manos de quienes no parecen interesados”, señaló. En ese sentido, afirmó que “YPF es la que menos ha invertido, respecto de otras operadoras como Entrelomas, Petrobras y Apache, que, aunque más pequeñas, sí lo han hecho”, y remarcó que es también “la única cuya curva de producción es decreciente”.

Weretilneck indicó que recientemente la provincia debió intervenir para reactivar el yacimiento Medanito, el más importante de Río Negro, que estuvo inactivo durante cuatro meses. Las declaraciones de Weretilneck están en línea con lo resuelto en las dos últimas reuniones del Ofephi, en las cuales “se han tomado decisiones conjuntas con los otros mandatarios de las provincias involucradas y el gobierno nacional”.

El pasado viernes las provincias petroleras que integran la Ofephi exigieron a las operadoras incrementar 15 por ciento promedio el nivel actual de producción de hidrocarburos en un plazo de dos años y advirtieron la posibilidad de quitar la concesión de explotación a las empresas que no cumplan los objetivos.