Al mismo tiempo que los equipos jurídicos de Repsol preparaban la ofensiva legal contra Argentina en la Ciadi (Corte de controversias dependiente del Banco Mundial), un medio financiero de Nueva York se hizo eco de las advertencias que habría lanzado su titular, Antonio Brufau, a sus pares de empresas petroleras estadounidenses, amenazando con demandarlos si se asociaran con la nueva YPF.

Exxon, Chevron y Connoco Phillips habrían sido las firmas sobre las que Repsol arrojó sus dardos. Se trata de las firmas cuyos representantes en Latinoamérica han mantenido contacto, en las últimas dos semanas, con la intervención en YPF dispuesta por el Poder Ejecutivo el mismo día en que anunció el anteproyecto de expropiación de la mayoría accionaria de la compañía, el 16 de abril. Brufau les habría enviado una nota a las autoridades de cada una de estas firmas, según cuenta Financial Times, advirtiendo que Repsol llevará a cabo “las acciones o procedimientos legales necesarios” para proteger su inversión y “para evitar cualquier interferencia indebida o la competencia desleal por terceros que, aprovechándose de las circunstancias actuales, puedan adquirir directa o indirectamente participaciones en activos de YPF”.

La misiva también amenaza con demandar a toda aquella firma que “lucre a costa de Repsol” o “perjudique la capacidad de Repsol para defender y recuperar plenamente sus derechos”. En tono más conciliador, pero después de formulada la amenaza, la nota concluye afirmando que “estamos seguros de que vamos a contar con su comprensión y apoyo”.

En las oficinas de Repsol en Madrid, en tanto, se daban los últimos retoques a la demanda que se presentaría horas después ante la Ciadi (Corte Internacional de Arreglo de Diferencias por Inversiones, organismos del Banco Mundial para controversias), denunciando el supuesto incumplimiento del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones firmado en 1991 entre Argentina y España. La compañía no sólo reclamará “un precio justo” por las acciones expropiadas, sino que pedirá también “indemnizaciones correspondientes a los daños causados”. Según fuentes españolas, Repsol reclamaría un resarcimiento de 8000 millones de euros (aproximadamente 10.500 millones de dólares) en compensación de su participación accionaria.

Que Repsol está en problemas no sólo es una apreciación que surge de la firmeza de la posición argentina y el fuerte apoyo que el proyecto de expropiación obtuvo en el Congreso. El segundo accionista principal de la petrolera española, el grupo constructor Sacyr Vallehermoso, ratificó su intención de vender su paquete accionario, para la cual anunció que “sólo está esperando el momento”, en función de su valorización de mercado.

Sin embargo, el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy, insistió en una entrevista periodística en descalificar la posición argentina, al señalar que “a veces, alguno intenta ocultar sus propias debilidades haciendo supuestos actos de autoridad, pero eso les hace mucho daño (a la Argentina), porque la pérdida de confianza en ellos es tremenda, como es natural”. Rajoy intentó así desacreditar la idea prevaleciente en España repecto de que la postura del gobierno peninsular en “el caso YPF” es una muestra más de su debilidad.