El documento que emitió la Mesa Agropecuaria bonaerense declarando el lockout comercial por nueve días no dejó lugar a dudas: el eje de su rechazo a la reforma impositiva propuesta por el gobierno de Daniel Scioli es el revalúo fiscal. “Ante la afrenta a las instituciones que significó haber sacado por decreto el desmesurado aumento de las valuaciones fiscales...”, comienza el documento emitido el jueves por la tarde, minutos después de que se hiciera pública la firma del decreto y cuando aún la Cámara de Diputados no había tratado el proyecto reformulado, que más tarde volvería al Senado para convertirse en ley. El ruido que generó la protesta exacerbada de los ruralistas (“confiscatorio zarpazo fiscal”, calificaron las modificaciones en el Impuesto Inmobiliario Rural) logró tapar al oído de los pequeños productores las explicaciones oficiales sobre los alcances de los ajustes: un 62 por ciento de las partidas rurales no pagarán mayor impuesto anual tras el revalúo y los cambios de alícuotas. Incluso el 20 por ciento tributará menos. Sin embargo, se impuso el llamado al lockout y esta semana amenazan con convertirla en una protesta nacional. El porqué de una reforma que beneficia, aparentemente, a los pequeños productores termina arrastrando a todos en una medida de fuerza de rechazo, incluso con cacerolazos de acompañamiento en esquinas porteñas acomodadas, se explica por las características diferenciales, precisamente, de los cambios en el impuesto. Los terratenientes de la “zona núcleo”, la más enriquecida por el crecimiento del valor de las tierras en los últimos años, y los dueños de campos que explotan en alquiler, son los más perjudicados por la reforma. Son los menos, pero los que más se escuchan, por las bocinas y medios de comunicación que manejan.

Según se cita en varios de los documentos que los representantes del Ejecutivo provincial hicieron llegar a la Legislatura, “desde 1955 no se aplicaba un revalúo integral en el campo. Las tierras hoy tienen un valor fiscal que ronda entre el 10 y el 15 por ciento de su valor real”. El revalúo que se aplicó en 1998 sólo alcanzó a las partidas urbanas, que en 2003 se extendió a los inmuebles rurales pero en forma parcial, “negociada” con las entidades del sector. En 2007 se aplicó un nuevo ajuste en las valuaciones sólo a los inmuebles urbanos, y en los años siguientes hubo varios intentos de parte del gobierno de Scioli por impulsar su extensión a la zona rural, pero una y otra vez debió ceder ante la fuerte presión de los ruralistas.

El gobierno de Felipe Solá logró, a partir de 2004, “acordar” con los ruralistas un mecanismo de ajuste del Impuesto Inmobiliario Rural a través de un valor índice que, anualmente, ajustara el tributo que debía abonar cada partida. Así, si el valor índice arrancaba de un valor 100 para el año 2003, si al año siguiente el gobierno provincial fijaba un valor índice 108, significaba que el propietario rural pagaba 8 por ciento más de valor de impuesto. Pero el valor fiscal de su propiedad no se modificaba. Ese pasó a ser el eje del acuerdo. Acuerdo que, a ojos de los terratenientes, ahora “Scioli rompió”.

A través de este mecanismo, el inmobiliario rural fue manteniendo parte de su incidencia a través de una suerte de “suba implícita” de la alícuota (la tasa) del impuesto, pero perdía relevancia en la recaudación. Este impuesto que, tradicionalmente, representó la décima parte de los recursos provinciales pasó a ser apenas el 2 por ciento de la recaudación provincial, lo que equivale a una redistribución del ingreso a favor de los terratenientes. Desde los impuestos, se estaba aplicando una de las políticas más regresivas imaginable.

La reforma impositiva que llevó el gobierno bonaerense al Poder Legislativo intentó reordenar la carga, pero sin parches ni compensaciones que con el tiempo se convirtieran en una nueva distorsión. Para ello, aplicó un revalúo fiscal (finalmente salió por decreto), en base a un trabajo exhaustivo hecho por la Dirección de Catastro provincial para alcanzar una valuación de las tierras que se correspondiera, proporcionalmente (en ningún caso se llega al ciento por ciento del valor de mercado), con los diferenciales que existen entre regiones y distritos de la provincia. El segundo componente de la reforma es que se toma, a partir de un valor de la tierra que se considera un “óptimo” para cada región o distrito, una detracción o rebaja que se deduce de una declaración jurada que hace cada propietario. Por ejemplo, un terreno no es óptimo –para el criterio de valuación fiscal– si en su perímetro existe una laguna, porque le resta superficie sembrable. “En general, bajo ese criterio ninguna partida llega al 70 por ciento de la valuación óptima, es decir que todos los propietarios gozan como mínimo de una reducción del 30 por ciento del valor fiscal predeterminado”, señaló a este diario uno de los responsables de Catastro, el subdirector Hernán García Zúñiga.

El otro elemento clave es que la reforma aplica una diferenciación de alícuotas, que van del uno al cuatro por ciento, según la calidad de la tierra en cada zona. Una parcela en Pergamino ya no pagará lo mismo que otra en Patagones (bien al sur de la provincia). Como además se elimina el coeficiente de ajuste anual (creado por Felipe Solá), la alícuota explícita tanto como la implícita pasan a tener un componente de progresividad que no tenían.

En base a esta nueva estructura del impuesto, se estima que de los aproximadamente mil millones de pesos que se recaudan actualmente, pasaría a tributarse aproximadamente 400 millones más. La carga recae sobre el 38 por ciento de las partidas, sobre un total de aproximadamente 300 mil propiedades rurales que existen en la provincia. Ese 38 por ciento (unas 115 mil partidas) son las que aportarían no sólo los 400 millones adicionales, sino lo que dejan de pagar los más pequeños (el 20 por ciento), a los cuales por la reforma se les reduce el impuesto.

Ese 38 por ciento constituye el núcleo duro del poder rural y se encuentra concentrado fundamentalmente en los partidos del área sojera del centro y norte de la provincia, con tierras cuyo valor por hectárea supera los 15 mil dólares. Las autoridades bonaerenses estiman que ese 62 por ciento de propietarios que no pagará más impuesto está representado por aquellos que, en general, no alcanzan las 92 hectáreas. Aunque por zona, ese límite o umbral se modifica de acuerdo con las diferencias de valuación fiscal y alícuota del impuesto. Un mapa elaborado por la Dirección de Catastro y Recaudación de la Administración de Rentas de Buenos Aires (ARBA) determina:

- En Gonzales Chaves no registrarán subas de impuestos los campos de hasta 180 hectáreas;

- En Junín, la suba afecta a campos a partir de las 77 hectáreas.

- En el caso de Lincoln, las nuevas valuaciones implican que no registren ningún tipo de incremento las propiedades de menos de 134 hectáreas.

- Y en Pergamino, una de las zonas más fértiles de la provincia, los propietarios con campos de más de 32 hectáreas deberán pagar más impuesto inmobiliario.

A los propietarios de Pergamino, en particular, no les preocupará demasiado que aumente en un 50 por ciento o se duplique el Impuesto Inmobiliario Rural, por el que pagaban una cifra insignificante para su capacidad contributiva. En cambio, les inquieta más que la nueva valuación fiscal explicite el nivel de sus patrimonios, porque ello les subirá sensiblemente el monto imponible del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta que pagan los inmuebles rurales, explotados o no, con una tasa del uno por ciento. Muchos de los propietarios de esas tierras no “trabajan” en el campo, sino que lo alquilan y administran desde sus casas en barrios acomodados de esta Capital. No habrán estado ausentes en los cacerolazos promovidos en sus zonas de residencia. Hasta habrán mandado a sus empleadas a manifestarse contra el “zarpazo confiscatorio”.