“Entre los años 1976 y 1983 existió un entramado cívico militar del aparato represivo, con un grupo de tareas integrado por la División Bancos de la Policía Federal, que trabajaba en conjunto con los funcionarios del Banco Central y la CNV. El objetivo fue liquidar empresas, bancos y extorsionar empresarios. Para ello se cometieron delitos de lesa humanidad, que en última instancia perseguían un fin económico.” Esta será una de las principales conclusiones de un informe que está elaborando la Comisión Nacional de Valores a partir del análisis de una serie de actas y documentos oficiales donde aparece la vinculación y participación sistemática de estas dependencias del Estado con los crímenes de la última dictadura. Uno de los que aportaron información a la CNV fue Eduardo Saiegh, ex dueño del Banco Latinoamericano, quien vinculó la participación de la División Bancos de la PFA con las actuaciones del ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y el ex vicepresidente del BCRA Alejandro Reynal como los instigadores de la “liquidación” de su empresa. La Secretaría de Derechos Humanos es coquerellante en esa causa.

La CNV, conducida por Alejandro Vanoli, creó a fines del año pasado una oficina de Derechos Humanos para investigar las distintas actas del organismo elaboradas durante el período 1976-1983. Desde el inicio de la última dictadura, la CNV funcionó como un brazo de las Fuerzas Armadas para instigar la liquidación de empresas y bancos. Lo hizo comisionando a un grupo de abogados y contadores como inspectores del Primer Cuerpo del Ejército. Uno de ellos fue Julio Eduardo Juan Spinosa, quien se ocupó de hacer un seguimiento del caso Papel Prensa. También participó de la asamblea en la que se concretó el “traspaso” de la papelera a los diarios Clarín, La Nación y La Razón.

En una primera etapa, los peritos de la CNV actuaban a “pedido” en casos puntuales. En 1978, el Primer Cuerpo del Ejército solicitó que se formalizara una comisión de cuatro peritos para el desarrollo de tareas dentro de ese comando. En el acta 711, Nota N° 63/78, quedaron designados los abogados Spinosa y Carlos Berini, y los contadores Horacio Miguel Núñez y Pedro Vicente García.

“Este grupo de inspectores participó de allanamientos y sesiones de tortura. Los documentos que encontramos dan cuenta de cómo se hacía inteligencia conjunta entre la CNV y el Banco Central para que los militares llevaran adelante los interrogatorios”, explicó a Página/12 Vanoli, quien agregó que varios de los documentos encontrados fueron remitidos a la Justicia. En dichas actas figuran los vínculos entre Juan Alfredo Etchebarne, quien era el titular de la CNV en aquellos años, y Adolfo Diz, ex titular del BCRA, y hoy profesor titular de Finanzas Internacionales de la ortodoxa Ucema.

El disparador de este informe fue la causa de Papel Prensa. Sin embargo, el trabajo no se centrará en este caso, sino que estará focalizado en detallar la metodología aplicada en diferentes hechos, que dan cuenta de los vínculos políticos y económicos con la represión. Entre esos ejemplos se narrará la historia del Banco Hurlingham y un conjunto de empresas vinculadas a esta entidad (grupo Chavanne-Grassi).

Un dictamen reciente del fiscal Federico Delgado, que está investigando los casos de Reynaldo Defranco Fantín, del ex Banco Odonne y del grupo Chavanne-Grassi, estableció la vinculación del Banco Central y la CNV en la persecución a empresarios. “El BCRA venía siguiendo de cerca al Banco Hurlingham desde septiembre de 1976 (resolución Nº461). El 17 de diciembre de 1976, el grupo Chavanne compró el Banco Hurlingham al grupo Graiver y fue responsable de su administración unos pocos meses, hasta que el Ministerio de Justicia designó como interventor a Alfredo Gabriel Cassino, vicepresidente de la CNV, quien reemplazó al directorio nombrado por el grupo Chavanne. Tanto Industrias Siderúrgicas Grassi como el Banco Hurlingham fueron tomados luego como “patrimonio nacional”, narró el fiscal.

El Banco Central y la CNV no actuaban solos, sino que ejecutaban sus allanamientos junto con la División Bancos de la Policía Federal. Eduardo Saiegh, ex dueño del Banco Latinoamericano, aportó datos sobre este entramado. Según la denuncia penal del ex titular del Banco Latinoamericano, que está en el juzgado de Norberto Oyarbide, el grupo de tareas que se encargaba de presionar a los bancos y empresas funcionaba en la División Bancos de la Policía Federal, que tenía su sede central en el Banco Nación. El comisario responsable era Angel Iannibelli y su segundo, Héctor Edgardo Cereda. También integraban esa división el inspector Jorge Humberto Oriolo y el subinspector Juan Carlos Seggio. Según publicaciones periodísticas, Oriolo se desempeñó como subjefe de la Federal hasta diciembre de 2010.

“El modus operandi era el siguiente: primero se fabricaba una denuncia anónima dirigida al Banco Central, sobre alguna irregularidad inexistente. Eso generaba un despliegue de la División Bancos de la Policía Federal, supervisada por Harguindeguy y comandada por el comisario Iannibelli. Era un grupo de tareas especializado y utilizado para este tipo de prácticas ilegales”, indicó a Página/12 Alejandro Rúa, abogado querellante. Por la denuncias sobre el vínculo de la División Bancos de la Federal, Saiegh fue amenazado recientemente: “Judío de mierda, ya te vamos a agarrar. Dejate de joder con la policía”. La jueza federal María Servini de Cubría le dispuso custodia a cargo de Prefectura.

La narración de estos hechos ante la CNV sirvió para determinar una “práctica sistemática ejecutada por los mismos actores, en distintos casos”. Otro de los nombres que se repiten en la información encontrada por el ente regulador del mercado de capitales y los distintos casos analizados es el de Alejandro Reynal, ex vicepresidente del BCRA y actual vicepresidente del MBA Lazard Banco de Inversiones.

Antes de su secuestro, Saiegh estaba en negociaciones para vender su banco al Crédit Lyonnais. Pero, durante su cautiverio, Reynal logró desviar la compra hacia el Banco Tornquist, propiedad de Francisco Capozzolo, amigo de Albano Harguindeguy. Según consta en el legajo policial de Cereda, recibió un premio del Tornquist, para la misma fecha del secuestro de Saiegh.

El fiscal Eduardo Taiano le solicitó al juez Oyarbide que Reynal sea investigado por delitos de lesa humanidad, en relación con su participación en la liquidación del Banco Latinoamericano. Además, la querella le pidió al magistrado un conjunto de pruebas relacionadas con la División Bancos de la Federal, que fue rechazada por Oyarbide. La querella apeló ante la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones y está a la espera de una resolución.

[email protected]