La calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) rebajó la calificación de la deuda externa Argentina de “B” a “B-”. La compañía decidió reducir la nota de los bonos argentinos como resultado del fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que ratificó un pedido de fondos buitre por trato discriminatorio por parte de la Argentina respecto de los tenedores de bonos que entraron al canje de deuda. Además del reciente fallo judicial, la empresa enumeró en forma negativa la decisión de Chaco de cancelar en pesos vencimientos establecidos en dólares, la retención de la Fragata Libertad en Ghana y la deuda pendiente con el Club de París. Pero la argumentación de S&P va más allá, al aludir a “las políticas establecidas desde las elecciones presidenciales de octubre de 2011” como un factor negativo. Por su parte, la compañía Fitch puso la nota de las emisiones argentinas bajo “vigilancia negativa” y amenaza con considerar en default la deuda argentina si Argentina experimenta algún retraso en el pago de los vencimientos producto de la puja judicial en Nueva York.

La decisión de S&P para reducir la nota de la deuda fue disparada por el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones en contra de la posición argentina. La calificadora considera que esa situación genera al Gobierno “crecientes desafíos para diseñar su política económica y de manejo de la deuda”. No obstante, en el comunicado difundido ayer, la firma explica que la calificación responde a su rechazo y cuestionamiento de las políticas implementadas por el gobierno nacional.

Sin rodeos, los analistas de S&P cuestionan la política de administración comercial –“restricciones sobre el comercio internacional”–, las limitaciones para la compra de divisas, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y “la creciente intervención del sector público en sectores de la economía”. Para concluir, la empresa propiedad del grupo editorial McGraw-Hill apunta contra el gasto público y el tipo de cambio al considerar que “estas acciones podrían exacerbar las debilidades existentes en la economía de Argentina, incluyendo la elevada inflación que continúa apreciando el tipo de cambio real del país y los cada vez más rígidos gastos gubernamentales, y dar por resultado un deterioro del panorama fiscal de mediano plazo y de las condiciones para la inversión”. En su comunicado, S&P reconoce algunos elementos positivos como la política de desendeudamiento, pero advierte sobre potenciales dificultades para enfrentar el pago del Cupón PIB a mediados de diciembre.

Aunque las calificadoras de riesgo decidieron “castigar” y “amenazar” al país, ambas empresas reconocen que el pago de los vencimientos de deuda no está en riesgo. “No esperamos que el fallo del Tribunal de Apelaciones en Nueva York tenga un impacto inmediato sobre el servicio de la deuda”, afirma S&P. A pesar de la creciente incertidumbre que observa, Fitch sostiene que “en la actualidad entendemos que el gobierno de Argentina no está limitado legalmente para realizar los pagos sobre sus deudas bajo la legislación de Nueva York sin hacer pagos a los demandantes (los fondos buitre)”.

Fitch amenazó con colocar la calificación de la deuda argentina en “default restrictivo” y los bonos en una situación de cese de pagos, aunque las condiciones macroeconómicas y la existencia del Fondo del Desendeudamiento contradigan esa decisión. Fitch anuncia que va a “seguir monitoreando cómo evoluciona este caso y hasta qué punto impide la posibilidad de Argentina para pagar sus obligaciones emitidas bajo legislación de Nueva York en tiempo y forma” y afirma que si el país llega a “perderse un pago” será considerado como un cese de pagos. Si eso sucede, explica la empresa en un comunicado, la deuda Argentina será calificada en default.

A diferencia de los análisis que realizan las calificadoras de riesgo, en el equipo económico argentino interpretan que el fallo de la Cámara de Apelaciones no implica ningún riesgo de embargo o retraso de los pagos a los tenedores de bonos. Esos vencimientos se realizan con reservas internacionales del Banco Central, se pagan en la Argentina y cuando se transfiere a la cuenta de los tenedores deja de ser un activo del país para pasar a ser de su receptor. El pago de los bonos con legislación extranjera se deposita en el Bank of New York. Sin embargo, en el Gobierno reconocen que existe una posibilidad de que los fondos buitre interpongan alguna medida para dilatar los tiempos de pago.

Ayer el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, aseguró que “jamás vamos a pagarles a los fondos buitre” (ver aparte). Más allá de las amenazas de las calificadoras de riesgo, ante la posibilidad de dilaciones o riesgo de embargo frente a las presiones de los buitres, el Gobierno tiene previsto como alternativa transferir los fondos hacia alguna cámara compensadora (clearing) o cursarlos a través del Banco Internacional de Pagos de Basilea y evitar así el uso del Bank of New York.