“Estamos haciendo una cuidadosa planificación financiera para seguir operando. La idea es lograr que se revierta el embargo de la Justicia sin que antes se alteren nuestros planes de inversión. No queremos suspender la exploración en Vaca Muerta”, aclaró ayer a Página/12 Ricardo Aguirre, gerente comercial y de planeamiento de negocios de Chevron Argentina. El directivo hace referencia a la medida cautelar con la cual un juez de primera instancia embargó buena parte de los ingresos de la petrolera. Eso responde al pedido de un grupo de demandantes de Ecuador, donde Chevron ya no opera, que busca obtener un resarcimiento para remediar allí un gravísimo daño medioambiental. En Argentina y en varios países buscan ejecutar la sentencia de la Cámara de Apelaciones de Ecuador, que ordenó embargar activos de Chevron por casi 20 mil millones de dólares.

Chevron también descartó que la demanda presentada por Repsol a raíz del acuerdo firmado con YPF tenga impacto en la operatoria. “No alteramos los planes, no creemos que una demanda de esas características pueda tener mayores consecuencias. Tenemos una relación de varias décadas con YPF que pretendemos mantener, más allá del accionista del momento. Estamos decididos a seguir más allá de lo que haga Repsol”, indicó Aguirre.

Los embargos sobre Chevron responden a una compleja trama de intereses y a unos cuantos capítulos judiciales. Se remonta a la actividad de Texaco en Ecuador como socio minoritario, pero controlante de la operatoria, de una serie de yacimientos junto a la estatal Petroecuador, desde la década del ’60 hasta 1990, cuando dejó el país. Las consecuencias medioambientales, coinciden especialistas, fueron desastrosas, porque se vertieron muchos miles de millones de litros de agua tóxica que dejaron inutilizables unas 500 mil hectáreas y produjeron graves consecuencias en la salud de la población indígena que habita la Amazonia ecuatorial.

El primer juicio tuvo lugar en Nueva York en 1993. Especialistas ligados a la parte demandante en Argentina explicaron a este diario que “durante nueve años la empresa rehusó ser juzgada en Estados Unidos y pidió un cambio de sede a Ecuador, en ese momento bajo un gobierno ultraliberal, que fue aprobado por la Cámara de Apelaciones”. En paralelo, Texaco hizo una remediación ambiental por 40 millones de dólares y el gobierno de Ecuador firmó en 1998 un acta de aprobación de ese proceso. En 2001, la segunda petrolera en Estados Unidos, Chevron, adquirió Texaco. Cuando en 2003 se abrió el proceso judicial, la demanda recaló sobre Chevron.

El 3 de enero de este año, luego de varias instancias judiciales, la Cámara de Apelaciones de Ecuador falló en contra de la empresa y ordenó aplicar un embargo de 19 mil millones de dólares. Frente a ello, Chevron volvió a acudir a la Justicia estadounidense y pidió que se suspenda la ejecución. Un juez de primera instancia hizo lugar al pedido, pero la Cámara ratificó la vigencia y agregó que la ejecución puede cumplirse en otros países donde Chevron tenga activos, ya que en Ecuador no tiene.

La apuesta de Chevron es demostrar que el fallo de Ecuador no tiene validez. “Ha habido innumerables casos de falsificación de firmas, informes técnicos y pruebas. Tenemos una enorme cantidad de evidencia que demuestra connivencia entre la parte demandante y la Justicia”, señaló a este diario James Craig, asesor de comunicación de Chevron para América latina. El juicio comenzará el año que viene en Estados Unidos. La empresa denuncia que la demanda está impulsada por fondos de inversión que actúan tipo fondos buitre. Del otro lado aseguran que el único modo de financiamiento de un procedimiento judicial de este calibre es acudir a estudios e inversores que cobren sólo si ganan.

Mientras tanto, demandantes presentaron el caso ante la Justicia nacional y el juez Adrián Miranda, a cargo del Juzgado Civil Nº 61, ordenó, con una medida cautelar, embargar el 40 por ciento de las ventas de Chevron y hacer lo propio con los depósitos bancarios. “El impacto del embargo es muy grande”, planteó Aguirre. Explicó que hace que los clientes de Chevron, las refinerías, retengan el 40 por ciento de los pagos. Del 60 por ciento restante que se deposita en las cuentas de Chevron, se vuelve a retener el 40 por ciento, de modo que el embargo final es del 64 por ciento.

Más allá del litigio, Aguirre confirmó que desde el acuerdo con YPF, “ha habido un fuerte trabajo técnico, que debería desembocar en un análisis económico con una propuesta en términos de inversión y explotación. Eso va a ser una negociación comercial”. La compañía estadounidense tiene amplio conocimiento en la explotación de recursos no convencionales, de ahí la intención de YPF de generar una asociación virtuosa en ese campo.

Todo el equipo de abogados de la filial argentina de la firma con sede en California está ahora avocado a conseguir que el juez reconsidere el embargo. Si no lo hace, el tema pasará a la Cámara de Apelaciones. A la vez, desde la casa matriz hicieron una presentación en la Corte Internacional de La Haya. Los demandantes, por su parte, buscan ejecutar la sentencia también en Canadá, Brasil y Colombia. Chevron es el quinto productor de crudo del país, con operación en Río Negro y Neuquén. Frente al peligro de ver declinar las regalías, el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, se quejó públicamente de la cautelar del juez Miranda.