El Senado convirtió en ley el proyecto que modifica la regulación sobre el mercado de capitales y le otorga a la Comisión Nacional de Valores mayores atribuciones de control. El Frente para la Victoria consiguió 43 votos afirmativos, mientras que 19 senadores votaron en contra. Como viene sucediendo en las últimas sesiones, el oficialismo consolidó un núcleo de votos con sus aliados tradicionales, el Movimiento Popular Neuquino, los legisladores por Tierra del Fuego que representan a Nuevo Encuentro, y se sumó una senadora del PJ de La Pampa y otra de Santa Fe. El único bloque opositor que acompañó al oficialismo en la votación en general fue el FAP, que luego rechazó tres artículos.

Por su parte, la UCR y el peronismo disidente votaron en contra. Los senadores radicales mantuvieron una postura diferente a la de sus colegas de la Cámara de Diputados, quienes habían acompañado en general al FpV. Su argumento fue que con la introducción de un cambio durante la votación en particular en la Cámara baja –la posibilidad de que la CNV designe veedores en caso de gravedad institucional, en defensa de los inversores minoristas, como el propio Estado–, se estaba desvirtuando el objetivo central del proyecto. En el recinto estuvieron presentes el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y el titular de la CNV, Alejandro Vanoli.

El proyecto del Ejecutivo había logrado la media sanción el miércoles de la semana pasada (184 a 24). Sin mediar dilaciones, el proyecto pasó al Senado donde fue tratado en comisión al día siguiente. Una semana después, fue convertido en ley. “La Bolsa no desaparecerá. La idea es que haya cada vez más jugadores. Es imperioso romper el contraste entre tasa de interés y tipo de cambio y la desesperación por el acceso al dólar como atesoramiento. El Estado garantizará los ahorros con una mayor regulación de la CNV. La idea es poder canalizar el ahorro hacia las inversiones productivas en las provincias”, sostuvo Aníbal Fernández, titular de la Comisión de Presupuesto.

Durante la sesión de Diputados se introdujeron varios cambios al proyecto original, muchos de ellos consensuados con la oposición e incluso con los actores del mercado. Pero hubo una modificación que llamó la atención de la oposición. En el artículo 20 se agregó el siguiente texto: “Cuando, como resultado de los relevamientos efectuados, fueren vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios y/o tenedores de títulos valores sujetos a oferta pública, la CNV podrá designar veedores con facultad de veto de las resoluciones adoptadas; y separar a los órganos de administración de la entidad por un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hasta regularizar las deficiencias encontradas”.

Así como existe un núcleo duro que acompaña al oficialismo, el núcleo de la UCR y el PJ disidente tiene cada vez más coincidencias, al menos desde lo discursivo. Ambos cuestionaron al Gobierno sobre la posible “discrecionalidad” en la manera de aplicar la nueva regulación sobre el mercado de capitales. En definitiva, las críticas apuntan a la capacidad de regulación del Estado. “Este es un gobierno con sello anti inversión. El mercado no es otra cosa que un lugar de reunión, donde el Estado debe tener el mínimo interés de que no haya fraude. Nadie pertenecerá a un club para que le peguen. Los que ya están, están, pero no habrá nuevos jugadores en estas condiciones. La intromisión en la actividad privada logra el desaliento”, sostuvo Juan Carlos Romero (PJ Salta).

Por su parte, el radical Gerardo Morales –quien tuvo un cruce con la pampeana María de los Angeles Higonet (ver aparte)– afirmó que el proyecto “vulnera la seguridad jurídica”. Su correligionaria, Laura Montero, fue un poco más específica. “La regulación del mercado quedará en manos del Ejecutivo que podrá tener atribuciones discrecionales. Hubiéramos querido que haya participación de la oposición en el directorio de la CNV”, manifestó la mendocina, aliada de Julio Cobos.

La modificación en el artículo 20 contempla el hecho de que muchas empresas que cotizan en la Bolsa tienen inversiones provenientes del “ahorro público”. Según explicaron a Página/12 desde la CNV, se incluyeron en el articulado “herramientas legales para actuar rápidamente ante situaciones graves que puedan alterar el normal desarrollo de la operatoria diaria y la estabilidad del mercado”.

La capacidad de intervención del Estado apunta a “salvaguardar” las inversiones realizadas que surgen en su mayoría del Fondo de Sustentabilidad de la Anses, que se nutre con los aportes de los trabajadores. Desde esta perspectiva, se habría incluido el artículo para “proteger” dichas inversiones, dato que la oposición pasó por alto.

“Algo de lo que se habló poco en el debate es el rol de las calificadoras, que están cuestionadas en todo el mundo. Las universidades le darán un aspecto totalmente diferente a esta cuestión. Lo otro que no se dijo fue la desmutualización (salvo por una mención de Montero). Para ser socio de la Bolsa había que pagar cinco millones de pesos. Se eliminó ese requisito”, manifestó Miguel Angel Pichetto, titular del bloque del FpV.

Otro aspecto relevante de las modificaciones incluidas durante la sesión de la Cámara baja tiene que ver con una cláusula que sostiene que “en ningún caso se podrán disponer despidos por causa de las disposiciones de la presente ley”. La oposición quería incluir la obligación del Estado de tomar a cualquier empleado de las Bolsas que eventualmente fuese despedido. Los trabajadores de la Bolsa de Comercio estuvieron en la puerta del Senado repartiendo volantes, para que se les garanticen sus fuentes laborales. “No puede haber despido alguno por esta ley. Por eso pedí que la reglamentación sea lo más clara posible en este punto”, sostuvo Fernández al comienzo de su exposición.

La ley será promulgada en los próximos 30 días y luego la CNV tendrá un plazo de 180 días para concretar la reglamentación. Las distintas Bolsas y mercados del país ya comenzaron su lobby para tratar de incidir en esta instancia.