Thomas Piketty recupera una variable ausente en la mayoría de las investigaciones realizadas por los economistas enrolados en la corriente principal: el conflicto distributivo. “No podemos confiar en que las fuerzas naturales queden a cargo de controlar el proceso de concentración de la riqueza. Se requieren instituciones públicas fuertes”, afirma el economista francés durante una entrevista con Página/12. Durante una extensa conversación que mantuvo con este diario antes de regresar a su país, el profesor de la Ecole d’Economie de París reiteró la necesidad de encarar reformas fiscales estructurales como condición necesaria para revertir los procesos de concentración de la riqueza y ampliación de la desigualdad en la distribución del ingreso. Durante su visita por la Argentina para presentar su libro El capital en el siglo XXI, el economista se reunió con CFK y no se privó de cuestionar la calidad de las estadísticas públicas de precios al consumidor y pobreza. “Conozco la historia política argentina y el rol del partido peronista en los ’50 en la mejora de la distribución del ingreso. La Argentina exhibe una mejor situación que otros países de la región”, remarca Piketty antes de advertir que “el Gobierno podría hacer más para modificar el Impuesto a las Ganancias y, por ejemplo, elevar la alícuota máxima que pagan los individuos muy ricos.”

–¿Cuáles son los problemas asociados al proceso de concentración de la riqueza en los países desarrollados que usted describe en su libro?

–Hay consecuencias políticas y económicas. La desigualdad extrema tiende a limitar la movilidad en las sociedades. Se requiere cierto nivel de desigualdad para crecer, pero por arriba de determinado punto la desigualdad es muy perjudicial. El principal riesgo es político ya que puede llevar a la captura e influencia de los procesos políticos por las elites económicas. El conflicto distributivo es el tema central que deben enfrentar todas las sociedades y ciertamente la Argentina es un muy buen ejemplo. Cuando no se logra administrar ese conflicto de una manera pacífica, tenemos una dificultad muy grande para alcanzar el desarrollo económico. Cada país debe resolver con sus propias herramientas ese problema, es algo muy íntimo que depende de su historia. No hay una solución de talle único.

–¿El proceso de concentración es inevitable incluso con una presencia estatal activa?

–Existe el riesgo de que lleguemos a una situación donde la concentración de la riqueza sea mucho más elevada que hoy. No podemos confiar en que las fuerzas naturales van a conducir ese proceso a un final razonable. Se requieren instituciones públicas fuertes. Los estados de bienestar pueden hacer la diferencia, precisamente son una de las razones por las cuales la inequidad no creció en Europa como lo hizo en Estados Unidos. Pero las instituciones de los estados de bienestar son frágiles y están siendo amenazadas. Cuando hay una competencia intensa entre los países para atraer inversiones, los recursos fiscales básicos pueden disminuir y se puede romper el contrato social básico si los pobres y las clases medias tienen la sensación de que pagan más impuestos que los sectores ricos.

–La historia latinoamericana y el desarrollo reciente de la crisis financiera internacional permiten suponer que las elites han efectivamente capturado lo que usted llamó “procesos políticos”.

–La amenaza está presente. Ciertamente en América latina siempre existe una gran tensión producto de la capacidad de influencia de las elites sobre los estados y los medios masivos de comunicación. Hay gobiernos que dicen que se enfrentan con algunos grupos mediáticos que representan los intereses de la oligarquía. Muchas veces eso es una exageración pero muchas otras es real. El conflicto político alrededor de la información y la captura del Estado algunas veces llega a niveles de inestabilidad que es perjudicial para el desarrollo y sólo beneficia a las elites, aunque no estoy seguro de que beneficie a alguien. En el largo plazo, todos se beneficiarían de una redistribución del ingreso más equitativa, incluso las elites, aunque se perjudiquen en el corto y mediano plazo. Por eso se resisten.

–Si bien no existe una receta única que sea extensible a todos los países, ¿cuáles serían las características deseables de las políticas macroeconómicas para avanzar en un proceso de redistribución del ingreso?

–A nivel nacional se requiere una combinación de diferentes políticas fiscales y sociales. La inversión en educación pública de alta calidad es fundamental para reducir la desigualdad. Incluso en algunos sectores el gobierno debe invertir en infraestructura. Las políticas laborales como la actualización de los salarios mínimos son relevantes. En la Argentina, tuvieron políticas impulsadas por Perón, como la mejora en las condiciones de los trabajadores rurales. Las políticas fiscales son importantes. La estructura tributaria de muchos países latinoamericanos como Argentina dependen demasiado de impuestos indirectos que recaen con más fuerza sobre los sectores pobres y de clase media. Hay que reducir su relevancia en la recaudación. Necesitamos que los impuestos directos y progresivos al ingreso, las propiedades y la herencia tengan un peso mayor. En la Argentina, el impuesto a la herencia no existe desde 1976. La composición de los impuestos está directamente vinculada con la historia política de los países.

–Una de las asignaturas pendientes en la Argentina es una reforma fiscal integral. Sin embargo, los intentos por modificar la estructura tributaria para dotarla de más equidad y progresividad fueron duramente resistidos por las elites afectadas.

–Estoy de acuerdo de que avanzar en ese sentido es muy dificil. Me reuní con la presidenta Kirchner y el ministro Kicillof, que me han hecho saber cuánto trabajó el gobierno en la reducción del desempleo y la redistribución del ingreso. Me parece que son sinceros. También me comentaron que enfrentan una prensa hostil, cosa que puedo entender. Sin embargo, me parece que podrían haber hecho más. No ha existido ninguna modificación relevante del Impuesto a las Ganancias para los individuos y han permitido que la inflación haga el trabajo por ellos, permitiendo que cada vez más gente tribute en las escalas más elevadas. La alícuota máxima de 35 por ciento no es tan elevada en términos internacionales, donde las tasas llegan hasta el 50 por ciento, Argentina podría elevarla. Incluso si uno está convencido de que no puede llegar a esos niveles para los deciles de más altos ingresos pero quiere que más gente pague las alícuotas más altas, creo que es un error que la inflación haga el trabajo. Las políticas deben ser más transparentes. La clave es un sistema impositivo directo y progresivo sobre las riquezas, el patrimonio y el ingreso.

–La escasez de divisas para financiar el desarrollo y no la estructura fiscal ha sido históricamente la restricción para el desarrollo en la Argentina y una de las raíces de la desigualdad distributiva.

–Un mejor sistema fiscal es parte de la solución, pero no es la única. La clave para el desarrollo en América latina es generar los ahorros internos, la acumulación de capital y la acumulación de conocimiento para desarrollar otros sectores no vinculados a los commodities sin apoyarse demasiado en la inversión extranjera. El sistema financiero ha sido una fuente de inestabilidad. En los textos de economía se supone que la inversión extranjera es buena, pero en la vida real es muy difícil administrarla. La Argentina es lo suficientemente sabia para no depender demasiado del sector financiero internacional y sí recurrir al ahorro interno.

–El sistema financiero es una fuente de inestabilidad y desigualdad, ¿considera necesario redoblar las regulaciones sobre el sector?

–La libre movilidad de capitales sin regulación estatal es un error. Además, cuando veo cómo el sistema legal de Estados Unidos impone decisiones increíblemente arbitrarias, egoístas e inaceptables como sucedió en la disputa entre Argentina y los fondos buitre, queda clara la necesidad de un sistema más multipolar. China y Europa deben jugar un rol alternativo en el futuro. El marco jurídico para dirigir las reestructuraciones de deuda que se está discutiendo en la ONU es un paso apropiado. El egoísmo alemán al no respaldar la iniciativa es un problema. A fin de cuentas no es una buena decisión para Alemania, que debería recordar cómo se benefició con la reestructuración de su deuda luego de 1945. En ese momento, su deuda ascendía al 200 por ciento del PBI, más que la Argentina quince años atrás, y para 1955 se redujo hasta el 20 por ciento. ¿Qué pasó? Se reestructuró su deuda y permitió que el país invirtiera en educación e infraestructura. Hay que recordar la historia.

–¿Considera que la Zona Euro es sustentable?

–Europa es un desastre. Hubo demasiada austeridad y la consecuencia ha sido la recesión. Si la situación actual prevalece, está en riesgo la continuidad de la moneda común. Pero soy optimista en relación con la región. Necesitamos un nuevo acuerdo para la Zona Euro que sea puesto sobre la mesa por los distintos países a través de un mecanismo más democrático. No hay que tenerle miedo a Alemania. Si salimos del euro y regresamos al estado nación, la extrema derecha siempre será más fuerte y convincente que la izquierda. Estoy muy preocupado. La única chance que tienen los nuevos partidos de izquierda, como Podemos en España y Syriza en Grecia, es promover una solución europea internacionalista. La Zona Euro no funciona, pero la solución no es terminarla. Si no es posible modificar las políticas e instituciones de la región, la única solución para países como Grecia y España será salir de la Eurozona. Se necesitan cuerpos democráticos donde los países sean representados de acuerdo a su población, que estén en condiciones de decidir los niveles de déficit presupuestario para cada país en cada momento histórico. No hay un nivel fijo óptimo. No se puede regir en base a decisiones de hace veinte años. Si no se avanza en ese sentido, la moneda única colapsaría. Una unión monetaria es una gran pérdida de soberanía. Si ya se aceptó esa situación, se deben crear espacios soberanos para la política fiscal.