Especialistas consultados por Página/12 consideran que el Gobierno negoció urgido por sus promesas incumplidas hasta ahora en términos de acceso al crédito externo, recuerdan que la “herencia” no son sólo intereses acumulados sino un país desendeudado y advierten que el pago a los fondos buitre es un paso fundamental para la estrategia de endeudamiento dirigido en beneficio del sector financiero. También indican que si el preacuerdo anunciado se concreta la situación judicial no se resuelve definitivamente porque quedarían holdouts sin arreglo y porque los bonistas del canje pueden iniciar juicios para intentar cobrar mucho más dinero del que recibieron, emulando a sus pares carroñeros.

“El Gobierno sale al mercado para captar recursos para que ingresen capitales al sistema financiero. Supuestamente, el destino final es el aparato productivo. Sin embargo, el salario real está en baja, hay caída del mercado interno, Brasil está en colapso y otros países con los cuales Argentina tenía superávit también están en caída. El complejo automotriz está en baja y los supermercados venden menos que antes. ¿Quién va a invertir? No van a ingresar inversiones productivas sino que se busca resolver el tema financiero. Ahí más temprano que tarde empiezan a jugar las calificadoras de riesgo, que ocupan el papel que tenía el FMI, te obligan a un ajuste. Eso me inquieta. No hay nada gratis acá”, trazó el panorama el economista Arnaldo Bocco, ex director del Banco Central.

“Pareciera estar descartada la posibilidad que el Gobierno derogue la ley cerrojo a través de un DNU. El Congreso tendrá entonces una responsabilidad grande, se tiene que discutir este acuerdo y considerarlo como la puerta de entrada para aumentar el endeudamiento de la economía nacional. Tenemos que discutir para qué es el acuerdo. El ministro dice que hay proyectos de infraestructura pero en este mercado cambiario liberado la pregunta es si el endeudamiento va a terminar siendo utilizado para satisfacer ese tipo de demanda de dólares”, consideró Sebastián Soler, abogado con un Master en Derecho Internacional de Harvard.

En cuanto a los términos del acuerdo informados ayer, Soler entiende que “el Gobierno privilegió la rapidez por sobre la negociación”. “La oferta fue mejorada y a la quita del 25 por ciento se le suma el pago de los costos legales. Pero además prometió un pago efectivo en un plazo inferior al que inicialmente se había dicho, eran supuestamente de 120 a 150 días y ahora se habla de seis semanas”. En tanto, para Bocco “es un acuerdo en donde se paga caro una salida del default, aunque me gustaría ver la letra chica para verificar los costos, también creo que hubiera sido preferible emitir bonos y que ellos absorban el recorte del mercado”.

Otro punto relevante es el grado de cierre que este acuerdo le daría al conflicto. Es que el antecedente del juez Thomas Griesa hace que toda situación tenga cierto grado de fragilidad jurídica. “Me inquieta que el caso no cierra del todo. Los que entraron al canje siempre van a encontrar un juez que considere que este pago es inequitativo”, indicó Bocco. “Técnicamente es difícil que prospere una demanda de un bonista que haya entrado en alguno de los canjes anteriores porque la cláusula RUFO expiró a fines de 2014. Ahora bien, como la Justicia de Nueva York se ha comportado de manera extravagante, no se descarta que otro bonista con espalda suficiente presente una demanda. Más allá de que una demanda así debería ser desestimada, generaría dolor de cabeza y una contingencia que afectaría la capacidad de financiamiento”, subrayó Soler.

Incluso el acuerdo no cierra el capítulo de los holdouts. “Si bien se ha alcanzado un acuerdo con un número importante, hay por lo menos un 15 por ciento que está en juicio y que no ha aceptado la propuesta. Es esperable que Griesa desestime sus pedidos pero pueden apelar y seguir hostigando”, advirtió Soler. “Prat-Gay sólo puede hacer esto porque el país está desendeudado, esa es la herencia”, cerró.