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Sabemos ya que el gobierno de Macri ofreció a los fondos buitre mejores condiciones que las que los mismos buitres ofrecieron al gobierno de Cristina. Incluso se ha conocido que Macri quiere pagarle a algunos fondos, como el caso de Dart, el 100 por ciento de lo que reclamaban a Griesa. ¡Así es fácil llegar a un “acuerdo”! La negociación no fue agresiva, todo lo contrario, y esto se debe a la urgencia por arreglar a cualquier costo. La desesperación no es, ni en éste ni en ningún caso, una buena estrategia de negociación.

Ahora la extorsión se traslada al Congreso. Al juez Griesa ya no le basta con extorsionar al Poder Ejecutivo sino que pretende ordenar al Congreso de la Nación las leyes que tiene que derogar o promulgar para pagarle a un puñado de especuladores en mejores condiciones que las que aceptó el 93 por ciento de acreedores de buena fe. Concretamente, los fondos buitre pagaron 25 centavos por dólar y ahora piden 4 dólares. El 93 por ciento, en cambio, aceptó recibir 30 centavos por cada dólar, lo que terminó siendo un buen negocio porque Argentina creció ininterrumpidamente en la última década y pudo pagar todos los vencimientos acordados como nunca antes en su historia.

¿Cuál es el monto total del autodenominado “acuerdo” de Macri y cuál la ganancia de los fondos buitre? Todavía no conocemos el dato exacto. Lo que sí sabemos es que Macri ofreció a los fondos buitre dinero en efectivo. ¿Cómo planea conseguir estos fondos? Endeudándose por una cifra de 15.000 o 20.000 millones de dólares. Llegamos así a la siguiente conclusión: de manera encubierta, el gobierno de Macri está pidiendo al Congreso la autorización para realizar una de las operaciones de deuda más formidables de toda nuestra historia, sólo comparable con los tristemente célebres “megacanje” y “blindaje”. Además, según Clarín, los beneficiarios de este negocio serán los “sospechosos de siempre”: HSBC, JP Morgan, Santander, Deutsche, BBVA, Citi y UBS. Son los mismos bancos que le “prestaron” 5000 millones de dólares al BCRA hace pocos días. Lo que no se menciona es que para conseguir ese también autodenominado “crédito” el BCRA tuvo que poner como garantía 12.000 millones de dólares, es decir, más del doble. En resumen, en poco menos de 3 meses Macri va a endeudar al país en 20.000 o 25.000 millones de dólares, una cifra que supera las reservas internacionales en poder del Banco Central.

Para tener una idea de la inequidad (¿o de la ilegalidad?) que implica lo quieren presentar como un acuerdo que genera entre el 93 por ciento que apostó por la Argentina y el 7 por ciento que decidió especular e ir a juicio contra nuestro país, baste decir que nos vamos a endeudar para pagarle a ese 7 por ciento ¡en un valor que equivale a la mitad de la deuda que se le reconoció al restante 93! Así como se lee: el 7 por ciento de los acreedores se llevarán una suma que equivale al 50 por ciento de lo que se les reconoció al 93 por ciento de los acreedores. Esta “exitosa negociación” no es otra cosa que “hacer lo que dice Griesa y pagar”, calladito y contante y sonante.

El arreglo de Macri con los buitres contrabandea entonces una operación de endeudamiento gigantesca, cuyos detalles financieros y “comisiones” tampoco conocemos. Recordemos que la Corte Suprema acaba de confirmar el procesamiento del actual presidente del BCRA por las comisiones que se pagaron en el megacanje. La ganancia de los bancos va a ser doble: por un lado, las comisiones por emitir esos 20.000 millones, que si fueran del 2 por ciento significan nada menos que 400 millones. Pero, además, seguramente el precio de los bonos probablemente crezca no bien se anuncie el acuerdo. Si mejoran los bonos en un 4 o 6 por ciento, la ganancia de los bancos puede llegar a 1000 millones adicionales. Lo que encubre esta inaceptable extorsión sobre el Congreso de la Nación para que derogue las leyes que exige un juez norteamericano (Griesa) es un posible negociado que podría llegar a 1400 millones de dólares.

Pero hay otros elementos centrales que aún se desconocen sobre el acuerdo. En primer lugar, mientras a Argentina se le pide derogar sus leyes, el juez Griesa va a “suspender” su orden, lo que no implica dejar sin efecto la sentencia sobre el pari passu ni garantizar que no queden más buitres sin entrar al acuerdo. El riesgo es, entonces, que nuevos fondos buitre repitan el reclamo y nuevamente impidan el cobro de los bonos. Si no se garantiza un acuerdo con el total de los “holdouts”, más adelante, un solo bonista con un solo bono puede llevarnos a la misma situación. Que no nos extrañe que sea el mismo Paul Singer o algún otro camuflado con otras plumas que vuelve al ataque.

En segundo lugar, si a los fondos buitre se les paga 10 veces más que al 93 por ciento de los acreedores, no sería extraño que en el futuro sean estos últimos los que reclamen un trato igualitario. Y tampoco sería extraño que los bonistas encuentren un juez que les dé la razón, incluso con mejor criterio que Griesa. Entonces lo que parece una solución se transformará en un problema inmenso. Ni Macri ni sus abogados han hecho nada para garantizar que este “acuerdo” no genere riesgos legales futuros para la Argentina. Total, el problema vendrá después ... del enorme endeudamiento.

Por último, si Argentina avanzara por esta opción estaría quedando aislada del mundo. Sí, así como se escucha: la misma fuerza política que denunció durante años que las políticas del kirchnerismo nos “aislaban del mundo” son hoy las que encabezan una operación de endeudamiento que contradice los principios de reestructuración de deudas soberanas. Estos principios recibieron el apoyo de 136 países en el pleno de las Naciones Unidas, y fueron declarados de Orden Público mediante la ley N° 27.207. En particular, cabe recordar uno de los Principios fundamentales de la ONU, el Principio 5 de Trato Equitativo “impone a los Estados la obligación de abstenerse de discriminar arbitrariamente a los acreedores” y que cualquier arreglo individual “garantice la igualdad entre los acreedores y sea examinada por todos los acreedores”.

El apuro por “acordar” deriva de que todo el plan económico de Cambiemos parece basarse en el endeudamiento externo. Y derogar la ley de Pago Soberano es un paso clave para abrir esa puerta que nuestro país nunca tiene que volver a abrir. El inicio de un nuevo ciclo de endeudamiento, que comenzó con 5000 millones de dólares del BCRA y sigue con la emisión de 15 o 20.000 millones de dólares que nunca ingresarán a nuestro país y que irán a alimentar a estos carroñeros internacionales que son los fondos buitre. No sólo se violan así los principios en materia de deuda soberana de la ONU y se generan riesgos legales incalculables para el futuro, sino que es un retorno a los mismos errores que en el pasado condujeron a la Argentina a su peor crisis económica, política y social. De desarrollo, inclusión o pobreza cero, ni hablar.

* Diputado nacional.