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Producción: Javier Lewkowicz

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Diagnóstico equivocado

Por Juan Manuel Ottaviano *

Hace pocos días el Gobierno presentó el Plan de Primer Empleo (PPE), proyecto que constituye su primera gran medida laboral. Orientado a jóvenes de 18 a 24 años y a la población general en las provincias del Plan Belgrano, el PPE tiene como supuesto objetivo generar nuevos puestos de trabajo y formalizar empleos. A pesar del anuncio, el PPE presenta dos graves problemas: el diagnóstico sobre la realidad del empleo que lo sustenta y los instrumentos de política laboral que propone.

La propuesta del PPE se basa tanto en un diagnóstico erróneo sobre la situación del empleo heredada del kirchnerismo, como en una representación engañosa de la crisis laboral generada por las políticas implementadas desde diciembre. Primero, porque es falso que en los últimos años no creció el empleo juvenil. Según datos del Ministerio de Trabajo, entre 2003 y 2014, casi 300 mil nuevos puestos de trabajo formales en el sector privado se crearon en la franja joven y el trabajo registrado de ese segmento creció un 77 por ciento. En la actualidad, el número de jóvenes con empleo formal es el mayor desde 1998. Esta situación ha sido confirmada por la OIT, organismo que destaca a la Argentina por haber sido uno de los países que más ha avanzado en la inclusión laboral juvenil.

En el relato macrista, la urgencia del desempleo juvenil aparece como agravada por el estancamiento en la creación de empleo producto de la “pesada herencia”. Tanto el presidente como el ministro de Economía han repetido que durante los últimos cuatro años la economía no creció y se perdieron dos millones de puestos de trabajo. Días atrás, la AFIP desmintió este relato con la publicación de la serie estadística sobre las altas netas (altas-bajas) registradas por el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA): el empleo creció ininterrumpidamente en todo el período 2011-2015 y, de hecho, alcanzó su mayor dinamismo durante este último año.

Pero las primeras políticas del Gobierno cambiaron drásticamente las condiciones del mercado de trabajo, a través de la destrucción masiva de puestos de empleo. La renuencia del Gobierno a mostrar las series estadísticas sobre la dinámica del empleo público y privado para todo el período de diciembre-abril oculta mal su manipulación con la presentación de datos parciales. Los únicos dos datos oficiales publicados corresponden a estimaciones mensuales de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) para meses aislados y áreas diferentes. Según estos datos, el empleo creció un 0,5 por ciento en el mes de febrero para el total del país y un 0,4 por ciento en enero-marzo para el interior. Sin embargo, fuentes con acceso a los datos del SIPA argumentan que la publicación de estos datos fragmentarios responde a un recorte intencionado para ocultar la destrucción casi ininterrumpida del empleo desde diciembre a la actualidad proceso que, sólo interrumpida en febrero (único dato que dieron a conocer), se aceleró fuertemente en marzo con una caída cercana al 200 por ciento respecto del mes anterior. La discusión acerca de cuándo comenzó la “crisis ocupacional” se resolvería si el Gobierno presentara la serie completa de datos sobre la evolución del empleo en el período diciembre-abril. Pero esto significaría reconocer la destrucción de empleos.

A la luz de estos datos es evidente que el PPE no es una política de empleo sino otra medida más de transferencia regresiva del ingreso. Con la reducción de contribuciones patronales, el PPE propone una transferencia de recursos: mientras ofrece a las empresas beneficios para financiar hasta un 30 por ciento del salario de sus trabajadores desfinanciando el Tesoro, los ciudadanos maìs vulnerables reciben una devolucioìn indirecta del IVA por consumos de la canasta baìsica con un tope de 300 pesos. Además, sin certezas de que en el actual contexto las grandes empresas sean creadoras de empleo, lo cierto es que son las uìnicas que podriìan beneficiarse de estas transferencias bajo el ala del primer empleo.

Por último, en la experiencia argentina durante la década del 90, la reducción de aportes no contribuyó a la generación de empleo y además desfinanció al Estado, que dejó de recaudar 47.939 millones de dólares. Más allá de la experiencia argentina, de acuerdo con un reciente informe de la OIT, los programas de este tipo son los menos efectivos desde punto de vista del análisis de las trayectorias posteriores de sus beneficiarios?. En suma, el PPE reproduce lo que este gobierno mejor sabe hacer: darles dinero a los que más tienen.

* Usina de Estudios Políticos Laborales y Sociales (UEPLaS).

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Menos Estado

Por Matías Maito *

La curiosa comparación esbozada por el presidente Macri entre el proyecto de ley (actualmente en tratamiento) para limitar transitoriamente los despidos y otro hipotético que establezca “que todos seamos felices”, sugiere que para el oficialismo la posibilidad de que el Estado intervenga en el mercado para intentar detener la destrucción de puestos de trabajo resulta una abstracción carente de sentido. Pero, además de esta asociación, las discusiones en torno al referido proyecto de ley permiten delinear los principales ejes sobre los que se asienta la concepción macrista respecto de las políticas laborales.

El rechazo oficialista a dicho proyecto se sostuvo sobre dos argumentos. El primero supone que aprobar esta propuesta obstaculizaría la generación de nuevos puestos de trabajo debido al incremento de los costos laborales. “Muchas veces por cuidar un empleo se ponen en peligro más empleos” sostuvo el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, durante el debate legislativo. El segundo planteo remarca que una ley así modificaría las reglas de juego, y esto desincentivaría la llegada de las inversiones que generarían nuevos empleos. Estos argumentos, a su vez, se desprenden del diagnóstico y el programa del macrismo para el mercado laboral.

Aunque los datos que manejan (e incluso los pocos que difunden) lo desmientan, desde el gobierno se insiste con que durante los últimos cinco años no se ha generado empleo. Según expresan, esto sería la consecuencia de un Estado que, como afirmó Macri, “fue obstáculo en vez de ser estímulo y sostén” ya que, además de haber promovido una inflación descontrolada a través de un excesivo gasto público, habría estructurado un sistema tributario “asfixiante” y colocado distintas “trabas” que obstaculizaron la creación de puestos de trabajo (retenciones a exportaciones, regulación del comercio exterior, etc.). El supuesto aumento de la desocupación -sostienen- se habría ocultado con la generación de empleo público “artificial” e “inútil”.

En ese marco, el programa del oficialismo consiste en recuperar “la confianza de los mercados” para atraer inversiones y generar empleo. Esto resultaría de la reducción de la inflación y la liberación de las “trabas” colocadas por el Estado.

Ahora bien, ¿de qué modo el macrismo ha puesto efectivamente en práctica, hasta el momento, su paradigma en materia laboral? En primer lugar, para reducir la inflación ha promovido una retracción de la actividad económica que impactó fuertemente sobre el consumo. Como complemento, está impulsando negociaciones salariales por debajo de la inflación; y proponiendo asociar los aumentos a mejoras en la productividad, lo cual acrecentaría las diferenciaciones salariales. Por otro lado, ha llevado adelante miles de despidos en el sector público.

A su vez, como parte de la pretendida remoción de “trabas” para la generación de empleo, la administración de los conflictos laborales a través de la negociación y de un posicionamiento activo del Estado que preserve los puestos de trabajo (característico de los últimos doce años) ha dado lugar a un retiro del Estado de esa función, en paralelo a la intervención a través de la represión. De este modo, quedan validados los más de cien mil despidos estimados para el sector privado.

Otra traba que intenta ser removida parece ser la inspección laboral. Según denunciaron los trabajadores del Ministerio de Trabajo en su informe “El Estado del Trabajo”, el área responsable de tal tarea fue especialmente debilitada tras los despidos de personal que se desempeñaba allí. Estiman que la reducción de la cantidad de inspectores obligará a que disminuyan en más de dos mil las inspecciones realizadas mensualmente.

Al programa se le sumó recientemente el proyecto de Ley de Primer Empleo que, para reducir los costos laborales, propone disminuir las contribuciones patronales. En definitiva, el macrismo está reinstalando un paradigma laboral que pregona acotar la intervención del Estado para no obstaculizar al sector privado; evitar el incremento de los costos laborales (o directamente promover su disminución); y garantizar las condiciones necesarias para atraer inversiones.

Si el proyecto de ley que propone limitar los despidos es la respuesta de los sectores afectados por la crítica situación del mercado de trabajo ante la desprotección del Estado; la denodada oposición del oficialismo a ese proyecto deja asentados dos preocupantes interrogantes: qué niveles de protección del trabajo considerarán que no son excesivos ni atentan contra la posibilidad de generar empleos; y, en qué medida creerán necesario avanzar en la desprotección del trabajo para atraer inversiones. Las respuestas a estas preguntas determinarán la situación laboral de miles de trabajadores.

* Círculo de Estudios Laborales IDAES/UNSAM