Una vez que la Cámara de Diputados ratificó la resolución 125 y sus modificaciones, se pasó a un cuarto intermedio. ¿El motivo? Todavía quedan pendientes tratar la ley de Arrendamiento y la Emergencia Agropecuaria, que ya tienen dictamen de sus correspondientes comisiones. Desde el bloque oficialista indicaron que el tratamiento de ambas normativas podría realizarse en el transcurso de las próximas dos semanas, en sintonía con lo que vaya ocurriendo en el Senado. Otro proyecto de ley que está en consideración –pero que todavía no se trató en comisión– es el que grava a los fideicomisos agropecuarios con el Impuesto a las Ganancias, que lleva las firmas de Agustín Rossi, jefe de los diputados K, y Patricia Vaca Narvaja, vicepresidenta de la Cámara baja. Todos estos proyectos apuntan a beneficiar a los pequeños y medianos productores.

La ley de Arrendamiento es una vieja reivindicación de la Federación Agraria (FAA). Hace un año entró en Diputados un proyecto de ley sobre contratos rurales, con la firma de Eduardo Macaluse (Solidaridad e Igualdad), entre otros, elaborado sobre la base de una iniciativa de la FAA. La semana pasada, la Comisión de Legislación General, que lidera Vilma Ibarra, se apuró para emitir un dictamen sobre ese proyecto.

A partir de esta nueva normativa –originalmente sancionada en 1948 pero modificada por la última dictadura militar–, los contratos de alquiler tendrán un plazo de cinco años (antes eran de 3), se hace más rigurosa la posibilidad de realizar contratos accidentales (de un año de duración) y se prohíbe el subarrendamiento, entre otras medidas de carácter fiscal, como la reducción al Impuesto a las Ganancias y una devolución anticipada del IVA. Durante la semana pasada, el oficialismo especuló con que el tratamiento de esta ley podía atraer la voluntades de otros bloques, como el SI, y el visto bueno de la Federación Agraria. “No es una ley que nos puedan canjear por la aprobación de la resolución 125”, aseguró el legislador Carlos Raimundi (SI).

La otra ley que se tratará cuando se reanude el cuarto intermedio es la Emergencia Agropecuaria, que establece un fondo de 150 millones de pesos para que las provincias puedan utilizar en caso de desastres naturales. Este proyecto fue uno de los primeros en tratarse en la Comisión de Agricultura, que lidera Alberto Cantero (FpV). La oposición reclama que las provincias puedan decretar la emergencia agropecuaria, sin la intervención del Ejecutivo.

Otro proyecto de ley que está siendo analizado es el que pretende gravar a los fideicomisos agropecuarios con el Impuesto a las Ganancias. La idea fue anunciada por Agustín Rossi, jefe del bloque K en Diputados, la semana pasada. Este proyecto pretende beneficiar a los pequeños y medianos productores en detrimento de los pools de siembra. “Se intenta limitar que la especulación financiera se traslade a la producción agropecuaria, con sus contingentes efectos en los suelos, en los precios de los alimentos y de los arrendamientos y en la concentración de la producción”, puede leerse en los fundamentos de la iniciativa.

Sobre el final de la jornada de ayer, desde el bloque oficialista indicaron que se estaría evaluando la posibilidad de otro proyecto de ley: la eliminación de las retenciones para la producción de peras y manzanas. Río Negro es la principal provincia productora de manzanas. El oficialismo contó ayer con los votos de dos rionegrinos, que estaban con Felipe Solá. Suspicacias, aparte.