La desaparición de María Claudia Iruretagoyena, la nuera del poeta Juan Gelman, llegó ayer a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia había sido presentada en 2006 por Macarena Gelman y su abuelo contra el Estado uruguayo por la imposibilidad de obtener justicia en ese país. Las audiencias comenzaron en Quito y finalizarán hoy con los alegatos de las partes.

Ayer los jueces de la Corte Interamericana escucharon los relatos de las víctimas, Juan Gelman y su nieta, Macarena. El escritor contó que su hijo, Marcelo, y su nuera, María Claudia Iruretagoyena fueron secuestrados en Buenos Aires en la madrugada del 24 de agosto de 1976 y fueron llevados al centro clandestino de detención Automotores Orletti, que funcionaba como sede del Plan Cóndor, la coordinación represiva que tejieron las dictaduras sudamericanas. María Claudia tenía 19 años y estaba embarazada de siete meses. Con un embarazo avanzado, la joven fue trasladada en la segunda semana de octubre al Servicio de Información de Defensa (SID) de Uruguay. Semanas más tarde, dio a luz en el Hospital Militar. En enero de 1977, los represores uruguayos le arrebataron a Macarena y la dejaron en una canasta en la puerta de la casa del policía Angel Tauriño. Los restos de Marcelo aparecieron en 1989.

Después de años de lucha, Gelman encontró en 2000 a su nieta. En 2006, el poeta y Macarena denunciaron al Estado uruguayo por la violación de los derechos que están protegidos por instrumentos del sistema legal interamericano. “Pareciera que en nuestras sociedades existiera una especie de omertá. No sólo la militar, que niega la información, sino una mucho más amplia: una suerte de tejido civil, militar, judicial, por el que se obstaculiza el camino de la verdad y, por consiguiente, el camino de la justicia”, se lamentó Juan Gelman y denunció no haber obtenido ningún apoyo de los gobiernos constitucionales uruguayos.

Más tarde, Macarena reclamó que el gobierno uruguayo dedique mayores recursos humanos y materiales para encontrar los restos de su madre. “Los eventuales responsables viven hoy en día y tienen esa información”, dijo la joven. “Falta la voluntad política de hacerlo, más allá de las palabras”, agregó la nieta del poeta. En la sala de Quito estaba Carlos Mata en representación del Estado uruguayo.

Por pedido de los demandantes, declaró Sara Méndez, quien compartió cautiverio con María Claudia en Automotores Orletti. Por la tarde, les tocó el turno a la fiscal Mirtha Guianze y el historiador Gerardo Caetano, en calidad de peritos. “La Ley de Caducidad subsiste y eso consagra la impunidad”, sentenció Guianze, refiriéndose a la ley de amnistía a los represores uruguayos que fue aprobada en diciembre de 1986. “El hecho de que haya casos excluidos de sus alcances no modifica la situación de fondo”, agregó la fiscal ante una pregunta de los representantes del gobierno uruguayo, que intentaron demostrar que hubo cambios en materia de derechos humanos desde que el centroizquierdista Frente Amplio (FA) llegó al gobierno, en 2005. Los patrocinantes de Gelman y su nieta pidieron que compareciera Guianze porque fue la fiscal que impulsó la causa por el asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, que terminó con la Corte Suprema declarando inconstitucional a la Ley de Caducidad.

Por su parte, Caetano se refirió a los archivos de la memoria y al Plan Cóndor, la coordinación represiva tejida por las dictaduras del Cono Sur. “No tengo ninguna expectativa de que se rompa el pacto de silencio entre los victimarios y sus cómplices”, afirmó el historiador.

La abogada Liliana Tojo, del Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (Cejil), comentó a Página/12 que la audiencia transcurrió según lo planeado. Durante la mañana de hoy, las partes deberán presentar oralmente sus alegatos. “Vamos a plantear que la vigencia de la Ley de Caducidad constituye un obstáculo insalvable e incompatible con la Convención Americana de Derechos Humanos”, adelantó Tojo, que representa a Juan y Macarena Gelman.

El Ejecutivo uruguayo impulsa desde hace semanas una norma interpretativa que dejaría sin vigencia la amnistía aprobada durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti. La iniciativa consiguió la media sanción en la Cámara de Diputados, pero no pasaría en el Senado, donde hay parlamentarios del FA que no le darán su voto. El gobierno de José Mujica apuraba la anulación de esta ley para evitar que la Corte Interamericana sancione al Uruguay. “Esperamos que haya una condena que ponga en evidencia el significado horroroso que la Ley de Caducidad tiene para la sociedad uruguaya”, dijo a este diario Valentín Enseñat, referente de Hijos Uruguay.

Informe: Luciana Bertoia.