Desde que irrumpieron los tanques en las favelas de Río de Janeiro, con el propósito de expulsar al narcotráfico, asoman dos comprobaciones de hierro: se extiende la certeza de que hubo graves violaciones a los derechos humanos en el Complejo de Alemao y la Vila Cruzeiro, y las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) van consolidando de a poquito su presencia en los morros que rodean la ciudad. Las entidades Justicia Global y Tortura Nunca Más, y cuatro organismos de derechos humanos locales, condenaron lo que definen como ejecuciones sumarias y describieron “un clima de terror por cuenta de la ocupación policial”. En junio de 2007 se produjeron 19 muertes en un operativo sobre el mismo escenario, según reconoció la Secretaría Especial de Derechos Humanos, que admitió varios fusilamientos. En noviembre pasado se relevaron 34 casos en una ofensiva de nuevo tipo: las fuerzas combinadas permanecen en las posiciones que ocuparon. Abandonaron las incursiones relámpago en aquellas barriadas pobres. “Hasta hoy no se sabe de forma precisa cuántas personas fueron muertas en operaciones policiales desde el día 22 de noviembre”, informa el documento firmado el 21 de diciembre, que ha tenido –según los denunciantes– casi nula divulgación en la prensa brasileña.

El “manifiesto público”, como lo llaman las organizaciones, detalla que desde el 28 de noviembre realizaron visitas a Alemao y Vila Cruzeiro, donde comprobaron una realidad bien distinta a la retratada por los medios. “Casos de tortura, amenazas de muerte, invasión de domicilio, lesiones, corrupción, robo, extorsión y humillaciones”, menciona la denuncia, además de “ejecuciones no registradas, ocultación de cadáveres y desapariciones”. Más adelante precisa que “para que se tenga una idea, en una favela del Complejo de Alemao, representantes de las organizaciones estuvieron en una casa completamente abandonada. El domingo 28 hubo una ejecución sumaria de un joven. Dos semanas después, la escena del homicidio permanecía de la misma manera, con la casa todavía revuelta y, al lado de la cama, intacto, un charco de sangre del niño muerto”.

El documento cuestiona al comandante de la Policía Militar de Río de Janeiro, el coronel Mario Sergio Duarte, quien declaró públicamente que tenía la orden de “barrer casa por casa” y recuerda que los diferentes gobiernos cariocas mantienen “calcada una misma visión que tiene por objeto tipificar como delito a la pobreza”. El gobernador estadual, Sergio Cabral, calificó como “un día histórico” el de la ocupación de las favelas. En cambio, el sociólogo Ignacio Cano, del Laboratorio de Análisis de Violencia de la Universidad Estadual de Río de Janeiro, es una de las voces críticas del operativo que movilizó a 3 mil efectivos: “Los militares tienen una función de defensa nacional y la confusión de su papel es peligrosa”, advirtió. Luego ironizó sobre qué hubiera pasado “si la policía entra casa por casa en Ipanema y Copacabana, barrios de clase media y alta de la zona sur de Río de Janeiro”.

El diputado Marcelo Freixo, del PSOL, una escisión por izquierda del gobernante PT, afirma que “tener sensación de seguridad es muy diferente a tener seguridad”. Según Amnistía Internacional, las denuncias del legislador contra el sicariato del narcotráfico pusieron en riesgo su vida. La organización denunció que hay pistoleros dispuestos a asesinarlo. Jair Krischke, del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos con sede en Porto Alegre, en declaraciones a Página/12 definió como “pura ironía que llamen al operativo Pacificación, cuando está compuesto por paracaidistas del ejército y policías militares. Y ahora, documentos confidenciales del Centro de Inteligencia del Ejército nos señalan que volvió el tráfico de drogas a la región. Cambió el modo de actuación de los traficantes. El informe apunta a que hombres armados mantienen una forma móvil de tráfico y utilizan moto-taxis, que trabajan como observadores de los movimientos de las tropas. También se utilizan señas y contraseñas para la venta de drogas. Con esto queda en evidencia el error de utilizar a los militares en una acción netamente policial”. El organismo de Krischke es uno de los que firmó el texto sobre los hechos violentos de Alemao y Vila Cruzeiro.

“Es un escándalo: equipos policiales de diferentes corporaciones, de diferentes batallones, se turnan en busca de dinero, joyas, drogas y armas que los delincuentes habrían dejado tras la fuga”, acusa el duro comunicado que, además, menciona la sospecha de una fuga protagonizada por varios jefes narcos facilitada por las fuerzas militares y policiales. Durante la ocupación de las favelas, los blindados M113 equipados con armamento de guerra eran conducidos por el ejército, mientras que las operaciones dentro del territorio tomado (ubicado al norte de Río) quedaron en manos de la Policía Militar. “Esta vez estamos entrando para ganar la guerra”, gritaban desde las garitas de los tanques los soldados que ingresaban a Alemao y Vila Cruzeiro.

Brasil, además de sus fuerzas armadas, cuenta con varias policías a nivel nacional y estadual. En 1978 también se creó el Batallón de Operaciones Especiales (BOPE), que apareció en Río de Janeiro como una fuerza de elite. Su razón de ser: el incremento del narcotráfico. Ya en junio de 2007, el Complejo Alemao, un conjunto de trece favelas entre las casi mil que existen en la ciudad, había sido el escenario de un megaoperativo con 1400 policías armados para una guerra. Los 19 muertos de entonces quedaron cargados en la cuenta del gobierno de Lula, se precipitaron varias denuncias por violaciones a los derechos humanos y hubo un informe final de la Secretaría Especial de Derechos Humanos nacional que habló de asesinatos de personas desarmadas. La diferencia sustancial con los episodios de noviembre de 2010 es que las UPP todavía no habían sido creadas. Recién serían concebidas en 2008, después de un viaje del gobernador de Río de Janeiro a Colombia, donde visitó Bogotá y Medellín. Cabral regresó a su ciudad estimulado por el modelo que combinaba una fuerte presencia policial y obras de infraestructura necesarias para combatir al delito.

Ese cuerpo especial entró a las favelas para quedarse y combina represión con actividades sociales en el territorio. Tres millones de habitantes de los catorce que tiene Río viven allí. Las UPP intentan familiarizarse con sus habitantes, aunque las víctimas tienen una opinión bien distinta de la policía en general. Para Thereza Cristina Barbosa, madre de Rosangela Barbosa Alves, la niña de 14 años muerta de un disparo en pleno operativo mientras estudiaba, “el tiro que se coló en mi casa vino de abajo. Ahora mi hija está muerta y yo ni siquiera puedo velar su cadáver”, denunció en el periódico O Dia. Si el tiro vino de abajo, no vino de los morros, donde se refugiaban los criminales rodeados.

La política de seguridad para las favelas dejó de consistir en incursiones esporádicas a las alturas de Río dominadas por los narcos. El Estado ha empezado a establecerse allí donde antes imponían su ley el Comando Vermelho o sus circunstanciales y actuales aliados de la organización delictiva Amigos de los Amigos. Dio el primer paso para quedarse en esas barriadas tan pobres que olvidó durante décadas.