Siria terminó el Viernes Santo con entre setenta y ochenta opositores muertos a balazos por la policía. El gobierno de Bashar al Assad anunció días atrás el levantamiento del estado de emergencia, principal reclamo de los opositores, pero esa concesión no logró calmar los ánimos de los que piden reformas claras al presidente que gobierna desde 2000, cuando murió su padre, Hafez al Assad. La población salió ayer masivamente a la calle y se encontró con la represión de las fuerzas de seguridad y de bandas paramilitares.

Se esperan nuevos episodios para hoy, cuando se realicen los funerales de los asesinados ayer. Estados Unidos y Francia reclamaron a Damasco que ponga fin a la violencia y que esclarezca las muertes.

La situación en Siria parece un zigzag, en el que un día Al Assad escucha los reclamos y al otro reprime. El jueves el mandatario firmó varios decretos. Uno otorgaba a los ciudadanos el derecho a manifestarse pacíficamente, otro eliminaba la Corte Suprema de Seguridad del Estado y el tercero ponía fin a la ley de emergencia, que rige en el país desde 1963. Los manifestantes dijeron que eso no era suficiente y volvieron a salir a las calles, como todos los viernes después del habitual rezo.

Pero ayer era Viernes Santo y manifestantes con ramas de olivo deambularon por las principales calles de Siria, mientras la policía lo permitió. “Los manifestantes iban con ramas de olivo. Todo era pacífico, pero fueron sorprendidos por las balas de las fuerzas de seguridad”, relató a Al Jazeera uno de los participantes de la marcha en la capital.

El uso de ramas de olivo, un gesto cristiano, fue una muestra de solidaridad de la mayoría musulmana con la minoría cristiana del país, una de las más antiguas de Medio Oriente. Los cristianos están siendo violentamente atacados últimamente por paramilitares.

Según organizaciones de derechos humanos, más de 70 activistas fueron asesinados ayer en todo el país durante las protestas. De acuerdo con la organización humanitaria Insan, los muertos ascienden a 73. Mientras que Razan Zeitouneh, un activista de la Red de Información Siria de Derechos Humanos, estimó que las bajas trepaban a 80: 19 en Azra (sur), uno en Deraa, quince cerca de Homs, la tercera ciudad en importancia en Siria; 40 en los suburbios de Damasco y una en el centro de la ciudad; una en Latakia (en la costa norte), tres en Hama (al este de Latakia). Todo indica que la segunda ciudad en el país, Aleppo, permaneció en paz.

Como en cada protesta, el gobierno sirio trató de impedir que los manifestantes llegaran al Palacio presidencial. Ayer hubo nuevamente puestos de control en las áreas que rodean Damasco. Cada vez que los civiles atravesaban uno debían mostrar sus documentos a los militares. Sin embargo, los manifestantes se las ingeniaron para desafiar los controles estatales. Como señal de su repudio, arrancaron imágenes del presidente y derribaron estatuas de su padre, Hafez al Assad.

En la capital, el punto de reunión fue la mezquita de Al Hassan. Allí los manifestantes rezaron y gritaron: “El pueblo quiere la caída del gobierno”. Según informaron, la manifestación fue dispersada con gases lacrimógenos.

Como remarcaron varios analistas, el péndulo en el que oscilaba la política oficial –el gobierno siempre se movió entre concesión y represión– parece que ayer se detuvo a partir de la brutal represión con lo que parece que la violencia estatal quedó como única opción. “Hay indicios de que el régimen está asustado. Esto es sólo el comienzo”, explicó Wissam Tarif, del grupo humanitario sirio Insan.

“Definitivamente, no vimos los millones de personas que se vieron en Túnez o en Egipto. Los números son todavía humildes, es una realidad que debemos reconocer”, agregó Tarif. Si bien no son multitudes las que salen a las calles para pedir el fin del régimen sirio, la represión parece haber sido bastante extendida. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que unas 200 personas murieron durante las semanas que llevan las protestas.

La violencia promete regresar hoy al país, con los funerales de quienes fueron asesinados ayer por las balas gubernamentales. “Este gobierno no va a cumplir con nada. Pienso que las protestas se van a volver cada vez más grandes”, pronosticó Haitham Maleb, un ex juez y defensor sirio de los derechos humanos.

Por su parte, el gobierno responsabilizó por la violencia a grupos armados, a infiltrados y a bandas de musulmanes sunnitas. Según las autoridades, ellos fueron los que iniciaron la violencia al disparar y provocar a las fuerzas de seguridad.

La comunidad internacional está siguiendo de cerca la situación en la república árabe. La Casa Blanca instó al gobierno sirio a que ponga fin a los ataques contra su población. “Deploramos el uso de la violencia y estamos muy preocupados por las informaciones que llegan desde Siria”, dijo ayer el vocero Jay Carney, a bordo del avión presidencial mientras regresaba de un largo viaje por el interior de los Estados Unidos. “Estamos observando de cerca la situación en Siria y llamamos al gobierno a desistir en el uso de la violencia contra manifestantes pacíficos”, agregó el portavoz. “Hacemos un llamamiento a todos los actores para que cesen y se abstengan del uso de la violencia y también urgimos al gobierno sirio a cumplir sus promesas y a tomar medidas”, completó Carney, que no quiso hablar de ninguna eventual sanción contra Damasco y evitó comparar la situación con la que se vive en Libia.

Por su parte, el gobierno de Francia condenó la violencia gubernamental y pidió que se esclarezcan los asesinatos de los manifestantes.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) también se sumó a la denuncia contra el régimen de Al Assad. “Las autoridades sirias han respondido una vez más con balas y porras contra los reclamos pacíficos de cambio. Tienen que terminar inmediatamente sus ataques contra los manifestantes pacíficos y en su lugar permitir a los sirios reunirse libremente tal y como establece la ley internacional”, reclamó Malcolm Smart, el director del grupo para Medio Oriente y el norte de Africa.

“Deben iniciar inmediatamente una investigación independiente sobre lo ocurrido y garantizar que aquellos miembros de las fuerzas de seguridad que llevaron a cabo estos asesinatos sean llevados ante la Justicia”, concluyó.