El crimen político avanza en Honduras con la precisión quirúrgica de un cirujano. La última semana asesinaron a un referente social cercano al ex presidente Manuel Zelaya en la capital, Tegucigalpa, y a un periodista en Puerto Cortés, al norte del país. Los dos tenían en común que integraban el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Los dos también terminaron agujereados a balazos. “Es una declaración de guerra, éste es un asesinato político que trae un mensaje para mí, para los que están alrededor mío con el fin de detenernos”, dijo Mel Zelaya sobre la muerte de Mahadeo Roopchano Sadloo, un ciudadano de Surinam nacionalizado hondureño y al que se conocía popularmente como Emo. Había acompañado al mandatario depuesto desde el golpe de Estado del 28 de junio de 2009 e incluso se refugió con él en la Embajada de Brasil durante su asilo de cuatro meses. Medardo Flores trabajaba en la radio Uno de San Pedro Sula y administraba las finanzas del FNRP. Es el decimosexto periodista que pierde la vida desde febrero del año pasado.

Guillermo Amador Padilla, un exiliado hondureño en la Argentina, afirma que en su país existe una lista “con los nombres de diez dirigentes del FNRP que van a matar. Mi hermano gemelo René y yo estamos en ella”. La denuncia comenzó a ser corroborada hace tiempo –se calcula que asesinaron a unos doscientos opositores desde el derrocamiento de Zelaya– y cobró fuerza con los crímenes de Sadloo y Flores. “Es hora de que pongamos atención a todo lo que está pasando. Parece que hay un plan, pero hay que desarticularlo...”, dijo el ex presidente desde Tegucigalpa, ratificando las palabras de Padilla.

Emo, según el propio Zelaya, “era una de las diez personas más significativas del Frente y una de las más reconocidas a nivel mundial”. Ataviado con una bandana de color rojo chillón, de larga barba canosa y encendida oratoria, el militante asesinado el martes 6 solía compartir actos y palco con el presidente derrocado. Cuando lo mataron, de cinco balazos, en su gomería del bulevar Suyapa, había llegado momentos antes de exigir la libertad del ex ministro zelayista Alberto Flores Lanza, quien se encuentra bajo arresto domiciliario acusado de fraude y abuso de autoridad. En el FNRP lo defienden con el argumento de que es un preso político del gobierno de Porfirio Lobo Sosa.

Al crimen del dirigente de 55 años se sumó el de Flores, un periodista de 62, graduado en la Escuela de Locutores del Instituto de Ciencias de la Comunicación de Radio Uno, en San Pedro Sula. Agricultor y ganadero también, es la segunda víctima del FNRP en una semana. Lo mataron de nueve balazos en Río Blanquito, departamento de Puerto Cortés, donde vivía “cuando lo emboscaron en el automóvil de regreso a su casa”, informó el director de la emisora donde trabajaba, Arnulfo Aguilar. Flores se ocupaba de las finanzas del Frente en la zona norte del país y en la década del 80, durante la dictadura militar, se había marchado al exilio. No había pasado mucho tiempo desde el último caso de un periodista asesinado. El 19 de julio mataron a Nery Orellana en la frontera con El Salvador. Era director de una radio rural.

A pesar de que el presidente Lobo Sosa señaló que “los responsables de estos crímenes serán castigados” y de que “hemos tomado la decisión de poner toda la fuerza del Estado para dar con el paradero de los asesinos de Emo Sadloo”, ninguna de las muertes de periodistas ha sido esclarecida, según los cables de agencias internacionales. Tampoco otros crímenes políticos cometidos por sicarios que han gozado de una gran impunidad desde que asaltó el poder el ex dictador Roberto Micheletti.

En Honduras esto resulta posible, entre otros motivos, porque la policía está involucrada en el delito en una proporción elevadísima. El 2 de septiembre, el subdirector de la Policía Nacional, Santos Simeón Flores, informó que entre 1999 y este año hubo 5270 denuncias contra efectivos de la fuerza por actos ilícitos. El director nacional de Investigación Criminal, Marco Tulio Palma, aportó otro dato alarmante el último viernes. En lo que va de 2011 ya hubo 4412 muertes, cuando en igual período de 2010 la cifra había llegado a 4391. Los especialistas hondureños en seguridad vaticinan que este año podría terminar con una tasa de 86 homicidios sobre 100 mil habitantes, una cantidad superior a la de México, país donde la lucha del ejército en las calles contra el narcotráfico elevó los índices de asesinatos hasta las nubes.

Con estas estadísticas, la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) maneja la hipótesis de que el asesinato de Emo se trató de un hecho de delincuencia común y desde el gobierno se ofrece una recompensa de 100 mil lempiras para dar con el o los autores. En ese sentido se expresó Palma: “Es un crimen de delincuencia común lo que está tomando más fuerza y es hacia allí a donde están apuntando los investigadores”.

Muy distinta es la posición del FNRP. En un comunicado denuncia que “este nuevo acto de terror es un crimen político con el que se intenta desmovilizar y desmoralizar al Frente Nacional de Resistencia Popular. Responsabilizamos a la oligarquía y a las fuerzas represivas del Estado y exigimos que se esclarezca y se castigue a los autores materiales e intelectuales”.

En el velatorio de Sadloo, sus compañeros del Frente detectaron a un agente de inteligencia infiltrado y lo entregaron a la Policía Nacional. Reydi Arturo Ardón Sánchez tenía en su poder una carta con su nombramiento como miembro de los servicios hondureños. Además de este detalle que evidencia su incompetencia, los integrantes del FNRP comprobaron que su rostro coincidía con una imagen que había distribuido su propia fuerza del presunto asesino. El periódico El Libertador publicó la fotografía del espía y el retrato hablado de quien sería el autor material de los disparos contra Emo. Y en efecto, hay cierta coincidencia entre los dos.

“La lucha está empezando, díganles a los sicarios que si quieren sangre hay gente aquí dispuesta para entregarla, porque ya estamos cansados y no van a pararnos con la muerte de ninguno de nosotros”, señaló Zelaya, quien recordó a las casi doscientas víctimas de la represión política provocadas desde el golpe de junio de 2009. Otra cantidad similar de hondureños tuvo que exiliarse, como el gemelo Padilla. Para él todo comenzó después de que Micheletti, con respaldo del Congreso, el empresariado y las fuerzas armadas, destituyó al ex presidente. En el cuartel general de Casamata, en Tegucigalpa, la policía y el ejército se pusieron a “elaborar los perfiles de quienes integrábamos el Frente y de sus líderes. Ellos tienen cientos de personas identificadas como estudiantes, dirigentes sindicales y militantes sociales. A mí me advirtieron que mi fotografía y la de mi hermano estaban ahí. Están intentando provocar a la resistencia con estos crímenes. Quieren llevarnos a una guerra civil”, concluyó el exiliado hondureño que por ahora sobrevive en Buenos Aires.