Más de 360.000 militares y policías fueron movilizados para los comicios locales y regionales de mañana en Colombia, tras una campaña violenta que deja el asesinato de 41 candidatos y las amenazas a otros 88. Este despliegue busca asegurar que las elecciones se celebren en los 1103 municipios de los 32 departamentos, afirmó ayer a la prensa el ministro colombiano del Interior, Germán Vargas Lleras.

Vargas viajó este viernes a Pasto, la capital del Departamento de Nariño (suroeste), junto al titular de Defensa, Juan Carlos Pinzón, con quien emprendió el pasado martes una gira por regiones para “ultimar los detalles” de los comicios en materia de seguridad. “La fuerza pública está instruida, al igual que las autoridades de control, para garantizar que se hagan las elecciones” en todo el país, matizó el ministro del Interior.

Y puntualizó: “Ningún alcalde en el país tiene la competencia para determinar si se hacen o no elecciones en su municipio”.

La gira ha llevado a Vargas y a Pinzón por diez departamentos, y busca corregir eventuales vacíos o fallos de la estrategia de seguridad elaborada hace siete meses para impedir acciones violentas y actos de corrupción en estas elecciones, las primeras que encara el gobierno de Juan Manuel Santos, que asumió en agosto de 2010.

El plan tiene alcance sobre la totalidad de las 93.000 mesas instaladas en los 10.500 puestos de votación previstos por la Registraduría Nacional del Estado Civil (responsable de la identificación ciudadana y de la logística electoral) para la jornada del 30 de octubre. Unos 30,78 millones de colombianos están convocados a estas elecciones que designarán a 1103 alcaldes, 32 gobernadores, 12.603 concejales, 418 diputados (legisladores regionales) y 4627 ediles de juntas administradoras locales (JAL).

“Hemos constatado que (...) todo el esfuerzo dio los resultados esperados”, aseguró Vargas Lleras, quien el pasado lunes recibió de la Misión de Observación Electoral (MOE, privada) un informe sobre riesgos con vistas a estos comicios. Además de 41 muertos y 88 amenazados, el estudio recoge 23 casos de atentados y siete de secuestro, para un total de 159, 10 más que los documentados por la misma fuente en 2007.

La directora de la MOE, Alejandra Barrios, dijo ayer que a falta de dos días para los comicios se mantienen los riesgos de violencia, fraude y corrupción, así como por efecto del período de lluvias que afecta al país. “Más o menos uno de cada tres municipios tiene riesgo electoral (por uno o varios de esos factores)”, agregó la experta, para quien la gran preocupación de ahora tiene centro en Medellín y el departamento del que esta ciudad es capital, Antioquia, por la injerencia de grupos armados ilegales.

Barrios dijo que el problema es particularmente preocupante en esa ciudad, la segunda en importancia del país, por “las presiones de bandas armadas en diferentes comunas (agrupación de barrios)”. Las presiones son a favor del ex alcalde Luis Pérez, que busca un nuevo mandato en la ciudad, según lo han denunciado las autoridades locales, que aseguran que este político de origen liberal es apoyado por grupos de origen paramilitar.