La caída de un avión militar en la selva colombiana el miércoles pasado armó un revuelo en ese país. Ayer, el presidente Juan Manuel Santos descartó la posibilidad de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) hayan derribado el avión militar que cayó en el departamento del Cauca. Las FARC se atribuyeron la caída de la aeronave y aseguraron que retuvieron por varias horas los restos de uno de los tripulantes.

Santos sostuvo que los expertos de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que investigan el caso no han encontrado indicios que permitan concluir que la aeronave de combate fue impactada por las FARC. “En lo que han revisado hasta ahora, ese avión no fue impactado por ninguna ametralladora punto 50 y mucho menos por un misil, porque ya algunos están diciendo que se permitió que la guerrilla adquiriera misiles”, señaló el mandatario. Santos había descartado el pasado jueves, al día siguiente de los hechos, que los rebeldes fueran los responsables del hecho. Esta vez, el mandatario consideró antipatriótico que se le haya dado credibilidad al comunicado del pasado jueves en el que las FARC aseguraron que su “fuego antiaéreo” derribó la aeronave. “Qué actitud tan antipatriótica la de algunos que quieren aprovechar estas circunstancias para pescar en río revuelto”, enfatizó. En la misma intervención, en Barranquilla, negó nuevamente que pueda ordenar la retirada de las fuerzas de seguridad de algún lugar del territorio, de acuerdo con lo solicitado por los indígenas nasas o paeces, que viven en la región de conflicto del norte del Cauca, que reclaman la salida de su territorio ancestral tanto de los insurgentes, como de las fuerzas militares y policiales. “La fuerza pública tiene la obligación, y como comandante supremo de esa fuerza pública también tengo la obligación, de proteger cada centímetro de nuestro territorio”, dijo. “Por eso nunca voy a ordenar ningún despeje de ninguna zona, de ninguna región del país”, aclaró. Además expresó que que sólo cuando encuentre que hay condiciones necesarias y convenientes para pensar en comenzar un proceso de paz se lo dirá al país y procederá.

En tanto, el representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Todd Howland, afirmó ayer que centenares de civiles están afectados gravemente en el departamento de Cauca por los enfrentamientos entre la guerrilla y la fuerza pública.

“Hay muchos indígenas y campesinos en esta área con parcelas pequeñas. Es como tener una guerra en su patio trasero. Muchos en Bogotá y en otras ciudades piensan que este conflicto sólo existe en las montañas. Pero la verdad es que donde está el conflicto hay muchas personas que viven, trabajan, van a la escuela y tienen su hogar allí. Estos colombianos están afectados gravemente”, describió Howland tras una visita a la zona. También el jefe de la subdelegación de la Cruz Roja, Benno Kocher, sostuvo que es preocupante la afectación psicológica de la población y el gran número de personas que no tiene a dónde volver una vez que se normalice la situación, pues muchas perdieron sus casas tras los combates. Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió de los problemas de tipo humanitario que padecen algunos municipios y caseríos de Cauca como consecuencia de la ofensiva de las FARC, que si bien empezó hace varios meses se intensificó de forma notable en la última semana. Se estima que por lo menos 1500 personas de varios pueblos de Cauca se desplazaron a sectores más seguros desde que se intensificó la ofensiva, el 6 de julio.

El avión que cayó en la región era un Súper Tucano que el miércoles por la tarde se precipitó a tierra en las montañas de Jambaló cuando apoyaba a tropas en tierra que avanzaban en operaciones contra las FARC. Tras haber sido dado por desaparecido, la FAC admitió el jueves que la aeronave, de fabricación brasileña, se había accidentado y que en el siniestro habían muerto sus dos tripulantes, el teniente Andrés Serrano Lemus, que lo piloteaba, y el suboficial Oscar Castillo Moncaleano, que lo acompañaba como técnico. Los cadáveres de los militares fueron recogidos el mismo jueves por un equipo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que los entregó a las autoridades castrenses en Popayán, la capital caucana. Los forenses que realizaron las necropsias en Bogotá informaron que ambos tripulantes murieron por “múltiples lesiones y fracturas en el cuerpo” y no por heridas de bala. Por otra parte, un grupo de 200 indígenas de la etnia nasa desarmó el avión de la Fuerza Aérea colombiana que cayó, lo que dificulta el peritaje para determinar si la nave fue derribada por las FARC, como afirma la guerrilla. Los indígenas fueron fotografiados con la caja negra encontrada bajo un ala de la aeronave, “a la que asocian con las desgracias que padece la región por cuenta del conflicto armado”, reseñó ayer el diario El Espectador, citado por la agencia de noticias Prensa Latina.