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Desde Roma

Aunque es poco lo que ha salido a relucir hasta ahora sobre otros acusados por el Vatileaks, el anuncio del próximo juicio contra el mayordomo de Benedicto XVI, por haber robado documentos, ha desatado un avispero y se habla de numerosos presuntos sospechosos y de “mandantes secretos” que estarían siendo investigados. En lo que muchos medios parecen coincidir y también reiteró el portavoz del Papa, padre Federico Lombardi, es en que Benedicto XVI quiere ir hasta el fondo del problema y actuar con transparencia, hecho este último que, de concretarse, tendría pocos antecedentes en la historia vaticana. “Entre las dos líneas de procedimientos coexistentes, una que quería aclarar los hechos y la otra empantanarlos, prevaleció la del Papa, que quiere ir a fondo en esta extraordinaria historia”, escribió el conocido vaticanista del diario turinés La Stampa, Marco Tosatti.

El proceso contra Paolo Gabriele (foto), 46 años, ciudadano vaticano y mayordomo del pontífice, acusado de “robo agravado” de documentos secretos, comenzará después del 20 de septiembre –día en que acaba la feria judicial vaticana–, y muy probablemente antes de noviembre. Junto a Gabriele será procesado por encubrimiento Claudio Sciarpelletti, 48 años, ciudadano italiano pero que trabajaba para el Vaticano como “analista programador de primera clase” en la Secretaría de Estado, sede del virtual primer ministro de la Santa Sede y donde trabajan unas 140 personas.

Aparte de Gabriele y Sciarpelletti, otros estarían ya preparando su propia defensa. Según la prensa italiana, serían al menos 12 los sospechosos entre las 25 personas que aparecen indicadas sólo con iniciales en los documentos judiciales vaticanos entregados a la prensa en ocasión del anuncio del juicio contra Gabriele por el caso Vatileaks. Se espera que las iniciales de sospechosos y testigos se transformen en nombres y apellidos una vez que empiece el proceso contra el mayordomo. Para los nuevos sospechosos se habla de acusaciones mucho más graves, referidas a delitos penales contra el Estado como vilipendio contra las instituciones, calumnia, difamación y violación de secretos.

La Justicia vaticana no parece haber descubierto hasta ahora la real motivación de la maniobra Vatileaks ni sus protagonistas verdaderos, o al menos no lo ha hecho público. Y el juicio contra Gabriele es, para muchos, sólo el primer peldaño de una larga subida llena de obstáculos. Incluso muchos no creen que una persona descripta por los psicólogos consultados por los jueces vaticanos como inestable y casi paranoico pudiera estar tan cerca del Papa sin que nadie se diera cuenta de sus problemas. Le han endilgado además el hecho de haber encontrado entre sus papeles un cheque de 100 mil euros de la Universidad Católica de Murcia, a nombre del Papa y del Obolo di San Pietro, un fondo de dinero con el cual el Papa hace obras de caridad. Pero difícilmente hubiera podido cobrarlo. También le encontraron otros dos regalos dirigidos al Papa, una pepita de oro regalada por un empresario minero de Perú y un libro antiguo.

Hay un cierto consenso entre los expertos vaticanistas en que, desde hace tiempo, algunos sectores dentro de la Santa Sede están tratando de accionar mecanismos para atacar directa o indirectamente al secretario de Estado, cardenal Tarcisio Bertone, en abierta o tácita oposición al secretario personal del Papa, padre Georg Gaenswein. Y esos ignotos personajes serían los que habrían entregado los documentos secretos a Gabriele y Sciarpelletti para ser difundidos, personajes de alto rango dentro de la Santa Sede, se supone, a los que ni Gabriele ni Sciarpelletti podrían haber dicho no. Incluso algunos de esos documentos, arriesgan diarios italianos, habrían llegado al padre Gaenswein de manos de Gabriele, lo que, de ser cierto, podría ponerlo en serias dificultades.