Tras meses de arduo debate para buscar una salida de consenso, un total de once países de la Unión Europea acordaron avanzar en la creación de una tasa a las transacciones financieras internacionales. El objetivo no es otro que frenar la especulación y hacer que la banca asuma parte de los costos de la crisis. Los dos primeros países en impulsar la iniciativa fueron Alemania y Francia, que enviaron formalmente su solicitud el pasado 28 de septiembre a la Comisión Europea (CE) y remitieron una misiva a los demás socios comunitarios para pedirles que se sumaran. Días después, se sumaron Austria, Bélgica y Portugal, que completaron el procedimiento ante el Ejecutivo comunitario, a los que sucedieron Eslovenia y Grecia. Entre las once naciones también se encuentran España e Italia. El resto de los Estados miembro se queda afuera de esta medida, por considerar que la tasa empujará a la industria financiera a deslocalizarse fuera de la UE. “No estamos en contra de las tasas al sector financiero”, señaló el ministro británico de Finanzas, George Osborne, quien se encuentra al frente de los países abroquelados en el grupo disidente. “Pero nuestra posición es que sólo consideraremos sumarnos si todos los centros financieros del mundo la implantan, como Nueva York, Singapur, Shanghai y Hong Kong”, agregó el funcionario.

La puesta en marcha de la denominada tasa Tobin volverá a discutirse en la reunión de ministros de Economía del 12 de noviembre. El lanzamiento de la “cooperación reforzada”, mecanismo que permite sortear el veto de países como el Reino Unido, exigía la participación de al menos nueve Estados miembro. Hasta anteayer, Alemania y Francia, promotores de esta medida, habían logrado convencer además a Portugal, Grecia, Eslovenia, Bélgica y Austria. España e Italia, que en los debates anteriores se habían pronunciado por una participación en la tasa, se resistieron hasta último momento. De hecho, el ministro de Economía español, Luis de Guindos, no quiso adelantar cuál sería la posición del gobernante Partido Popular. No obstante, en el debate que se llevó a cabo ayer acabaron sumándose otros cuatro países: además de España e Italia, Estonia y Eslovaquia acompañaron la creación de este impuesto.

Según la propuesta de Bruselas, basada en una idea del Nobel de Economía James Tobin, la tasa gravaría con una alícuota del 0,1 por ciento las compraventas de acciones y bonos, y con un 0,01 por ciento las de otros derivados. El Ejecutivo comunitario señaló que si esta tasa para gravar todas las operaciones de acciones, bonos y derivados fuera utilizada en el conjunto de la UE se podría alcanzar una recaudación de hasta 57.000 millones de euros. La Comisión Europea pretende dedicar una parte de ese monto a financiar el presupuesto de la UE. Tanto el Reino Unido como Polonia, que tampoco quiere implantar la tasa, anunciaron que no obstaculizarán su puesta en marcha en los países que así lo deseen. Sin embargo, Osborne avisó que podría provocar pérdidas por valor del 3,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

“Quiero agradecer a los países que ya expresaron su apoyo por carta y a los que lo hicieron de forma oral este martes (por ayer)”, indicó el comisario europeo encargado de la fiscalidad, Algirdas Semeta, durante la reunión en Luxemburgo de los 27 ministros de Finanzas de la UE, dedicada a reavivar la vieja propuesta. “Somos conscientes de que se abre un nuevo proceso, de que esto debe hacerse de forma coordinada por la mayoría de los países europeos”, señaló finalmente De Guindos, quien se mostró dispuesto a enviar una carta a la comisión en los próximos días, expresando formalmente su apoyo.

“El gobierno español intentará que la tasa sea lo más positiva posible desde el punto de vista de generación de recursos presupuestarios y lo menos distorsionadora desde el punto de vista de flujo de capitales”, afirmó el ministro de Economía español. Al ser interrogado de por qué España había demorado tanto en dar su respaldo a la idea, De Guindos respondió: “Las bazas negociadoras hay que guardárselas hasta el último minuto”. Pero la recaudación anual que se obtenga dependerá de la cantidad y de qué países (de acuerdo con su PIB) la utilicen. El ministro de Finanzas holandés, Jan Kees De Jager, admitió que Holanda rechaza la idea. Pero no la bloqueará, dijo una fuente europea cercana al tema.

A partir de ahora, los Estados miembro interesados tienen que formular una petición a la CE detallando el alcance y los objetivos de la cooperación reforzada. Bruselas deberá estudiar la propuesta para garantizar que cumple las condiciones necesarias. Luego y en línea con la que ya estaba sobre la mesa del Consejo, la CE tendría que elevar una propuesta a aprobar por la mayoría de los veintisiete países de la UE. El Parlamento Europeo tendría que dar también su consentimiento.

El gravamen a estas operaciones contribuiría a reducir las especulaciones financieras y estabilizar los mercados, argumentan sus defensores. Además, el sector financiero terminará de alguna manera pagando –aunque mínimamente– por las convulsiones que provocó en la economía mundial a partir de la crisis desatada en Europa y Estados Unidos. La propuesta para recuperar el crecimiento se presenta al menos como una bocanada de aire fresco para los planes anticrisis de Bruselas, poco después de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujera nuevamente sus previsiones para 2012, a 3,3 por ciento, contra un 3,5 por ciento de julio.

Esto se produce, principalmente, a raíz de la crisis en la Eurozona que se mantiene como la amenaza más grande para la economía global. La UE debe tomar medidas para conseguir una unión bancaria y una mejor integración presupuestaria y buscar el saneamiento de sus finanzas públicas, pidió además el FMI.