El presidente egipcio, Mohamed Mursi, decretó una enmienda constitucional que impide la apelación de sus decisiones ante cualquier instancia judicial y ordenó que se vuelva a juzgar a su antecesor, Hosni Mubarak, por la represión mortal de la revuelta que lo derrocó. La decisión del islamista Mursi, adoptada tras haber recibido una ola de elogios de Estados Unidos y otros países por haber logrado una tregua entre Israel y Hamas, fue criticada por la oposición, que acusó al mandatario, que ya ejerce el Poder Ejecutivo y el Legislativo, de haberse proclamado “nuevo faraón” de Egipto.

Modificando la Constitución que rige de manera provisional desde la caída de Mubarak, en febrero de 2011, Mursi también decretó la inmunidad del panel encargado de redactar una nueva Carta Magna respecto de cualquier fallo judicial a favor de su disolución. Los miembros cristianos y progresistas de la Asamblea Constituyente renunciaron al órgano la semana pasada en protesta por lo que consideran un secuestro del panel por parte de los Hermanos Musulmanes, el poderoso movimiento islamista del cual procede el presidente.

Los renunciantes acusan a los Hermanos de querer sacar adelante un texto con un sesgo islamista que restrinja los derechos de las mujeres y otras libertades individuales y margine a la minoría cristiana. Varios tribunales estaban examinando pedidos de disolución de la Asamblea Constituyente. El líder egipcio también decretó que todas las decisiones que haya tomado desde que asumió, en junio, hasta que se adopte la próxima Constitución y se elija un nuevo Parlamento –en el segundo trimestre del año próximo– no estarán sujetas a ninguna apelación ante la Justicia o ante otra autoridad.

También prohibió que cualquier tribunal disuelva la Cámara alta del Parlamento, que tiene pocos poderes reales y que también está controlada por los islamistas. Mursi no sólo ejerce el Poder Ejecutivo, ya que también detenta la autoridad legislativa desde que un fallo judicial anterior a su asunción, el 30 de junio, disolvió la Cámara baja del Parlamento, dominada por los Hermanos Musulmanes. Con el control de dos de los poderes del Estado, el mandatario había tenido frecuentes choques con el tercero, el Judicial, en los últimos meses.

“Hoy Mursi usurpó todos los poderes del Estado y se nombró nuevo faraón de Egipto”, escribió el líder reformista Mohamed El Baradei en su cuenta de Twitter. “Un gran golpe a la revolución que podría tener consecuencias funestas”, agregó. El mandatario también emitió otro decreto que ordena que se vuelva a enjuiciar a Mubarak, pidiendo nuevas investigaciones y juicios contra aquellos que ocuparon cargos políticos o ejecutivos en el antiguo régimen y están acusados de matar a manifestantes.

Mubarak fue condenado a cadena perpetua por no haber evitado la represión ilegal, que dejó más de 800 muertos en 18 días de revuelta. Sin embargo, muchos egipcios se sintieron muy molestos por el hecho de que no se lo haya condenado por haber ordenado la represión y porque no se haya dictado pena de muerte contra su ex jefe de seguridad Habib el Adly. En declaraciones a la cadena de televisión Al Jazeera, el portavoz presidencial, Yaser Ali, explicó que las medidas no implican que se vaya a restaurar la Cámara baja, sino que se celebrarán nuevas elecciones.

El Tribunal Constitucional tenía previsto pronunciarse próximamente sobre la validez de la actual Asamblea Constituyente, cuya composición ha sido recurrida por decenas de demandas. Con su resolución, Mursi se quita de en medio también a uno de sus rivales en el estamento judicial, el fiscal general del país, Abdelmeguid Mahmud, y somete la designación de este cargo, que hasta ahora correspondía a los propios jueces, a la institución presidencial.

El nuevo fiscal general será el magistrado Talaat Ibrahim Mustafa, de 54 años, gracias a una nueva ley que fija con carácter retroactivo, en cuatro años, el tiempo máximo para desempeñar este cargo. El conflicto entre Mursi y la magistratura se remonta hasta casi el momento de su elección como presidente. En una de sus primeras decisiones, el pasado julio, el mandatario ya revocó la disolución de la Cámara baja, para tener que rectificar sólo tres días después, tras recibir la negativa del Constitucional. También tuvo que dar marcha atrás en octubre, cuando cesó al fiscal general y 48 horas después se vio obligado a retractarse.

Mientras tanto, el ex candidato presidencial Amro Musa señaló que Egipto “entra en una etapa diferente, que no es la de la democracia que esperábamos o de la soberanía de la ley que pedíamos. Que Dios nos proteja”, exclamó.

La sucursal en Alejandría del influyente Club de Jueces, la principal asociación que agrupa a los magistrados egipcios, convocó a una reunión de urgencia para analizar las decisiones presidenciales, especialmente la destitución del fiscal general. “El Estado de Derecho está a prueba con estas resoluciones”, dijo Ezzat Awa, presidente de esa organización, y agregó que es posible que se convoque una asamblea general del órgano.