Un día después de los violentos choques entre mineros asalariados y cooperativistas en la localidad de Huanuni, por el control de la mina Posokoni, aún estaba en duda la cifra oficial de muertos y heridos. Los medios de comunicación locales llevaron el número de fallecidos a 16 y el de heridos a 50 o 70. Las pantallas televisivas arrojaron a lo largo de la jornada imágenes dantescas de esta localidad de Oruro, con decenas de heridos por la dinamita, cadáveres en las laderas de los cerros y mujeres mineras buscando desesperadamente los cuerpos de sus esposos en la morgue. Desde muchos sectores se responsabilizó al gobierno por la tardanza en desplegar fuerzas policiales y militares para separar a ambos bandos enfrentados y pacificar la zona. Los uniformados recién retomaron ayer el control del poblado y la mina, pero, pese a la firma de un acta de paz, había una tensa calma. Anoche el presidente Evo Morales echó al ministro de Minería, Walter Villarroel, quien ocupaba el sillón gracias a un acuerdo corporativo entre la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) y el MAS de Evo Morales.

Después de la masacre, en lugar de poner paños fríos, el funcionario había salido a acusar a los mineros estatales de haber provocado los incidentes. Morales designó como su reemplazante a Guillermo Dalence, un dirigente de extracción sindical.

El conflicto entre mineros de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y los cooperativistas está latente desde hace siete meses, pero el jueves pasó a mayores cuando los segundos planificaron el asalto al cerro Posokoni, la mayor reserva de estaño de Bolivia, dividido casi salomónicamente entre ambos bandos: Comibol controla la parte más rica –niveles -120, -160 y -200–, para lo cual el Estado invirtió en infraestructura, mientras que los cooperativistas explotan la parte más próxima a la superficie (-80 hasta el cielo abierto) sin haber realizado ninguna inversión.

La ofensiva cooperativista encontró una férrea resistencia de los mineros sindicalizados, con una tradición de más de medio siglo de enfrentar al ejército enviado por las sucesivas dictaduras militares a acallar sus reclamos. La dinamita de los atacantes –incluidos neumáticos llenos de explosivo lanzados por el cerro contra las fuerzas enemigas– fue respondida con más dinamita –y con armas de fuego– por los afiliados a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (Fstmnb), y Huanuni se volvió el escenario de una guerra sin tregua. Ni la radio local, propiedad de los mineros sindicalizados, se salvó de los temblores: su antena fue dinamitada y dejó de transmitir. El hospital del pueblo fue superado y un gran apagón afectó a toda la región.

Los sindicatos mineros fueron uno de los principales actores de la política boliviana en los últimos cincuenta años y tuvieron un papel central en la revolución de 1952 y en el sostenimiento del Estado nacionalista revolucionario que la sucedió. Sus luchas con casco y “cachorros” de dinamita forman parte de la mística del movimiento popular boliviano. Pero en 1985, en medio del derrumbe internacional de los precios del estaño, el gobierno neoliberal del presidente Víctor Paz Estenssoro redujo casi hasta el cierre a Comibol, lo que conllevó el despido de más de 20.000 mineros y la extinción del llamado “marxismo minero”, nacido en los socavones entre panfletos y obras de Lenin y Trotsky. Muchos migraron a la ciudad de El Alto y se convirtieron en cuentrapropistas, otros devinieron cultivadores de coca en el trópico de Cochabamba, y una parte de ellos conformaron cooperativas para hacerse de yacimientos que explotan a destajo como microempresarios. Son estos cooperativistas los que hoy reclaman pedazos de las minas estatales en un contexto de reactivación de la industria por el aumento de los precios internacionales de los minerales, como el estaño, cuyo precio fue arrastrado casi al doble por el incremento de la demanda china. En Huanuni hay 4000 cooperativistas frente a unos 1000 mineros estatales.

Estos últimos acusan a las cooperativas de depredar las riquezas minerales y denuncian que mientras los dirigentes de las cooperativas se enriquecen con las comisiones, los trabajadores de base –incluso niños y adolescentes– bajan hasta el interior de las minas sin el equipamiento ni las medidas de seguridad necesarias. Proponen un “plan minero-metalúrgico con visión estratégica”, es decir, incluir a la minería en la política nacionalizadora aplicada a los hidrocarburos que hoy parecen la única preocupación oficial. “Lo que debería ser una bendición (el aumento de los precios) se volvió una maldición”, dijo el vicepresidente Alvaro García Linera. Ahora la alianza entre el gobierno y los cooperativistas parece rota.