El ex capitán hondureño Billy Joya Améndola, acusado de violaciones a los derechos humanos cometidas durante los ’80 y actual ministro asesor del presidente de facto Roberto Micheletti, puede presumir de haber sido instruido por expertos. Aprendió de los militares represores argentinos que llegaron por esa época a su país para impartir cursos de seguimiento, secuestro, tortura, asesinato y desaparición de personas. Compenetrados como estaban, por entonces, en el exterminio de lo que llamaban “comunismo apátrida marxista leninista”, una banda de especialistas en submarino seco y otras aberraciones se radicó en Honduras para asesorar en la creación del Batallón de Inteligencia B3-16 –usina de los escuadrones de la muerte– y, también, para fogonear la guerra sucia en Centroamérica, sobre todo contra Nicaragua, Guatemala y El Salvador.

El grupo de tareas argentino que operó en Honduras y en la región estuvo a cargo del coronel Osvaldo Riveiro (“Balita”): se mantenía por entonces en contacto directo y a las órdenes del general Guillermo (“Pajarito”) Suárez Mason. Los ex presidentes argentinos Videla, Viola y Galtieri planificaron y monitorearon la exportación de lo que en Centroamérica se conocería como “el método argentino” de terrorismo de Estado. El general Alberto Alfredo Valín y el coronel Mario Davico fueron otras dos figuras clave en el montaje del andamiaje represivo; también operaron allí los capitanes Héctor Ricardo Francés García y Santiago Hoyas y el coronel Jorge de la Vega. La mayoría de los oficiales había formado parte del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Otros célebres personajes que desplegaron allí sus talentos fueron los servicios Raúl Guglielminetti, Juan Martín Ciga Correa y Leandro Sánchez Reisse; éste reconoció en Estados Unidos, al ser detenido, la megaestructura paramilitar y sus lazos con el narcotráfico. Llegó a haber, en Honduras, 150 oficiales argentinos.

Y Joya operó, en el B3-16, como enlace con esos asesores.

Bertha Oliva, coordinadora de la Comisión de Familiares Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh), denunció que, junto con Joya, el gobierno de Micheletti recicló a otros militares acusados de violaciones a los derechos humanos que pertenecieron o tuvieron fuertes vínculos con el B3-16. Entre ellos menciona al general Mario Hung Pacheco, asesor en la Secretaría de Seguridad, y a Nelson Willy Mejía, director de Migración y Extranjería. El comisionado Salomón Escoto Salinas, actual director de la Policía Nacional (aunque fue nombrado en su cargo cincuenta días antes del golpe), aparece denunciado en Los hechos hablan por sí mismos-Informe preliminar sobre los desaparecidos en Honduras, de Leo Valladares Lanza: allí reproduce documentación oficial en la que se atestigua su pertenencia al B3-16 como jefe en la sección Operaciones y Adiestramiento y del Equipo de Bombas.

Valladares Lanza vino a la Argentina en octubre de 1996 para reclamarle al por entonces presidente Carlos Menem por la desclasificación de lo actuado por el ejército argentino en Honduras. “Tenga la más absoluta seguridad de que van a tener mi colaboración”, le dijo Menem, por supuesto, y, por supuesto, jamás aportó un dato.

Ya en 1980 el diario Tiempo, de San Pedro Sula, anoticiaba: “Miembros del Ejército argentino entrenan bandas paramilitares”. En 1983 los organismos de derechos humanos hondureños denunciaban las señales del “método argentino” en las desapariciones: “Personas políticamente activas son detenidas ante la vista de testigos por hombres fuertemente armados, vestidos de civil y conduciendo coches sin placas. Después de la detención inicial, las autoridades niegan rotundamente la presencia del prisionero en los centros de reclusión. Los sobrevivientes relataron que son llevados a cárceles clandestinas, donde son torturados y sometidos a vejámenes”.

Según numerosos testigos, anota el periodista Cristofer Dickey en el libro Con los contras, los oficiales argentinos estaban establecidos en el hotel Honduras Maya. “Les gustaba ir al Casino Montecarlo, el restaurante de carnes escaleras abajo, al bar y a la discoteca, que se llenaba de mujeres los viernes a la noche.”

Según la Cofadeh, entre 1980 y 1989 fueron secuestradas y desaparecidas 184 personas. A Joya se le endilgaron 16 delitos de lesa humanidad. (Para saber de su currículum: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/joya/)

La presencia de Joya y otros represores pesados de los ’80 en el gabinete del gobierno usurpador tiene relación con la serie de asesinatos, amenazas, censura e intimidaciones que tienen aterrorizada a buena parte de la sociedad hondureña. Pero los esfuerzos para que aquellas siniestras historias salieran a la luz y circularan sirvieron para que esta vez, en lugar de silencio y reclusión, se multiplicaran las voces de denuncia y persistieran las movilizaciones de rechazo al golpe de Estado.

“No hay palabras para describir lo que estamos sintiendo, es la oscuridad de los años ’80 otra vez”, ha dicho Bertha Oliva. La dirigente viene señalando que los agentes locales de la CIA y los ex alumnos de la Escuela de las Américas, que en los ’80 trabajaron junto al Grupo de Tareas del Exterior argentino, “están junto a Micheletti en instituciones clave para la ejecución y gerencia del complot político contra Zelaya”.

A los cuatro asesinatos que la Cofadeh atribuye al terrorismo de Estado (hay varios más denunciados con fuertes sospechas) se sumó el crimen de Pedro Magdiel Muñoz, un partidario de Zelaya que se había movilizado hacia la frontera con Nicaragua para recibirlo: su cuerpo apareció en la madrugada del sábado en El Paraíso con evidentes signos de tortura. Según diversos informes, varios testigos vieron cuando fue detenido.

Los episodios de amenazas, censuras y detenciones son tantos que abruman y evidencian dos hechos incontrastables: el despliegue del aparato represivo, por un lado, y la voluntad de resistir y denunciar, por otro. Por citar unos pocos ejemplos: el presidente del Colegio de Profesores de Educación Media, Eulogio Chávez, denunció que lo siguen paramilitares dirigidos por Joya; la escritora y Premio Nacional de Literatura Helen Umaña aseveró ayer que le cortaron el teléfono cuando estaba por denunciar a una radio mexicana sobre lo que ocurre en su país: “Tengo miedo de hablar y sé que eso puede acarrearme la muerte”, dijo. Centenares de personas fueron detenidas o permanecen acorraladas en la frontera; dirigentes como Rafael Alegría, Salvador Zúñiga y Bertha Cáceres fueron detenidos (y luego puestos en libertad); una bomba estalló en una asamblea sindical; las marchas de protesta están infiltradas por policías y son filmadas.

Hay, respecto del aparato represivo, una sensación generalizada que bien puede sintetizarse en una declaración del dirigente sindical Carlos Reyes, el sábado pasado, tras el crimen de Magdiel y la explosión de la bomba: “Billy Joya es, hoy, la persona que está dirigiendo la seguridad del Estado”.