“Sí o sí hay que poner orden”, sentenció el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, quien planteó que la nueva Policía Metropolitana va a intervenir en las manifestaciones públicas y piquetes y va a defender el sacrosanto derecho a la circulación por la vía pública. El funcionario de Mauricio Macri advirtió que la policía porteña va a “hacer cesar la infracción, como corresponde, liberando la vía que está ocupada”. La oposición porteña salió a cuestionar las declaraciones del ministro y lo acusó de criminalizar la protesta social.

“Lo que hay que hacer es hacer cumplir la ley. No es que la policía va a reprimir, pero hay una ley que dice que las calles tienen que estar liberadas”, advirtió Montenegro, tras presentar a la nueva fuerza policial, que estará en operaciones en octubre. No se trata de una política nueva de PRO: la avanzada sobre las manifestaciones públicas comenzó en septiembre de 2004, cuando el bloque macrista consiguió aprobar un código de contravenciones que endurecía las penas contra los que cortan calles. En ese momento, Macri festejó el “enorme avance para cuidar el espacio público y que no se invada el derecho de los demás”.

Cuando asumió Macri como jefe de Gobierno, el encargado de implementar esa política fue el fiscal general Germán Garavano, que desplegó una ofensiva judicial contra los cortes (ver aparte). En febrero de 2008 se registró el de-salojo violento de los cartoneros que acampaban en Barrancas de Belgrano por el cierre del Tren Blanco. La Guardia de Infantería los echó por la fuerza, sin orden judicial, a los puntapiés y bastonazos. Hubo detenidos y heridos. Los empleados del gobierno porteño tomaron sus pocas pertenencias y las arrojaron a los camiones compactadores de basura, que las trituraron frente a los ojos de sus dueños.

La gestión PRO no volvió a contar con la colaboración de la Federal cuando quiso desalojar las carpas K que se instalaron frente al Congreso durante el conflicto con las entidades rurales. Subsanaron esa carencia en parte con la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP), sobre la que existen diversas denuncias en la Defensoría del Pueblo porteña por desalojos violentos a personas sin techo. A esta política, se sumará en octubre la Policía Metropolitana, cuyo flamante jefe, Jorge “Fino” Palacios, viene siendo cuestionado por familiares de víctimas de la AMIA, de la represión del 20 de diciembre y organismos de derechos humanos.

También es criticada por la oposición porteña, que ayer salió al cruce de las nuevas declaraciones de Montenegro, quien aclaró que “lo que uno está intentando es lograr que el conflicto se baje. Sí o sí hay que poner orden”. “Con semejante definición, no asombra la designación del Fino Palacios al frente la Policía Metropolitana”, advirtió el diputado de Proyecto Sur Claudio Lozano a Página/12. “No hace más que ratificar el componente represivo de la estrategia macrista en la ciudad, donde el sentido de la policía es simplemente favorecer un proceso de represión del conflicto social, tanto de desalojo de calles como de viviendas, como lo han venido haciendo Macri desde la asunción hasta aquí, dejando en la calle a cerca de tres mil familias”, sostuvo Lozano

“Cuando uno recuerda lo que ocurrió cuando asumió De la Rúa o lo de Kosteki y Santillán, llega a la conclusión de que ningún paso de un vehículo vale una vida humana”, remarcó el senador kirchnerista Daniel Filmus. “Hace seis años que se trabaja para resolver los piquetes a través del diálogo (incluso con la 125). Educar a la nueva policía en que la forma de resolver los conflictos es la represión va a generar peores condiciones para la seguridad”, advirtió el ex ministro de Educación.

“Nos hablaron de una policía para mejorar la seguridad en la ciudad de Buenos Aires y ahora parece que va a ser contra los piqueteros”, planteó el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra ante este diario. “Macri ya tiene un grupo que patotea a los cartoneros y ahora quiere darle un perfil propio a la policía de la ciudad dejando a la seguridad en un plano lejano y poniendo por delante la represión a las protestas sociales”, dijo. “Generamos una policía para combatir el delito, no para reprimir la protesta social ni para que sea el último guardián de tipos que no tienen que tener ninguna relación con el Estado, como el Fino Palacios”, remarcó el legislador K Diego Kravetz.

“Quieren convertir a la Metropolitana en una guardia de apoyo a la Federal. La policía no puede ser la demostración de la ineficacia para prever del Gobierno porteño, que más que tener una fuerza de represión, tendría que tener una mesa de conversación. Tuvieron conflictos hasta en la campaña con la carpa de Pino, lo que implica que no tienen un sistema de alerta temprana”, afirmó el legislador de la CTA, Martín Hourest.

“Es una pena que la policía metropolitana esté concebida como una ampliación de la UCEP y que Montenegro la piense para cumplir la ley en un aspecto represivo”, advirtió la legisladora de la Coalición Cívica, Diana Maffía. “Si Montenegro imagina una policía para desalojar piquetes estamos ante un modelo represivo que no va a colaborar para una mejor calidad para los vecinos”, estimó la diputada radical Silvana Giudici. “Es imposible parar la propuesta social ante una situación de crisis como la que hay y ante el incumplimiento del gobierno porteño de todos los planes sociales. Las medidas represivas no dieron resultados y es una de las pocas que me parecen correctas del gobierno nacional”, reconoció el legislador del ARI Facundo Di Filippo, quien estimó que “lo que pretende hacer Montenegro es tapar el sol con un dedo”.