Los 30 días transcurridos desde el anuncio de las retenciones móviles a las exportaciones de soja, el 11 de marzo, hasta la reunión del viernes 11 de abril con las cámaras patronales agropecuarias, marcan un punto de inflexión política. Nunca antes el gobierno kirchnerista había enfrentado un desafío tan frontal y de semejante potencialidad destructiva. Pero el sostenimiento de la autonomía institucional respecto de los intereses de sector más la flexibilidad para corregir los errores tácticos que le hicieron sufrir un desgaste innecesario y pusieron por primera vez en abierta ofensiva a las fuerzas de la derecha aborigen, sugiere que el saldo de esta primera confrontación puede ser favorable. La lectura oficial es que al cumplir cuatro meses en el gobierno Cristina se recibió de presidente, enfrentó el reto con armas políticas, sin acudir a la represión, y mantuvo la medida que provocó el alzamiento. En verdad, su firmeza fue superior a la que exhibió hace cuatro años Néstor Kirchner ante la primera erupción del mismo origen social, liderada entonces por el “ingeniero” Juan Blumberg. Las entidades patronales, por su parte, prefieren considerar que las retenciones fueron apenas el detonante de un malestar previo referido a lo que consideran falta de una política para el sector. Esa presunción no se sostiene en los hechos ya que a lo sumo podría objetarse que faltó sintonía fina para aprovechar a fondo las condiciones excepcionales del mercado mundial. Pero eso es lo que comenzó a concretarse con la medida que soliviantó a los empresarios rurales, al poner un límite a la expansión de la soja y abrir así la posibilidad de desarrollo de otras producciones. La carta con que las entidades rebeldes solicitaron el diálogo incluyó concesiones que preanunciaban el acuerdo: aceptaba la propuesta presidencial de discutir un acuerdo sectorial para el Bicentenario y admitía la meta de garantizar la equidad social dentro de un modelo sin excluidos. Nada de esto puede ocultar que lo sucedido el último mes es parte de una puja distributiva, que también se expresa en el alza de precios y que sin duda tendrá nuevos episodios, porque los salarios han recuperado el nivel de 2001 y para el capital más concentrado ése es un tope del que los trabajadores no pasarán. La negación del problema mediante los números de fantasía del INDEC es el principal punto débil que CFK deberá corregir más temprano que tarde, si no quiere que se agrande la brecha entre el discurso de la inclusión social y el empeoramiento en los indicadores de pobreza e indigencia por ingresos.

Introito

Los dirigentes de las cuatro entidades que por tres semanas desestabilizaron al país fueron recibidos en la Casa de Gobierno a las 12.30, pero debieron esperar más de una hora, porque CFK anunciaba en ese momento un Plan de Abordaje Integral contra la Pobreza, rodeada por gobernadores e intendentes de todo el país. Consiste en unificar todas las políticas sociales, en función de tres indicadores: Necesidades Básicas Insatisfechas, mortalidad infantil e incidencia de tuberculosis. La primera intervención (que incluye educación, salud, trabajo, vivienda, cultura, recreación y acceso a servicios públicos de infraestructuras esenciales) se realizará en 233 localidades con menos de 12.000 habitantes del segundo cordón del conurbano bonaerense, del Noroeste y del Noreste, hasta cubrir una población total de 4,5 millones de personas, de las cuales un millón con NBI.

Esas son zonas de fuerte inequidad, como explicaron las ministras Alicia Kirchner y Graciela Ocaña. El 98 por ciento de los niños asisten a la escuela pero solo el 52 por ciento tiene cobertura de salud. Este es apenas un promedio: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires esa cobertura llega al 60 por ciento, pero en el NOA apenas al 40. Mientras los caudillos de la protesta patronal aguardaban en una antesala, la presidente explicaba a su auditorio que el financiamiento estatal de ése y de otros programas se realiza con recursos que se recaudan en primer lugar sobre los consumos populares, a través del IVA; luego por los impuestos directos a las ganancias; después por los aportes patronales y de los trabajadores a la seguridad social y recién en cuarto lugar por las retenciones. El acto parecía pensado para encuadrar la reunión con los piqueteros agropecuarios. Pero no era así. Desarrollo Social trabaja en su parte del plan desde enero y Salud desde febrero. El anuncio estaba programado para el jueves, pero se postergó por la visita del diplomático estadounidense Tom Shannon. De todos modos, las palabras presidenciales, fueron un inmejorable introito a la discusión: éste es el país devastado en el que sus interlocutores del viernes reclaman el derecho a la apropiación de rentas extraordinarias.

Profesión de fe

Durante los 180 minutos de diálogo los cuatro representantes empresarios hicieron profesión de fe democrática, otro indicio de que el gobierno está ganando la batalla ante la opinión pública. Cada vez más sofisticado en el doble mensaje Eduardo Buzzi explicó que cuando dijo que habían demostrado capacidad para desabastecer a la Capital se dirigía a los gurkhas de la Federación Agraria: ya lo logramos, ahora levanten el corte. Agregó que como representante de los sectores pequeños y los productores marginales, el reintegro ofrecido les servía, si era rápido y ágil. Fernando Gioino, de Coninagro fue más allá: recordó que como estudiante, participó hace cuatro décadas en el cordobazo y explicitó el acuerdo de su entidad (cooperativas tanto de producción como de elaboración) con el modelo económico. Luciano Miguens sostuvo que la Sociedad Rural ya no representa terratenientes (sic) y que entre sus socios hay productores de hortalizas de una hectárea. Héctor Llambías, de Carbap (que incluye a los grandes propietarios de Buenos Aires y La Pampa) explicó que ellos diversificaban la producción y utilizaban la soja para subsidiar otras producciones, una forma light de describir una de las prácticas tradicionales de la oligarquía. Agradeció el diálogo, dijo que hasta ahora siempre los habían llamado cuando los precios se disparaban y no para programar. Uno de los misterios del último conflicto es que no haya tenido la menor aparición pública la entidad decisiva que reúne al 80 por ciento de los productores sojeros, la Asociación de Productores de Siembra Directa, creada por la transnacional Monsanto a imagen y semejanza de la American Soybean Association.

Luego de escuchar a los empresarios rústicos, CFK los abrumó con datos. Varios de ellos aludieron a ese conocimiento presidencial en la conferencia de prensa que dieron al salir. La presidente partió de la situación que padecían en 2000, con el alto endeudamiento y la baja rentabilidad y las crisis del SENASA y el INTA, describió la positiva evolución posterior y explicó el sentido de las retenciones. Sin romper el tono de cordialidad que presidió las tres horas, desechó la idea de que los allí presentes representaran a quienes generan el superávit y explican el crecimiento, al especificar que apenas aportan con las retenciones el 3,9 por ciento de los ingresos del Estado. Comparó con los productores del Brasil, donde no hay retenciones, ni subsidios al gasoil ni un tipo de cambio competitivo y la rentabilidad es 17 por ciento inferior a la de los argentinos. Las entidades se sentaron a la mesa presidencial sin que el gobierno hubiera modificado el esquema y la escala de retenciones móviles a la soja. La presidente reiteró que no iba a discutirlas, porque equilibran socialmente y entre distintos cultivos, sino que quería hablar sobre la gran oportunidad hacia el futuro, en un mundo que demanda alimentos. Contó la pobreza que había visto en Haití y la lucha por alimentos que acaba de producir 13 muertos en Egipto. “Veremos cosas tremendas en el mundo”, dijo. Desarrolló luego su propuesta de incrementar la producción y agregar valor, y ejemplificó con los galpones de engorde de pollos y cerdos y los feedlot vacunos, con los que los maiceros pueden valorizar su producto. Con 30 kg de pollo por habitante y por año, ya se duplicó el consumo de 2003 y se adelantaron en dos años las metas para 2010. Como conclusión propuso que a partir de mañana cuatro mesas sectoriales analicen bajo la mirada del jefe de gabinete Alberto Fernández:

1. la producción de carne de aves y cerdos;
2. la lechería;
3. la ganadería;
4. los granos y las producciones regionales, como yerba mate, cítricos, manzanas, tabaco y el arroz y otros cereales oleaginosos como el girasol o forrajeros como el sorgo.

Nada de ello sería posible sin replantear las condiciones de la agricultura de la soja, que en una década se ha convertido en fuente de descomunales ingresos por su alto precio y gran demanda en el mercado internacional, y de un alarmante retroceso de las producciones destinadas al consumo humano, al mismo tiempo que una peligrosa contaminación humana y animal por los venenos con que se fumigan las plantaciones y que al mismo tiempo degradan los suelos. La calificación favorable de los empresarios sobre el encuentro, implica una aceptación tácita de que las retenciones y su movilidad son imprescindibles para impedir que la soja acabe con la soberanía alimentaria del país, un asunto que ningún gobierno puso antes sobre la mesa de discusión.

Un caso único

En 1996, apenas un año después de su introducción en Estados Unidos, la soja transgénica fue autorizada en la Argentina, por el presidente Carlos Menem y por su secretario de Agricultura, Felipe Solá, sin ningún debate parlamentario ni académico. Esa oleaginosa que apenas cubría 37.000 hectáreas en 1971, pasó a 8,3 millones en 2000, 9,8 en 2001, 11,6 en 2002 y 16 millones en 2007, lo cual equivale al 60 por ciento de la tierra cultivada en el país. Esa velocidad de expansión, siempre hacia el norte, para implantarse en Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa, pero también en los países limítrofes, es única en la historia de la agricultura. Los precios de la tierra se cuadruplicaron y en una década el promedio de las explotaciones pampeanas pasó de 250 a 538 hectáreas, con un 30 por ciento menos de productores, muy lejos del cuento de hadas de Miguens. Entre 1997 y 2002 el número de tambos se redujo un 27 por ciento, la producción de arroz un 44 por ciento, la de maíz un 26 por ciento, la de girasol un 34 por ciento, la de carne porcina un 36 por ciento. Los precios de artículos básicos de subsistencia crecieron en forma vertical: 162 por ciento la harina, 272 por ciento las lentejas, 130 por ciento el arroz. Las semillas de la variedad resistente al glifosato viajaron de contrabando desde la Argentina hasta Brasil y Paraguay, que no habían permitido su cultivo, como parte de la estrategia del hecho consumado de Monsanto, que patentó la soja transgénica, creada para soportar a su herbicida Roundup. Su especial resistencia hace que se propague e invada los campos con soja natural, a la que desplaza. Cuando ese proceso se volvió irreversible, Monsanto comenzó a cobrar regalías que hasta ese momento no reclamaba. Estos datos forman parte de un libro recién editado en Francia, donde se ha convertido en un instantáneo bestseller, con 80.000 ejemplares vendidos en tres semanas, que se está traduciendo ahora a varios idiomas. Se titula “El mundo según Monsanto” y su autora es la muy conocida periodista Marie-Monique Robin, quien con el mismo título realizó un documental impactante para la televisión francoalemana Arte. El capítulo dedicado a la Argentina se titula “La soja del hambre” y el que además de nuestro país trata sobre la situación en Paraguay y Brasil “La República Unida de la Soja”. La semana pasada Robin estuvo en la Argentina, para declarar como testigo en el juicio que se sigue en Corrientes por crímenes contra la humanidad a un grupo de oficiales del Ejército que actuaron bajo las órdenes del ex general Ramón Díaz Bessone cuando era jefe del Cuerpo II de Ejército. Robin fue citada por los familiares de las víctimas a raíz de la asombrosa entrevista que le hizo en 2004 para su libro y su documental “Escuadrones de la muerte, la Escuela francesa” a Díaz Bessone, quien le describió el método del secuestro, la tortura y la eliminación clandestina de prisioneros que aprendieron de los instructores franceses con experiencia en la guerra de Argelia. Ente esos oficiales está nada menos que el presidente de la Sociedad Rural correntina, Juan Demarchi. En Resistencia, adonde Robin cruzó luego de declarar, se proyectó también su documental sobre Monsanto.

Oro blanco

El gobierno está dispuesto a pagar reintegros a quienes produzcan hasta 500 toneladas de soja en no más de 150 hectáreas, de modo que sus retenciones se retrotraigan al 35 por ciento, como eran antes del último incremento, y también a subsidiar los fletes de quienes produzcan a más de 400 kilómetros del puerto de Rosario. De acuerdo con una propuesta de la Federación Agraria, se están ultimando los mecanismos para que esa compensación se acredite en forma rápida y directa en la cuenta de cada productor, mediante su clave bancaria única, CBU, sobre la factura de cada venta al acopiador o la trader. Esto implicará además un blanqueo de la elevada informalidad del sector. Mientras, la AFIP coteja la composición accionaria de los fondos fiduciarios y los pools de siembra con las declaraciones juradas de cada uno de sus integrantes.

El principal reclamo de los gremialistas patronales es que la escala de retenciones móviles equivale a un virtual precio máximo. Más allá de algunas correcciones posibles en función del aumento de los costos, la fijación de un techo a las ganancias posibles con la soja es la condición de existencia de otras producciones de mayor interés social, como la leche. En diciembre de 2007, cuando Cristina asumió la presidencia, el ministro de Economía Martín Lousteau le presentó un trabajo sobre el sector lácteo, encabezado con una cita del diario “International Herald Tribune” que decía: “En un mundo que crece, la leche es el nuevo petróleo. Los expertos estiman que la creciente demanda por leche deberá ser satisfecha por países como China y la Argentina”. No es una utopía: mientras la tonelada de soja se paga unos 500 dólares, la de leche en polvo llega a 5.000. Basta un solo hombre para manejar una explotación de 500 hectáreas de soja, en cambio un tambo emplea entre diez y quince. El trabajo de Lousteau afirma que “a la larga se producirá más leche en la Argentina. El problema es que probablemente la terminarán produciendo megatambos con 4.000 vacas. En el camino, se habrá destruido una inmensa red de pequeños tambos familiares, que tenían todo para crecer, y que no se regenerará nunca más”. El momento de impedirlo es ya.