El debate sobre el glifosato subió un peldaño. El Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología (Cecte) recomendó al ministro del área, Lino Barañao, la “urgente creación” de una comisión interdisciplinaria de especialistas para que se expida sobre los “posibles riesgos” del uso del químico estrella en el modelo actual de la agroindustria local. También pidió que los expertos convocados no tengan vinculación académica o económica (ni pasada ni presente) con empresas del sector. La recomendación del Cecte se produjo como consecuencia del debate que abrió la publicación en Página/12 de la investigación del científico Andrés Carrasco, que confirmó efectos letales del glifosato en embriones anfibios.

Carrasco, investigador de la UBA y el Conicet, había asegurado que hace un mes confirmó mediante ensayos de laboratorio el efecto devastador del glifosato en embriones, aun en dosis muy por debajo de las utilizadas en los campos de soja. “No descubrí nada nuevo. Sólo confirmé lo que otros científicos descubrieron y, sobre todo, lo que centenares de pueblos fumigados vienen denunciando”, remarcaba el investigador. Desde entonces, fue blanco de presiones de las empresas del ramo y sufrió amenazas e intimidaciones.

El 4 de mayo se reunieron los miembros del Cecte y ayer finalmente hicieron pública su conclusión. “Controversia acerca de posibles riesgos por el uso del herbicida glifosato”, es el nombre del escrito, de una carilla y media.

“El Comité Nacional de Etica en la Ciencia y la Tecnología recibió expresiones de inquietud relacionadas con la difusión periodística de trabajos de investigación realizados por el grupo del doctor Andrés Carrasco. Dicha información ha renovado la preocupación sobre los posibles efectos perjudiciales para la salud del herbicida glifosato, utilizado extensivamente en la Argentina, en particular en los cultivos de soja”, arranca el dictamen y considera más adelante que el debate abierto por las notas de este diario es “un tema relevante que da lugar a controversias éticas, afecta a la integridad en la investigación y compromete además las relaciones de la ciencia y la tecnología con la economía, la producción agropecuaria, la preservación del medio ambiente, la salud y el bienestar de la población”.

El texto recomienda al Ministerio de Ciencia conformar de manera “urgente una comisión de especialistas de la más alta jerarquía científica y técnica”, que sea interdisciplinaria y que realice “una evaluación científica y epidemiológica de las denuncias sobre los posibles efectos sobre poblaciones humanas”. Solicita que se analice la bibliografía posterior a la aprobación del agrotóxico, los experimentos de laboratorio sobre las consecuencias en la salud humana y la comparación con otros herbicidas. Y argumenta: “A nivel internacional y nacional existen tanto denuncias acerca de los efectos tóxicos del glifosato sobre humanos como bibliografía que demostraría su inocuidad”.

“Más allá de estas afirmaciones encontradas, los antecedentes de las grandes empresas productoras y comercializadoras del glifosato constituyen otro factor insoslayable en el análisis de la situación por la generación de intereses económicos entre los actores relacionados con el problema, dentro y fuera de la comunidad científica”, advierte el comité, integrado por Alberto Kornblihtt, Armando Parodi, Noé Jitrik y Aída Kemelmajer, entre otros, y coordinado por Otilia Vainstok.

No es la primera vez que el Cecte elabora un caso sobre temas controvertidos en los medios. El organismo considera “que uno de sus objetivos es contribuir a la construcción de una opinión pública informada” que permita a los sectores sociales involucrados “elegir responsable y democráticamente qué riesgos asumen y cuáles no”.

Tras la publicación de su investigación en este diario, Carrasco denunció haber recibido una amenaza telefónica y relató que representantes de la cámara del sector se presentaron en su laboratorio de la Facultad de Medicina. Mediante una carta pública, más de 300 investigadores e intelectuales nacionales y extranjeros, y referentes de organismos de derechos humanos repudiaron las amenazas sufridas por el investigador.

Ahora, el Comité de Etica recomienda convocar a investigadores provenientes de diversas disciplinas (ecología, epidemiología, toxicología, embriología, química orgánica, producción agropecuaria, ciencias ambientales, manejo de suelos, sociología rural y ética de la investigación científica) “que no hayan tenido ni tengan relación académica o económica con empresas nacionales o multinacionales vinculadas a la producción agropecuaria relacionada con el glifosato y la soja”. La comisión de expertos debería tomar en consideración:

- La necesidad de una evaluación científica y epidemiológica de las denuncias sobre los posibles efectos del glifosato sobre las personas.

- La bibliografía posterior a la autorización relacionada con el uso del herbicida en Argentina. Aquí, el comité aporta como referencia estudios de ambas mitades de la biblioteca: los que manejan las empresas del sector y los que señalan los efectos nocivos que produciría.

- El alcance de los experimentos realizados en laboratorio sobre las consecuencias en la salud humana.

- La comparación de los efectos del glifosato con los de otros herbicidas o agroquímicos de uso masivo.

- La posibilidad de promover investigaciones interdisciplinarias sobre el tema.

El comité propone que “en un plazo razonablemente breve” la comisión elabore un informe exhaustivo sobre los riesgos reales y potenciales del uso del glifosato.