A tres décadas de los crímenes y a siete años de la reapertura de la causa, el juez platense Manuel Blanco procesó con prisión preventiva a un grupo de dieciséis represores por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino La Cacha, nombre inspirado en el personaje de la “bruja Cachavacha” que, igual que los militares argentinos, tenía por costumbre hacer desaparecer personas. La mayor parte de los procesados son ex miembros del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata, que encabezaba el coronel Alejandro Arias Duval, con arresto domiciliario en Pilar. El mismo privilegio conservan el ex gobernador de facto Ibérico Saint Jean y su ministro de Gobierno Jaime Smart, firmantes del decreto que transfirió al Servicio Penitenciario las instalaciones de la Planta Transmisora de Radio Provincial para transformarlas en campo de concentración.

Cinco de los imputados que Blanco ordenó detener tres semanas atrás burlan con éxito a las fuerzas de seguridad. Los flamantes prófugos son el subprefecto Isaac Crespín Miranda, los civiles de Inteligencia Teodoro Aníbal Gauto y Rufino Batalla, el coronel Enrique Armando Cicciari, quien como miembro del Regimiento de Infantería 7 entregó un recibo de los muebles robados al dueño del departamento que alquilaba la desaparecida Norma Formiga, y el capitán retirado Ricardo Luis Von Kiew, ex miembro de la Central de Reunión de Información (CRI) del Destacamento 101, identificado por sobrevivientes como quien impartía órdenes en La Cacha.

Von Kiew, alias Holandés, es miembro del directorio de Consultora Videco SRL Seguridad Privada, que presta servicios a la Unión Industrial Argentina, la Universidad Católica Argentina y el Jockey Club, entre otras firmas. No es el único ex miembro de La Cacha vinculado con el negocio de la inseguridad. El teniente coronel Roberto Balmaceda, que era jefe de la CRI y ahora está preso en Marcos Paz, figura en registros oficiales como encargado de la sucursal Hurlingham del Grupo Seguridad Norte SRL.

La mayoría de los procesados integraron el Destacamento. Sus oficiales “eran los encargados de recabar la información asumiendo el rol de interrogadores, teniendo la aptitud especial para Inteligencia”, apuntó Blanco. Emilio Herrero Anzorena era jefe de la central de reunión. Los teniente coronel Anselmo Palavezzati y Carlos Romero Pavón fueron jefes de la sección Reunión Interior. También operaban en el 101 el ex carapintada Jorge Di Pasquale, el teniente coronel Ricardo Armando Fernández (ex jefe del Grupo de Actividades Especiales de Inteligencia), los capitanes Carlos Hidalgo Garzón y Gustavo Cacivio, el suboficial Luis Orlando Perea y el penitenciario Héctor Raúl “El Oso” Acuña, jefe de guardias que en abril comenzaría a ser juzgado por torturas en la Unidad 9 de La Plata.

El juez Blanco también resaltó el rol del personal civil, que se capacitaba a la par de los militares en “curso de inteligencia, contrainteligencia, subversión, contrasubversión, explosivos y técnicas de apoyo como maquillaje (sic), apertura de cerraduras, fotografía y dactiloscopia”. Los civiles procesados son Claudio Raúl Grande, guardia a quien los secuestrados conocían como “Pablo”, y Raúl Ricardo Espinoza, alias Jota. Ambos aseguraron en las indagatorias que se limitaron a recortar y pegar diarios adentro de una oficina. El único marino procesado es el capitán Juan Carlos Herzberg, ex jefe de la Fuerza de Tareas 5, que dependía del Batallón de Infantería de Marina 3 (BIM3) y de la Escuela Naval Río Santiago. No pudo ser indagado el civil César Emilio Branne, que estaría en estado vegetativo, y el suboficial Juan Carlos Negri, quien padecería un cáncer terminal.