El conglomerado opositor consiguió ayer en la Cámara de Diputados modificar la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia (DNU) e impone mayores exigencias al Ejecutivo. Con 142 votos a favor y 98 en contra, la oposición logró 13 voluntades más de las 129 necesarias para darle media sanción a una ley reglamentaria de la Constitución. Para el oficialismo “esta ley es claramente violatoria de la Constitución porque rechaza en forma ficta los decretos y promulgaciones parciales de leyes dictadas por el Ejecutivo”. Al cierre de esta edición, los diputados discutían los 19 artículos del proyecto, que ahora debe ser aprobado por el Senado para transformarse en ley.

“Es una mala modificación de la ley, que estableció esta Presidenta cuando era una senadora oficialista y con mayoría parlamentaria. Una decisión que la enorgullece. Porque otros bloques políticos no hicieron nada por instrumentar lo que decía la Constitución cuando fueron Gobierno”, sostuvo el jefe de la bancada K, Agustín Rossi. “Así que con esto nosotros declaramos nulas de nulidad absoluta todas las acusaciones sobre que somos un gobierno autoritario y absolutista”, afirmó el diputado santafesino para oponerse a la modificación.

Graciela Camaño consideró que el proyecto interpretaba “el núcleo de coincidencias básicas” (Pacto de Olivos) y “el anhelo” del constituyente que reformó la Constitución en el ’94 y que “buscaba la atenuación del presidencialismo”. “Esta norma viene a poner en caja la reglamentación sobre los DNU, y los decretos delegados y de promulgación de leyes”, dijo la peronista disidente, miembro informante del proyecto que unificó una docena de iniciativas opositoras.

Camaño dio marcha atrás sobre el artículo más cuestionado del proyecto: “Si es necesario, vamos a suprimir el artículo 20”, afirmó en referencia al artículo que prohibía al Ejecutivo la atribución constitucional de “vetar esta ley”.

El proyecto, que todavía debe pasar por el Senado, aumenta de 16 a 24 los miembros de la Comisión Bicameral (“para una representación más plural de las minorías”), le garantiza la presidencia de la misma a la oposición (“porque es una comisión de control”). También dispone para el tratamiento parlamentario “un plazo perentorio de sesenta días” desde dictado el decreto y condiciona su vigencia al respaldo de ambas cámaras del Congreso. Además, establece que los DNU y la promulgación parcial perderán vigencia si el Parlamento no se pronuncia después de los 60 días de plazo, y prohíbe la sanción ficta si persiste “el silencio” de alguna de las Cámaras.

La propuesta preveía que la Comisión Bicameral podría “aprobar, rechazar o declarar nulo de nulidad absoluta e insanable” todo DNU que considere dictado “sin haber necesidad y urgencia”. Sin embargo, anoche, en la discusión en particular, este artículo no fue aprobado, por el rechazo de Nuevo Encuentro y Proyecto Sur.

La respuesta oficialista llegó a través de Jorge Yoma. Valoró la “sensatez” de anular el cuestionado artículo 20, pero no se privó de soltar la ironía que había preparado para enfrentarla: “Había pensado en proponer para incorporar al proyecto que esta ley no puede ser votada”.

“Se parte de una premisa falsa cuando se dice que el Poder Ejecutivo se arroga facultades que fueron del Congreso”, remarcó Yoma y desempolvó la chapa de ex constituyente para afirmar que “la Constitución establece a los DNU dentro del capítulo referido a las atribuciones del Poder Ejecutivo, de carácter legislativo”.

Elisa Carrió compartió la defensa del proyecto junto al diputado de su bancada, Adrián Pérez. “A lo largo de todos estos años vimos cambiar de posiciones a los distintos bloques, en tanto eran oficialismo u oposición. Hay que acostumbrarse a gobernar respetando la división de poderes. Hoy estamos dando un salto de calidad”, sentenció Pérez. Lilita prefirió defender el proyecto recordando las épocas que compartieron como legisladoras con la Presidenta y discutían un proyecto para regular los DNU, bajo el gobierno de la Alianza. “En ese momento, teníamos un proyecto idéntico al de Cristina”, en el que –dijo– reclamaban “un plazo de 30 días” para que el Parlamento se pronunciara sobre los decretos.

Felipe Solá justificó su apoyo a la iniciativa recriminando la decisión de la Presidenta de anunciar un DNU en la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso. La macrista Gabriela Michetti agradeció el aporte de Camaño para unificar los proyectos opositores y aseguró que la iniciativa “nos pone más cerca del parlamentarismo”. La cívica Patricia Bullrich insistió en que “la interpretación de que estamos en un sistema presidencialista, es una interpretación de facto”.

El sabbatellismo también respaldó el proyecto, pero con algunos reparos, como intentar eliminar el veto presidencial. “No podemos requerir por ley lo que la propia Constitución no requiere”, dijo la porteña Vilma Ibarra, que se encargó de los cuestionamientos a la facultad del Congreso para declarar la nulidad de los decretos, que generaría efectos retroactivos: “El proyecto preserva los derechos de terceros, pero no los de los Estados provinciales –dijo–. Lo que no podemos es volver para atrás los DNU, porque se acaba el instituto. Y si no, reformemos la Constitución y listo”.

A su turno, el diputado radical y ex camarista federal Ricardo Gil Lavedra señaló: “La verdad es que nos debemos un debate más amplio sobre la teoría de la nulidad de los decretos. Pero la nulidad está prevista en la Constitución y no para que la decida el Poder Judicial”.