El deterioro edilicio de los ex centros clandestinos de detención de la ciudad cosechó el rechazo de los organismos de derechos humanos. La actitud del gobierno PRO de negar o demorar las partidas presupuestarias necesarias para realizar las obras de mantenimiento y conservar los espacios de memoria no tomó por sorpresa a las referentes de Madres y de Abuelas de Plaza de Mayo. “Es una falta de respeto a la memoria de los treinta mil desaparecidos”, afirmó Taty Almeida, de Madres Línea Fundadora. “El Gobierno de la Ciudad ha hecho recortes en todo lo que tiene que ver con derechos humanos”, recordó Estela de Carlotto, titular de Abuelas. Por su parte, Osvaldo Barros, integrante de la Asociación Ex Detenidos-Desaparecidos, alertó que “la falta de presupuesto atenta contra edificios que son prueba judicial en los próximos procesos que deberían desarrollarse”.

“Si hay una falta de voluntad, es un acto propio de una ideología perversa. El Gobierno de la Cuidad ha recortado el presupuesto para todo lo que tiene que ver con derechos humanos”, indicó Carlotto a Página/12. “Si la Defensoría denuncia una irregularidad debe tener sus reales fundamentos en cuanto al estado edilicio de los centros clandestinos de detención”, subrayó la dirigente que resaltó la “obligación” del Estado comunal de “mantener erguida la memoria a través del mantenimiento de esos edificios y preservando todo rastro de lo que allí funcionó, así como del nuevo uso que se les da como espacio de memoria”.

Las Abuelas de Plaza de Mayo se sumaron al reclamo, que giró a la Legislatura la defensora del Pueblo Alicia Pierini, sobre el estado de los ex centros clandestinos y solicitaron que “se dé curso a las obligaciones que tiene el Estado de mantener esos lugares para que no se deterioren”. “El gobierno de Macri ha sido bastante negado en disponer del dinero para todo lo que esté relacionado con los derechos humanos”, insistió Carlotto, aunque rescató que algunos funcionarios del macrismo “han sido consecuentes con nuestro reclamo”. En ese sentido, se mostró optimista en que si se suman voces, las promesas presupuestarias se podrían llegar a otorgar. “Nada mejor para registrar la historia reciente, que no borrar nada de lo que quedó del accionar del terrorismo de Estado”, concluyó la presidenta de Abuelas.

“No les importa que se preserve la memoria. Si desde el Gobierno de la Ciudad no dan las herramientas necesarias para que los edificios no se vengan abajo, nos están faltando el respeto a todos los organismos, pero principalmente a los treinta mil detenidos desaparecidos”, aseguró a este diario Taty Almeida, integrante de Madres. “No es falta de fondos. Si se ve cómo se está gastando el dinero, por lo que no es casual que no envíen fondos para mantener los ex centros clandestinos”, señaló Almeida. “Ya estuvimos en la Legislatura y expusimos por qué era necesario que se destine ese dinero a mantener en pie la memoria. Si no discuten como corresponde el presupuesto y no entregan lo que se necesita, significa que no les importa el pasado, que siempre es presente del horror que vivió la Argentina”, concluyó.

“El gobierno porteño tiene la obligación de mantener todos los centros que están sufriendo un deterioro muy importante. Esto atenta contra el sostener la memoria de lo que allí ocurrió durante la dictadura”, coincidió Barros, de la Asociación Ex Detenidos-Desaparecidos. “En algunos casos, son testimonio judicial y forman parte de la prueba en los próximos juicios”, explicó a este diario. “El presupuesto es absolutamente insuficiente”, agregó. “Hay lugares como el ex CCD Club Atlético donde la posibilidad de seguir excavando y hallar pruebas depende de obras que hace más de dos años que están en licitación, cuyas partidas no fueron presupuestadas por el gobierno”, ejemplificó Barros. Al mismo tiempo, subrayó que los fondos que debería destinar la administración PRO “no están disponibles para ejecutar lo indispensable”, mientras que se quejó además de que sólo reciben “respuestas evasivas” por parte de los funcionarios de la ciudad ante el reclamo por la falta de ejecución del dinero destinado al Instituto Espacio por la Memoria (IEM).

Informe: Gabriel Morini.