Nélida Allegrini, sobreviviente del Departamento de Informaciones (D2) de la policía de Mendoza, reconoció ayer ante el tribunal que conduce el primer juicio por delitos de lesa humanidad de la capital provincial a cuatro represores que actuaron en ese centro clandestino y que continúan impunes. El periodista jubilado Pedro Lucero, en segundo turno, relató su cautiverio en el Liceo Militar General Espejo y destacó que varios detenidos que los militares sacaban para interrogar nunca volvieron. Organismos de derechos humanos y altos funcionarios de la provincia, en tanto, repudiaron y calificaron de “maniobra distractiva, mendaz y torpe” a la denuncia por falso testimonio que el ex camarista Otilio Roque Romano, investigado por su complicidad con el terrorismo de Estado, formuló contra Luz Faingold, otra sobreviviente del D2.

El 10 de mayo de 1976 un grupo de tareas de civil se instaló en la casa de Allegrini. Secuestraron a su marido, Víctor Sabatini, y a un amigo, Daniel Moyano, que permanece desaparecido. Saquearon la casa durante toda la noche y, luego de entregar a los niños a su abuelo, se llevaron a la mujer al D2, donde fue torturada con picana. “El médico se burlaba”, recordó. Otro día la encerraron en una celda diminuta y le dijeron que era “una cámara de gas”. Hacia fines de mayo la llevaron a declarar a una unidad del Ejército, donde los uniformados parodiaron un juicio, y el 7 de julio le leyeron su condena por “incitación a la violencia colectiva”. Estuvo un mes en un calabozo de la comisaría 33, luego en la cárcel de Boulogne Sur Mer y finalmente en Devoto, hasta diciembre de 1979.

A mediados de aquel año, mientras un cuñado abogado gestionaba el traslado hacia Mendoza, Allegrini recibió la noticia de la muerte de uno de sus dos hijos. No le informaron de cuál hasta que llegó al velatorio. “Me llaman a una oficina de Devoto y me dicen que me van a trasladar a Mendoza. Yo, contenta”, recordó. “Cuando llego a un vehículo de la penitenciaría me dicen que había fallecido uno de mis hijos. Me traen con gente de civil, me llevan al aeropuerto, había un despliegue impresionante, y yo no sabía cuál de mis hijos era, estaba shockeada”, dijo. En el velatorio pudo encontrarse con el cuerpo de su hijo mayor, de ocho años. El menor la acompañó ayer a declarar. Su marido recuperó la libertad en 1983 y “nunca se recuperó”, aclaró.

Cuando los jueces del Tribunal Oral Federal 1 le mostraron un álbum con fotos de policías, la testigo reconoció como ex miembros del D2 a Marcelo Rolando Moroy, a Antonio Marcos Ochoa, a Mario Esteban Torres, que se hacía llamar Caballo Loco, y a Pablo Gutiérrez. También creyó reconocer al médico Jorge Bajuk, actual titular de la obra social de la Universidad Nacional de Cuyo. El abogado querellante Pablo Salinas, del Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, solicitó que se los investigue.

Allegrini apuntó que durante su declaración en la etapa de instrucción, ante el juez federal Walter Bento, no pudo reconocerlos porque no tenían el álbum allí.

Lucero, ex jefe de noticias del diario Los Andes, salió de la redacción el 23 de marzo de 1976 a la medianoche con la noticia de que Isabel Perón había abandonado la Casa Rosada en helicóptero. Un par de horas después los militares se lo llevaron preso junto a su esposa. En el liceo Espejo estuvo con profesores de la universidad, dirigentes gremiales y “todos los directores de los medios de difusión”. Contó que cuando los sacaban para interrogarlos “les pegaban culatazos y algunos no volvían”. “Se dijo que los llevaban para quitarles la vida. Había dirigentes del gremio vitivinícola, supe que a uno lo mataron”, dijo. En abril lo pusieron a disposición del Poder Ejecutivo y nueve meses después fue liberado.

El repudio a la denuncia del ex camarista Romano contra Luz Faingold fue formulado por el MEDH, la APDH de San Rafael, la Asociación de ex Presos y Presas Políticas, H.I.J.O.S. y Madres de Plaza de Mayo de Mendoza, entre otras organizaciones, a las que se sumaron el ministro de gobierno Mario Adaro y la directora de Derechos Humanos de la provincia, María José Ubaldini. El ex juez sostuvo que era falso que la secuestrada, que tenía 17 años, le hubiera pedido “tomar en cuenta sus denuncias de tormentos”. “La verdad es mucho más grave”, aclararon organizaciones y funcionarios. “Romano fue al D2, abrió la puerta de la celda, vio a la adolescente allí tirada y volvió a cerrar la puerta”, precisaron. Luego explicaron que “Romano intenta amedrentar a futuros testigos que ponen en evidencia su complicidad con los crímenes de lesa humanidad y usar el miedo como lo usó la dictadura” y exhortaron a la ciudadanía y en particular a las víctimas del terrorismo de Estado a “resistir estos últimos resabios de la tiranía, a no dejarse intimidar, a sostener en alto la luz de la verdad, aportando información sobre los crímenes y los criminales y perseverando en la búsqueda de Justicia, por más Memoria y Verdad”.