El diputado Alfredo Olmedo le debe gran parte de la fortuna que hoy gasta en su campaña proselitista para la gobernación de Salta a una escandalosa cesión de tierras con la que lo benefició el ex mandatario provincial Juan Carlos Romero. Son 230 mil hectáreas en el departamento de Anta, en parte desmontadas para sembrar soja, y cedidas con el beneficio de no tener que pagar impuesto alguno hasta 2021. La concesión de Salta Forestal, una empresa con mayoría del Estado provincial cuya licitación se sospecha fue digitada por Romero, incluía varios compromisos para el desarrollo del área que no fueron cumplidos por la empresa, que ya lleva diez años explotando tierras fiscales. Las inspecciones del Ministerio de Trabajo local registraron múltiples irregularidades con residentes que fueron expulsados de esas tierras, a lo que se suma la detección por parte de la AFIP de trabajadores en “condiciones infrahumanas” en campos del diputado en La Rioja. Olmedo se desligó de las acusaciones y aseguró que el emprendimiento de su familia “es modelo en el mundo”.

Ecodesarrollo SA fue la empresa con la que Agropecuaria Olmedo ganó una licitación pública en 1998 para obtener 360 mil hectáreas de monte pertenecientes a Salta Forestal, ubicada en una zona privilegiada para la producción agropecuaria. Los terrenos estaban en proceso de liquidación por parte del Estado, en medio de la ola privatizadora que impulsó Romero. Alfredo Olmedo padre y Néstor Cervera presentaron una “iniciativa privada” para obtener la “concesión de la explotación y ejecución de un proyecto integral: biológico, económico y social”. Mediante un decreto, Romero le otorgó al proyecto una ventaja del 7 por ciento y dejó la licitación sin competidores. Su nombre sonó entonces como uno de los socios fuera de los papeles para que el contrato se terminara por firmar el 16 de mayo de 2000.

El objetivo de la concesión era desarrollar el área durante 64 años, sin tener que pagar ningún canon hasta el vigésimo primer año. La inversión no debía ser menor a 36 millones de pesos-dólares y, a partir de 2021, Ecodesarrollo SA debía pagar 50 mil dólares por año. Entre las obligaciones que estableció el pliego y que se incumplieron estaba la de mejorar “la calidad de vida de los habitantes”, y quedaba prohibido el monocultivo, además de tener indicaciones específicas para desmontes, mejora de la infraestructura y forestación. Según informes oficiales, desde 2003 las inspecciones detectaron que el cronograma de inversiones no estaba siendo respetado y que el concesionario no cumplía con los montos acordados. Ese mismo año la empresa se dividió y, mediante otra discutida resolución de Romero, el Ejecutivo autorizó a Agropecuaria Cervera SA a quedarse con 132 mil hectáreas de Salta Forestal, que luego traspasó a Cresud SAIF, propiedad del poderoso holding inmobiliario IRSA, dueño de los principales shoppings del país. En 2008, tras crear la Unidad de Revisión y Renegociación (Uniren) de contratos y licencias, la provincia logró firmar un acuerdo con Cresud por la devolución de 30 mil hectáreas y el pago de un canon equivalente a un quintal de soja por hectárea cosechada por año, lo que representa más de un millón trescientos mil pesos. Olmedo nunca aceptó sentarse a negociar, aduciendo que no se respetaba “la letra del contrato”.

Las ganancias

En las 230 mil hectáreas que están bajo el control de los Olmedo ya se desmontaron cerca de 30 mil para plantar soja. Según datos del Ministerio de la Producción salteño a los que accedió Página/12, imágenes satelitales develaron que 22.500 hectáreas están sembradas, lo que reportó en la última campaña una ganancia bruta aproximada de 4 millones de dólares. Con dos campañas al año, los Olmedo llevan ganados –según los cálculos más moderados– más de 24 millones de dólares en el último lustro, sin haber dejado un centavo a la provincia en concepto de impuestos por las tierras, mientras que arrendatarios de la zona deben pagar cerca de 200 dólares por hectárea. Tampoco pagaron los costos del estudio de impacto ambiental previo al desmonte para lograr ese permiso. La Legislatura aprobó en 2010 una ley que los intima a pagar un 10 por ciento de su producción, algo insuficiente ya que Olmedo, a su vez, arrienda parte del territorio y cobra un 30 por ciento de lo cosechado a productores de menor escala.

El actual precandidato a gobernador por Salta Somos Todos es el elegido por el Peronismo Federal para enfrentar a Juan Manuel Urtubey. Olmedo hijo no sólo cuenta con el apoyo de Romero sino que además está terminando de cerrar un acuerdo con Mauricio Macri para sumar el apoyo del PRO. Fue el representante en la Argentina de la automotriz Isuzu y obtuvo el contrato para venderle camionetas a la policía local, también durante el gobierno de Romero. Consultado por Página/12, el legislador de la campera amarilla admitió las cifras de producción de Ecodesarrollo SA, pero deslindó la responsabilidad de la administración en su padre. “Desde el día que dije que iba a ser gobernador, parece que en el campo está todo mal”, se quejó y remarcó que las denuncias obedecen a “una maniobra política”. “Los que me echan la culpa ahora fueron los que hicieron el pliego. El año pasado cambiaron una ley para que todas las tierras fiscales paguen impuestos; entonces en la provincia de Salta no hay seguridad jurídica”, exclamó.

“Creímos que Olmedo iba a desarrollar el área, pero ahora vemos que no. Los términos del contrato son inaceptables”, indicó a este diario el presidente de la Cámara de Diputados salteña, Santiago Godoy. “Necesitamos un acuerdo legislativo para anular la concesión. Se hizo la mínima inversión y se expulsó a la gente que vivía ahí, que está incrementando las villas de Joaquín V. González. Olmedo es el mayor ñoqui de la provincia: explota una tierra por la que no pagó nada”, denunció. El propio Urtubey sostuvo que la precandidatura de Olmedo surgió tras el intento de su gobierno de renegociar el contrato: “Es la defensa de un sector corporativo. Al margen que es inmoral regalar autos y casas para que te voten. Esa es plata de la propia gente de Salta”, afirmó el gobernador que reconoció las inequidades que sufre la provincia tras la muerte por desnutrición de varios niños. En el mismo sentido se pronunció el titular del Partido Comunista local, Leonardo Juárez: “Nunca pagó nada y gasta el dinero en electrodomésticos o en traer a sus actos a la Bomba Tucumana o a Palito Ortega. Lo peor es que instala un discurso de derecha y homofóbico entre las clases más perjudicadas”.

Las irregularidades

La última inspección realizada por el Ministerio de Trabajo en Salta Forestal y su zona de influencia destacó que Olmedo, “en el Rubro 13 del Pliego, Desarrollo Humano para asegurar fuentes permanentes y crecientes de trabajo, invirtió la suma de 870,35 pesos por mes”. Las 200 familias expulsadas formaron el denominado Barrio Nuevo y quedaron “en situación de desamparo” junto al alambrado perimetral. “Casi la totalidad de las actividades fueron tercerizadas, abonando un menor valor del que corresponde, sin registrar a los trabajadores y sin entregar las libretas del Renatre”, documentaron los inspectores. Además se les impide acceder al fondo de desempleo, fraguando las fechas reales de contratación. “No existe red de agua” y los “los residuos domiciliarios son vertidos a cielo abierto, sin ningún tratamiento” junto a las precarias viviendas. “Existía el compromiso de la construcción de un pequeño hospital, pero sólo cuentan con un centro de asistencia médica, y con un médico que atiende de 9 a 13, tres veces por semana”, destacaron. Entre las denuncias más graves que rozan al trabajo esclavo, según el informe, consta que uno de los encargados de la empresa “tiene un almacén que les fía a los trabajadores mercadería de primera necesidad a precio superior a los de plaza. Cuando hay necesidad de tomar personal, toman a los que más deben para cobrar directamente con descuento de haberes”. Se les prohibió el acceso al predio a los puesteros, que tenían derecho a que sus animales pastaran en terrenos de la concesión. “A quienes incumplieron con esta prohibición, se los castigó sin tomar a ningún miembro de la familia para trabajar en la empresa”, concluyeron los inspectores.

Informe: Gabriel Morini.