La Argentina “formulará una protesta” formal ante los Estados Unidos por el intento de ingresar de forma ilegal “material camuflado” en un avión militar que llegó a Ezeiza el jueves pasado, tal como informó ayer Página/12. Según un comunicado de prensa difundido anoche por Cancillería, entre el material que se incautó tras la inspección “hay desde armas hasta diferentes drogas” que no habían sido declaradas en el manifiesto oficial que consignaba el contenido del envío, destinado a cursos de entrenamiento de fuerzas de seguridad. Mientras avanzan con el análisis del material secuestrado, en el Gobierno no creen que se trate de un mensaje político destinado a Buenos Aires, sino que puede tratarse de una práctica frecuente: “Nosotros lo que hicimos fue mover la superficie –sostuvo un funcionario que siguió el caso de cerca–. Es probable que si hacían el mismo chequeo en San Pablo o en Bogotá encontraran lo mismo.”

El sábado, 48 horas después de que se descubriera el cargamento ilegal en el avión, el canciller Héctor Timerman recibió un llamado del subsecretario Andrés Valenzuela, encargado de la relación de Washington con la región, que le manifestó su “preocupación acerca de la forma en la que las autoridades argentinas manejaron” el episodio. Timerman respondió que “las leyes argentinas deben ser cumplidas por todos sin excepción” y aprovechó la comunicación para informarle que la Argentina “formulará una protesta así como un pedido para la colaboración sobre los motivos que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tuvo al intentar violar las leyes” locales, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El texto difundido por el Palacio San Martín desmiente algunas afirmaciones vertidas en otro similar que divulgó Washington también ayer, en el que se afirma, entre otras cosas, que “aunque la carga estaba debidamente declarada según los acuerdos y entendimientos previos, sin aviso, las autoridades argentinas acometieron una detallada y extensa búsqueda del contenido de la nave, secuestrando determinados item”. La Cancillería argentina precisó que “la Aduana procedió a realizar un chequeo de la carga con la seriedad y profesionalismo que amerita un material calificado como de guerra” cuando “descubrió que buena parte de la carga no figuraba en el listado ‘de buena fe’ provisto por la Embajada”.

La versión estadounidense de los hechos también indica que “todos los elementos incautados eran material que normalmente se utiliza durante ejercicios de entrenamiento de esta naturaleza”, que según lo previsto se trataba de práctica en técnicas de rescate de rehenes que serían impartidas a efectivos de la Policía Federal. Sin embargo, entre el material incautado había aparatos “para interceptar comunicaciones, varios GPS de una sofisticación reveladora de su potencia, elementos tecnológicos conteniendo códigos caratulados como secretos, así como un baúl completo con drogas medicinales vencidas”, precisó la Cancillería.

Desde la Casa Rosada ensayaron una explicación para una salida tan desprolija: que las autoridades militares norteamericanas se encontraron descubiertas en un trámite ilegal pero que acostumbraban hacer sin mayores inconvenientes y ahora los representantes del gobierno norteamericano no tienen más opción que “hacerse los sorprendidos y ofendidos”. “Esto habla de que hay un problema entre ellos también”, suponen, y dan como ejemplo que “la vez pasada la embajadora los mandó de vuelta”. En septiembre un envío similar había sido abortado por la propia embajadora estadounidense en la Argentina, Vilma Martínez, por el mismo problema que esta vez: el contenido declarado del equipaje no coincidía con el que efectivamente se descargaba en suelo argentino.

Tal como consignó Horacio Verbitsky ayer en Página/12, “con más de un millar de personas, el Comando Sur (del Pentágono) supera la cantidad de especialistas en América Latina de las secretarías de Estado, de Defensa, de Agricultura, de Comercio y del Tesoro sumadas”. Así, muchas veces las relaciones bilaterales se manejan de forma paralela a través de dos o más canales, lo que puede desembocar en episodios como éste. Si quedará en una protesta formal o pasará a mayores depende de Washington: “La duda es cuál será la importancia que le den ellos –analizan en el Gobierno–. Si lo toman como un tema de alto nivel político o apenas como una desprolijidad administrativa”.