Mauricio Macri intentará esta semana que la Legislatura apruebe un nuevo endeudamiento por 483 millones de dólares. El préstamo que contrajo hasta ahora plantea una combinación de ineficiencia y denuncias de corrupción. El dinero fue obtenido para ampliar la red de subtes y no pudo ser utilizado porque no estaban hechas las licitaciones. Lo colocaron en un plazo fijo, donde se fue depreciando (se calcula que se perdieron unos 30 millones de pesos). Luego destinaron parte de esos fondos a AUSA y a Educación. En ninguno de los dos casos se ejecutaron las partidas. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) presentó una denuncia penal contra la gestión macrista, ya que en la operación en la que se adquirió la deuda participó el ex dirigente de Recrear-PRO Edgardo Srodek, cuya empresa se embolsó una comisión de más de dos millones y medio de dólares (ver aparte).

En el Presupuesto 2011, que se tratará el próximo jueves, el gobierno de Macri prevé un nuevo endeudamiento por 483 millones de dólares. Si logra que se apruebe el presupuesto, cuando quiera concretar la operación Macri requerirá una nueva ley especial que lo autorice a tomar esa deuda, que equivale a 1935 millones de pesos. De ese dinero, 1200 millones son para pagar intereses de deudas ya contraídas y otros 735 millones de pesos serían para obras nuevas. Por la operación, los macristas plantean que se pueden llegar a pagar hasta 50 millones de pesos en comisiones. Déjà vu.

Tango feroz

En 2010, Macri consiguió que la Legislatura lo autorizara a endeudarse por 475 millones de dólares. Lo hizo a través del Bono Tango S8, que se emitió en marzo y abril de 2010 para extender las líneas A, B y H del subte y que tenía una tasa de interés muy alta, que provocó críticas de los opositores porteños. Sin embargo, el dinero no se utilizó y las obras no se iniciaron porque no estaban hechas las licitaciones para la línea H. La empresa estatal Subterráneos de Buenos Aires (Sbase) le dedicó a la noticia un simpático título: “Con dinero, pero sin licitaciones”.

La plata sin destino fue pesificada y, del total de 1843 millones de pesos, 600 millones de pesos se colocaron en Letras del Tesoro Nacional, que dan un interés del 12 por ciento anual. Los otros 1243 millones se depositaron en un plazo fijo en el Banco Ciudad, que da un interés anual de 6,5 por ciento. Como los bonos tienen una tasa del 12,5 por ciento, la diferencia entre lo que se debe pagar en intereses de deuda y lo que se gana con esos plazos fijos resultó en una pérdida de 30 millones de pesos para la Ciudad.

Todo esto se hizo sin la autorización debida de la Legislatura, que Macri debió buscar cuatro meses después, cuando los opositores porteños pusieron el grito en el cielo. La tasa elevada implica que la Ciudad debe pagar 59.375.000 dólares por año en intereses. Son 235 millones de pesos: más de lo que la gestión macrista destina a Educación (en 2010, gastaron 107 millones) o a Vivienda (74 millones). Desde el inicio del gobierno de Macri, los intereses de la deuda se incrementaron un 107,6 por ciento y se duplicó su participación relativa en el gasto total.

Plata quemada

La polémica a raíz de que el gobierno macrista consiguió un crédito y lo dejó durmiendo en los bancos llevó a que se discutieran otros usos para esos fondos en la Legislatura. Una parte del dinero (30 millones de dólares) fue enviado para hacer obras de infraestructura en Educación. Sin embargo, como publicó este diario, esa cartera tuvo una ejecución del 33,6 por ciento. Dejó sin gastar 211,7 millones de pesos. La plata no se usó.

El 5 de agosto del año pasado, el macrismo consiguió otra autorización de la Legislatura para enviar parte de ese dinero (150 millones de dólares) a AUSA para hacer pasos a nivel en distintos barrios. Esta vez se hicieron las licitaciones, pero los funcionarios PRO se saltearon pasos: no hicieron las audiencias públicas, ni los estudios de impacto ambiental.

Los vecinos presentaron diversos amparos y la Justicia porteña frenó las obras porque no cumplieron con esos pasos requeridos. En uno de esos fallos, la jueza Elena Liberatori advirtió sobre el “incumplimiento de una instancia previa de participación ciudadana”. El juez Juan Vicente Cataldo también detuvo la construcción de otros 15 pasos a nivel. Los vecinos de Villa Pueyrredón, Coghlan, Agronomía, Núñez, Villa del Parque, Villa Devoto y Saavedra habían cuestionado que no se había realizado el estudio de impacto ambiental, la audiencia pública y que el esquema que había diseñado el PRO no resolvía el problema del tráfico.

“Los ‘sapitos’, los pasos a nivel, que ellos pensaron no reemplazan barreras. Este fue el elemento más problemático. En Núñez pretenden hacer ocho bajoniveles en 12 cuadras”, graficó el legislador de la Coalición Cívica Sergio Abrevaya. “No han respetado los lineamientos del plan urbano ambiental, que plantean eliminar los pasos a nivel donde hay flujo de circulación de transporte público”, señaló el ibarrista Eduardo Epszteyn. La polémica sigue barrio por barrio y el dinero continúa sin usarse.

¿Qué ocurrió con los otros 100 millones de dólares que estaban destinados al subte? Según pudieron corroborar los opositores, también permanecen en el banco. Las licitaciones comenzaron a fin del año pasado. “Quedaron mal parados al no poder utilizar el dinero. Salieron con estos salvatajes, como mandar el dinero a AUSA y luego no poder usarlo. O mandar a educación y subejecutar las partidas”, advierte Martín Hourest. “Ellos vinieron con un sistema de deuda, que se llama rollover: tomo dinero y voy pateando los vencimientos”, indicó el legislador de Igualdad Social. “Este sistema lo tenían asegurado sobre la base de que siempre les aprueban los presupuestos. Van a tener que discutir cómo ahora pueden endeudarse con tasas de un dígito y con comisiones más bajas, cuando hicieron el endeudamiento anterior para tener la plata parada”, estimó el economista de la CTA. El debate llegará al recinto de la Legislatura este jueves.