En el lanzamiento del Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad, durante un acto multitudinario que se hizo en la explanada de la Biblioteca Nacional, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, afirmó que el Estado nacional se compromete a “promover y consolidar” políticas “donde la participación comunitaria oficie de sostén activo al sistema de seguridad”. La funcionaria fijó como meta que en el “mediano y largo plazo” los hechos de violencia y los delitos se conviertan “en la excepción y no en la regla”. Para ello, admitió, “tienen mucho trabajo por delante la calidad de nuestros sistemas policiales y de seguridad”. También impulsó políticas de inclusión “sociales, culturales, laborales y deportivas” para construir “nuevas formas de reconocimiento y significación cultural, sobre todo para nuestros jóvenes”. Luego insistió en la necesidad de que haya una “evaluación comunitaria” del rol de la policía, cuya “credibilidad y prestigio” no será posible “si no batallamos contra el fundamentalismo de mantener viva una cultura institucional cultora del secreto” que conduce “a la impunidad”.

Entre los aplausos de los concurrentes –ministros, legisladores, representantes de organizaciones sociales y público en general–, Garré recalcó que es necesario “recuperar el sentido más profundo que tiene la profesión policial: servir a su comunidad”. Ayer, luego del acto de lanzamiento, se hicieron los primeros talleres para fijar un cronograma de trabajo en los barrios del sur de la Capital Federal, aunque con posterioridad se extenderán al conurbano bonaerense y al resto del país, en coordinación con los gobiernos provinciales y las intendencias.

En ese marco se conformarán “escuelas de participación comunitaria en seguridad”, con vecinos, funcionarios y con el aporte de docentes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. La ministra informó que la iniciativa fue analizada en la primera reunión del año del Consejo de Seguridad Interior, del que participaron los ministros del área de las distintas provincias.

En el marco del plan se elaborarán “verdaderas cartografías de prevención que den relevancia a la capacidad de diagnóstico que tiene la comunidad en relación con la violencia y el delito”. Garré aseguró que “no se trata un mapa virtual que no conduce más que a colorear un espacio cibernético del que nadie se hace cargo. Queremos mapear para transformar y para corregir, o si llega el caso para reafirmar, en aquellos lugares donde las cosas se estén haciendo bien”.

Garré propició un plan de trabajo que tiene por objetivo “la construcción de una política de seguridad en consonancia con el proceso de consolidación de la democracia y el rol que el Estado reconoce a la ciudadanía en el ámbito de las políticas de seguridad”. Subrayó que con este plan “la ciudadanía organizada es convocada para protagonizar el cambio y no con una retórica pretendidamente inclusiva que luego no hace otra cosa que banalizar el rol de la comunidad”.

Lo que se intenta conseguir es que la afectación de derechos “por distintas formas de violencia, entre las que se encuentran los delitos”, se conviertan en el mediano y largo plazo en “la excepción y no la regla”. Admitió que, para lograrlo, “la calidad de nuestros sistemas policiales y de seguridad tiene mucho trabajo por delante”.

La ministra aclaró que no basta con convocar a la ciudadanía, sino que hay que “articular con áreas” como los ministerios de Trabajo y Acción Social, para “responder con idoneidad a las necesidades que expresa la comunidad cuando abordamos sus condiciones de vida en términos de seguridad”. Habló de políticas “con perspectiva democrática” que plantean “un compromiso con la construcción de ciudadanía, con la reafirmación de la ley y con el Estado de derecho como herramientas de inclusión”.

La idea principal es “promover una mayor seguridad de los derechos de todos y todas, dando así menos chances al enraizamiento de una cultura violenta”. Sostuvo que en los últimos ocho años se ha conseguido “la reapropiación del espacio público por las organizaciones de la comunidad, la marcha sostenida del proceso de inclusión social, laboral, económica y cultural en el que la igualdad y la dignidad de hombres y mujeres resultan imperativos éticos respaldados con acciones de gobierno cotidianas”.

Garré dijo que el Plan Nacional de Participación Comunitaria en Seguridad es “un punto de partida de un proceso de participación popular progresivo para todo el país, en el cual será central la participación de las provincias y los municipios”. Resaltó que hay que “dejar de tirar la pelota a otro lado y gestionar con responsabilidad una política de reducción de la violencia y del delito”.

Sobre el rol del ministerio a su cargo, dijo que será “especialmente pertinente” la adopción de medidas que “se deriven de la evaluación comunitaria respecto del desempeño policial y la calidad del servicio policial, procurando celeridad en los cambios que eso demande, así como una adecuada exaltación de aquellos funcionarios o prácticas que resulten reconocidas como virtuosas por la comunidad”.

Lo que se busca es recuperar el sentido “más profundo que tiene la profesión policial: servir a su comunidad, recuperar credibilidad y prestigio a partir de la motivación y el profesionalismo”. Esto “no será posible si no batallamos contra el fundamentalismo de mantener viva una cultura institucional cultora del secreto. La mayor transparencia permitirá que las fuerzas de seguridad puedan explicitar su tarea, volverla más comprensible”.

Concluyó su mensaje con un párrafo destinado al interior de la fuerza policial: “El principal enemigo de los miles de mujeres y hombres honrados que hacen su trabajo, arriesgan sus vidas y se encuentran envueltos injustamente en la sospecha y la desconfianza no es el pueblo, sino la falta de transparencia que permite que quienes hacen mal su trabajo consigan impunidad a costa de sus compañeros y de la institución”.