EL PAíS › CRíTICAS A LA DECISIóN DE MAURICIO MACRI DE PENALIZAR EL BLOQUEO DE DIARIOS

Un decreto sin necesidad ni urgencia

Dos constitucionalistas y un legislador porteño explican que la norma firmada por el jefe de Gobierno es inconstitucional. La falta de “situación de excepcionalidad”, la imposibilidad de regular en materia penal. Los intereses que defiende.

Doble discurso

Por Gonzalo Ruanova *

Hace unos días, el Mauricio Macri que sueña ser estadista, tras fomentar el documento de defensa de la democracia, llamó a la oposición a unirse tras los principios republicanos e institucionales.

Hace unas horas, el Mauricio Macri que nombró al Fino Palacios como jefe de la Policía Metropolitana firmó un decreto de necesidad y urgencia para sancionar con hasta penas privativas de la libertad los derechos a manifestarse y a peticionar.

Mauricio Macri ha demostrado que su discurso elegante de las formas republicanas y el respeto institucional es la máscara con la que esconde su verdadera vocación de poder: defender los intereses de los sectores más poderosos y concentrados. Apelar a las formas es una vieja estrategia del conservadurismo, cuando se trata de mantener el statu quo. Sin embargo, a lo que Macri nos tiene acostumbrados es al doble discurso. Mientras firma cuanto documento anda dando vuelta en pro de la defensa de la república y la democracia –para él en su peor momento desde 1983– utiliza una herramienta que no se ha cansado de criticar como los decretos de necesidad y urgencia.

La apelación a las formas es una cáscara vacía cuando su gobierno ha vetado en poco más de tres años 76 leyes aprobadas por la Legislatura de la Ciudad, la mayoría de ellas aprobadas incluso con los votos de su propio bloque.

Es cierto que la política es defender intereses y derechos. Es legítimo que Macri prefiera defender, como lo ha hecho hasta ahora, los intereses de los más poderosos, en detrimento de los derechos de la ciudadanía. También es legítimo que ante ciertas circunstancias utilice el mecanismo de los decretos de necesidad y urgencia. Pero lo que también es cierto es que una medida que atenta contra los derechos más básicos, que crea figuras penales con penas privativas de la libertad mediante una herramienta creada para ser utilizada en casos excepcionales, es inconstitucional, viola normas internacionales, pasa por encima de la jurisprudencia.

La imposición de sanciones tan graves de manera arbitraria, mediante un decreto, es la muestra más fehaciente de que el discurso de la defensa institucional sólo sirve, en sus manos, para construir una sociedad más injusta, más autoritaria y en la que los derechos de los ciudadanos se ven seriamente afectados.

* Legislador porteño. Nuevo Encuentro.

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