Legisladores de la oposición al macrismo, funcionarios del gobierno nacional y representantes sindicales apoyaron la resolución del juez porteño Roberto Gallardo, que suspendió el decreto de necesidad y urgencia firmado por Mauricio Macri para crear tres nuevas figuras contravencionales. Con matices, todos coincidieron en señalar que el DNU es inconstitucional y que vulneraba el derecho de huelga.

“La Justicia nos dio la razón. Agradezco a todos los partidos políticos que acompañaron el rechazo al DNU suscripto por Mauricio Macri”, escribió en Twitter el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. En la red social, el funcionario, que es precandidato a jefe de Gobierno porteño por el kirchnerismo, definió el decreto como un intento de “penalizar la protesta gremial en empresas periodísticas”.

El DNU sancionaba con penas de arresto de hasta diez días y multas de hasta 50 mil pesos a quienes bloquearan la circulación de un medio gráfico o perjudicaran de alguna forma su producción. En los fundamentos, el jefe de Gobierno de la Ciudad señalaba que lo había decretado a raíz de las protestas gremiales que afectaron la salida de los diarios Clarín y La Nación. Tras su firma, un grupo de abogados porteños –Arístides Horacio Corti, Eduardo Tavani, Marcelo Javier Churin y Lisandro Teszkiewicz– interpusieron un recurso al que la Justicia hizo lugar el pasado jueves, cuando dictó una medida cautelar.

Gallardo sostuvo que el DNU es inconstitucional porque el Poder Ejecutivo no puede crear figuras penales. Además agregó: “Llama la atención que Macri haga hincapié en el control de los actos de gobierno al tiempo que se aparta de dicho control”.

Para el titular del gremio de Canillitas, Omar Plaini, “era evidente que lo de Macri era inconstitucional por donde se lo mirara. Si hubiera entrado en práctica, se habría generado un problema grave a nivel internacional, porque la Argentina adhiere a las resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo en respeto del derecho de huelga y a la libertad sindical. Por lo tanto, cualquier traba a este derecho habría generado una queja a la OIT. Lo de Macri ha sido una cosa mucho más que improvisada”.

También habló del tema uno de los involucrados de manera directa en el tema, el delegado de Artes Gráficas Rioplatense, Pablo Viñas. “El decreto de Macri es claramente inconstitucional porque pretende crear una figura penal, pero más importante es que pretende violar el derecho a huelga y el derecho de protesta que tenemos los trabajadores de los medios de comunicación, ya sea gráficos, canillitas o trabajadores de prensa. En ese sentido, el DNU se inscribe en la misma línea que la declaración que sacó el Senado por propuesta del Frente para la Victoria y que criticó los últimos bloqueos, con una posición en contra de cualquier corte de calle o de cualquier medida que impida u obstruya la salida de un medio de prensa”, sostuvo Viñas, que integra el Partido Obrero.

El legislador porteño Francisco “Tito” Nenna (Encuentro Popular para la Victoria) consideró que el jefe de Gobierno porteño “quiso perseguir con el Código Contravencional a los trabajadores que se organizan gremialmente en las empresas periodísticas, pero le salió mal”. Nenna interpretó que “la Justicia le está diciendo a Macri que los códigos de la Ciudad y la Policía Metropolitana se deben usar para proteger a los porteños y no para perseguirlos cuando se lo pide Clarín”.

El tema ahora pasará a manos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que deberá expedirse sobre un pedido de nulidad del DNU. Por otra parte, los legisladores de la oposición al macrismo quieren que la cuestión sea debatida en la sesión del próximo miércoles. El legislador Gonzalo Ruanova explicó que lo que más los preocupa es que no quede sentado “el precedente de que un jefe de Gobierno porteño se tome la atribución de crear figuras penales, para lo que el Poder Ejecutivo no está de ninguna manera habilitado”. La semana pasada, este planteo fue formulado y aprobado en Comisión, ya que logró unificar a todos los bloques no macristas de la Legislatura.