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La semana pasada llegó a Buenos Aires uno de los inversores internacionales en empresas del Grupo Clarín, preocupado por desimantar la relación de su empresa con el Estado Nacional: dejar de lado las cuestiones políticas y encontrar soluciones para los negocios, que es lo que a él le interesa. La inclusión de Pakapaka en el servicio Premium de Cablevisión sería un paso en ese sentido. Pero mientras analizaba con otros socios argentinos importantes nuevas inversiones en rubros alejados de la comunicación audiovisual, se fueron produciendo hechos reveladores de la dificultad objetiva para llevar a cabo su razonable plan de separación entre política y negocios:

- el expediente en el que se investiga si las principales autoridades de Papel Prensa tuvieron alguna responsabilidad en los crímenes cometidos contra los miembros del Grupo Graiver volvió al mismo juzgado de la Capital que ya anticipó una opinión provisoria afirmativa;

- otro juez repuso a los tres directores estatales que la papelera había expulsado. Al reasumir volvieron a reclamar la uniformación del precio de venta a todos los clientes, cosa que Papel Prensa resiste;

- las Abuelas de Plaza de Mayo reclamaron frente a la sede de la Corte Suprema que la Justicia no siga dilatando la identificación de los hijos adoptados en forma ilegal por la directora de Clarín, en una causa que se inició hace nada menos que diez años.

Mientras la justicia no dirima ambas cuestiones, ningún acercamiento parece posible, cuando han mediado acusaciones por crímenes de lesa humanidad, no hay más alternativa que una investigación a fondo para confirmarlas o desmentirlas.

El punto de inflexión

Estos datos tienen un reflejo indirecto en otras cuestiones que en estos días han merecido la atención general. La continuación del conflicto con el Grupo Clarín induce a suponer que más allá de las tensiones que se manifestaron en las últimas semanas, la relación del Poder Ejecutivo con la conducción nacional de la CGT seguirá siendo estratégica, cosa que también se corrobora con el centimetraje y el tono de las crónicas que el matutino opositor dedica a su secretario general, Hugo Moyano. Esto es así porque la ruptura del gobierno nacional con el Grupo Clarín a partir del conflicto con las cámaras patronales agropecuarias en 2008, fue un punto de inflexión en la política oficial, que hasta ese momento había privilegiado la relación con los grupos económicos locales, a los que consideraba la encarnación contemporánea de la mítica burguesía nacional del siglo pasado. Los graves conflictos sucedidos a partir de 2008 expresarían la intención de esos grupos de recuperar la hegemonía política, desde la cual condicionar al Estado a modificar su política económica, y afirmar un nuevo patrón de acumulación que responda a sus intereses. Su base no son las actividades industriales generadoras de empleo.

La oligarquía diversificada

En un trabajo aún inédito (1), el economista e historiador Eduardo Basualdo objeta la asimilación de dos fenómenos muy distintos y sostiene que hoy los grupos económicos son el núcleo de lo que llama la oligarquía diversificada que, a partir del golpe militar de 1976, ejerció la hegemonía política, mediante su control del Estado, y en algunos momentos también económica. Al promediar la década de 1990 esos grupos económicos vendieron a sus socios extranjeros su participación en las empresas de servicios públicos privatizadas. Una parte de esas ganancias patrimoniales las fugaron al exterior y el resto lo invirtieron en la producción agropecuaria exportable. Aunque con esas ventas perdió predominio económico, esa fracción de capital conservó su poder político, decisivo en la alianza devaluacionista que en 2002 impuso su salida al colapso de la convertibilidad, imponiéndose sobre la alianza dolarizadora de la que participaban el capital extranjero de las empresas privatizadas y los acreedores externos. A partir de 2003 la participación de los asalariados en el ingreso se recompuso, por el aumento de la producción de bienes y la caída constante de la desocupación antes que por los incrementos salariales, salvo los aumentos significativos del salario mínimo y la convocatoria a paritarias que impulsó Néstor Kirchner. Esto tuvo “una intensa repercusión en la dinámica sindical que no siempre fue tenido en cuenta, especialmente por la CTA”, dice Basualdo. Agrega que un sector de esa central se proyectó a la lucha política sin readecuar su estrategia sindical, que durante la década de 1990 se había concentrado en la incorporación de movimientos sociales que no tenían representación alguna. Por el contrario, la nueva situación revitalizó a la CGT y dentro de ella al sector de Moyano.

Dos propuestas enfrentadas

Desde el agotamiento de la valorización financiera pugnaron dos tipos de hegemonía enfrentados, sin que llegara a definirse un nuevo patrón de acumulación de capital. Ambas propuestas han podido coexistir, en medio de intensas luchas políticas y sociales, por el notable crecimiento económico, consecuencia de decisiones explícitas del gobierno, en contradicción con las recomendaciones de la ortodoxia que señalaban su carácter inflacionario. La mayor devaluación del tipo de cambio real que se recuerde, el nuevo contexto internacional con términos de intercambio favorables como no ocurría desde hacía siete décadas, el canje de la deuda externa que acabó con las auditorías del FMI sobre la política económica favorecieron una política de sostenido impulso a la expansión de la economía real. Esto permitió simultáneas mejoras de la rentabilidad empresaria y en las condiciones de vida de los trabajadores. El documento del Partido Justicialista difundido el jueves en La Plata señala que gracias a un crecimiento sostenido, de los más altos del mundo, casi se duplicó la producción de cereales, se triplicaron las exportaciones se redujo la desocupación del 24 al 7,3 por ciento y la desigualdad de 0,54 a 0,39 del índice de Gini. Para Basualdo, esa reducción del ejército industrial de reserva incrementa las presiones de las grandes firmas para atemperar la expansión y con ella las reivindicaciones salariales. En la década de 1990, el promedio de rentabilidad para la cúpula de las 200 empresas de mayor facturación en la economía argentina, fue de 3,1 por ciento de utilidades sobre ventas. Entre 2002 y 2008 se triplicó, hasta el 9 por ciento, y más que se decuplicó si sólo se considera a las empresas industriales de la cúpula: 0,6 por ciento de utilidad sobre ventas en la década de 1990 y 6,8 por ciento en la siguiente.

Los grupos económicos locales han sido destinatarios privilegiados del 64 por ciento de la inversión subsidiada en estos años y del 80 por ciento del costo fiscal del régimen de promoción industrial. En ese reducido conjunto de grupos económicos, Basualdo menciona a Madanes (Aluar y FATE); Techint (Siderar y Siderca); Pérez Companc a través de su empresa controlada Molinos Río de la Plata y el Urquía a través de su firma Aceitera General Deheza. Ahora intentan subordinar al sistema político y utilizar al Estado como medio para volver a reposicionarse en la economía real. El Grupo Clarín es su cerebro articulador y el sindicalismo un muro de contención. Pero esto no equivale a decir que la CGT pueda tener un rol de conducción, trasladar a la lucha política los métodos gremiales ni reclamar cargos desde un palco, por Twitter o en los medios de prensa.

La propuesta alternativa implica disciplinar a las fracciones del capital dominante, restaurando la primacía de lo político sobre lo económico y la autonomía relativa del Estado respecto a las fracciones del capital predominantes, para tutelar a los sectores populares y favorecer a la clase trabajadora en la distribución del ingreso, tal como ocurrió con las experiencias populares del siglo pasado. En ese camino hacia una mayor equidad, debe computarse la recomposición del sistema previsional, que llevó a los aportantes y beneficiarios de tres a cinco millones, cuyo haber mínimo creció en forma significativa.

El desafío

El intento de los grupos económicos por acabar con la dualidad hegemónica, subordinar al gobierno a sus intereses y vetar cualquier política redistribucionista se puso en práctica en cuanto Cristina sucedió a Kirchner en la presidencia. A raiz del lockout declarado por la SRA y sus dependientes, la presidente cuestionó durante el acto del 1º de abril de 2008 la parcialidad de los medios de comunicación, y en especial de Clarín. La escalada de confrontación con los grupos económicos que controlan los medios de comunicación se generalizó luego a toda la fracción del capital que había sido hegemónica durante la valorización financiera. La resolución 125 sobre retenciones fue derrotada en el Congreso, pero a partir de allí se abrió lo que Basualdo llama “una contradicción profunda e insuperable” con “el conjunto de las fracciones del capital que conforman la oligarquía argentina”. Para enfrentar esa agresión del establishment local, el gobierno acentuó el carácter popular de su gestión, de lo que no desistió ni siquiera ante el mediocre resultado electoral de 2009.

Si durante la presidencia de Kirchner se reestatizaron el Correo Argentino y Aguas Argentinas, luego de la asunción de Cristina sucedió lo mismo con el sistema previsional. Pero además, la Ley de Movilidad Jubilatoria 26.417 independizó los ingresos de los trabajadores pasivos del arbitrio del gobierno, ya que los haberes se ajustan cada marzo y septiembre según la variación de los recursos tributarios de la seguridad social y el incremento de los salarios. En 2009, el decreto 1602 amplió el régimen de asignaciones familiares al conjunto de los menores. La cobertura se duplicó, hasta aproximarse a los 9 millones de chicos, lo cual redujo la pobreza y la indigencia en una franja especialmente castigada. Un estudio realizado esta semana por la Consultora Equis muestra que tres de cada diez jóvenes de 15 a 24 años aún son pobres, que más de la mitad de los que tienen empleo trabajan en negro, que no trabajan casi el 15 por ciento y que rozan el 14 por ciento aquellos que no trabajan ni estudian ni buscan trabajo. Para quienes tienen menos de 18 el panorama es distinto gracias a la AUH.

De la derrota a la victoria

A partir del enconado conflicto social a propósito de la Resolución 125, el gobierno eliminó sus propias ambigüedades sobre el tipo de hegemonía que se proponía ejercer, adoptó medidas profundas de carácter popular y esto disipó las dudas sobre la identidad y propósitos oficiales, que los sectores populares adoptaron como propios. En el conflicto que enfrenta el gobierno con el Grupo Clarín, no sólo se pone en juego el poderío económico que tiene sino también sus alianzas con otros conglomerados ajenos a las comunicaciones. El trabajo analiza la problemática de la inflación y el papel clave que asumen las empresas oligopólicas que tienen la capacidad de definir el movimiento de precios en múltiples ramas de la actividad económica y neutralizar los esfuerzos por redistribuir el ingreso hacia los asalariados. La apreciación del peso no afecta la competitividad externa del grueso de los productos exportables, pero sí la defensa de las producciones generadoras de empleo que después de la convertibilidad se expandieron para abastecer al mercado interno. Ahora van desapareciendo, expulsadas una vez más por la competencia externa. El dilema que se presenta es devaluar e incentivar la inflación o no hacerlo y desproteger a las nuevas actividades industriales que surgieron protegidas por el dólar alto. Para Basualdo, se trata de una disyuntiva falsa que se supera incorporando nuevos instrumentos, mediante una política de desarrollo que impulse la expansión de las actividades industriales más intensivas en mano de obra y abastecedoras del mercado interno, con participación productiva del propio Estado, junto a mejoras significativas en la participación de los asalariados en el ingreso. Esto permitiría recrear alianzas sociales que se consoliden en el tiempo. En la misma línea, postula avanzar con las postergadas reformas impositiva, de la carta orgánica del Banco Central y de la Ley de Entidades Financieras, establecer diversos tipos de cambio diferenciales, mediante una activa política arancelaria y paraarancelaria, y políticas crediticias y otros incentivos sectoriales no fiscales. La industrialización, dice, es insustituible en un patrón de acumulación de capital que reconozca como ejes centrales a la clase trabajadora, las empresas estatales y la burguesía nacional, de modo de plasmar un desarrollo tecnológico propio, garantizar tanto el nivel de empleo como los salarios elevados, potenciar el proceso de acumulación de capital al retener dentro de las fronteras nacionales el excedente y evitar la depredación de los recursos naturales. Una mayor participación estatal en el proceso productivo eliminaría el veto a la redistribución del ingreso a favor de los trabajadores que hoy ejercen un reducido conjunto de grandes firmas, que se asientan en producciones con ventajas comparativas naturales y constituyen lo que Basualdo llama la “rueda principal” del comportamiento productivo e industrial del país. Uno de los aportes más estimulantes del trabajo es su referencia a una “rueda auxiliar” que se habría hecho evidente en los últimos años, constituida por empresas de diferentes actividades con una facturación menor que la de la cúpula sectorial. Este conjunto heterogéneo de firmas orientadas al mercado interno no pueden colocar sus productos en el exterior. La política económica debería dirigirse a aminorar la importancia de la “rueda principal” y consolidar la influencia de la “rueda auxiliar”.

Contradicciones secundarias

Todo lo anterior resignifica la relación entre el Poder Ejecutivo y la conducción de la CGT, mucho más allá de las tensiones que se hicieron manifiestas en las últimas semanas y que no constituyen otra cosa que contradicciones secundarias. Durante la última reunión del Consejo Directivo de la CGT no hubo cuestionamientos al discurso de la presidente en José C.Paz ni al secretario general Hugo Moyano, ni siquiera por parte del sector de sindicalistas empresarios conocido como “Los Gordos”. El único punto que aumentó los decibeles fue la deuda del Estado con las obras sociales sindicales, que pasaría de dos mil millones de dólares. Un dirigente sostuvo que en el pasado las obras sociales financiaron a los sindicatos, pero que hoy ocurre lo contrario. Dentro de los sindicatos que manejan “Los Gordos” se expresa una nueva camada de dirigentes, que simpatizan con el gobierno nacional y están dispuestos al tipo de compromiso militante que rechazan sus conducciones fosilizadas. Esas estructuras, que durante la década de 1990 tuvieron participación activa en el desguace del Estado a precio vil, no han quedado a salvo de los vientos de renovación política e ideológica que soplan en el país desde 2003 y, con mayor fuerza desde la asunción de CFK en diciembre de 2007. Pero además, los anquilosados dirigentes de ese sector obtuvieron un cortés rechazo del gobierno nacional cuando se acercaron con su ofrecimiento de reincorporar al pequeño sector que sigue a Luis Barrionuevo de Camaño y asegurar su disciplinamiento, desplazar a Moyano de la conducción gremial y sustituirlo con el albañil Gerardo Martínez. Ni siquiera provocó rechazo la decisión anunciada por Cristina el lunes sobre la trazabilidad de los medicamentos más costosos, para terminar con falsificaciones, robos y adulteraciones. La Justicia se encargará de determinar en qué casos hubo apartamientos de la legalidad y quiénes son sus responsables, pero desde la conducción política se plantea una reforma estructural que suprima la misma posibilidad de conductas criminales en una materia tan sensible como la salud. El reemplazo del vetusto sistema de los troqueles por un seguimiento informático de cada píldora es la salida más nítida al problema. Con el frente sindical en orden, Moyano llegó a La Plata para la reunión del Consejo Nacional Justicialista, convocada por el gobernador bonaerense Daniel Scioli, donde se ratificó el liderazgo de CFK y se postuló la necesidad de un nuevo mandato para que “continúe profundizando el proyecto”. El documento emitido allí es una buena reseña de los logros económicos, políticos y sociales de los últimos años. Su redacción correspondió al vicepresidente segundo y gobernador chaqueño Jorge Capitanich, y luego de un diálogo entre Scioli y Moyano se acordó que para la versión final fuera incluido también el abogado de la CGT y diputado nacional Héctor Recalde, quien pidió que se incluyera la Asignación Universal para Embarazadas a partir del tercer mes y la reforma del Código Civil que permite el matrimonio con independencia del sexo de los contrayentes. La conversación entre Scioli y Moyano proseguirá mañana con un nuevo encuentro que acordaron el jueves. Las fuerzas que cada uno representa se equilibran en un dispositivo cuya integralidad sólo maneja Cristina. La noche anterior se habían reunido las respectivas ramas juveniles: por un lado el sindicalista Facundo Moyano, y por otro los camporistas Eduardo De Pedro y Andrés Larroque, en una cita que transcurrió sin sobresaltos. Los enfrentamientos de hace tres décadas entre la Juventud Sindical y la Juventud Trabajadora, ambas peronistas, son apenas un fantasma sin correlato en la actualidad: la Juventud Sindical fue una de las organizaciones que participaron en el acto de Plaza Lavalle en el que la principal oradora fue Estela B. de Carlotto.

1. Eduardo Basualdo, Sistema político y modelo de acumulación. Tres ensayos sobre la Argentina actual, Editorial Cara o Ceca, Buenos Aires, en prensa.